La Xunta cree que la decisión del CGPJ "le da la razón" cuando alegó por la "inconstitucionalidad" de la ley de vivienda

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha considerado este viernes que la decisiónd el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de frenar el informe del anteproyecto de ley de vivienda "le da la razón" cuando defendió que el texto era "inconstitucional" por invadir las competencias autonómicas en la materia.

En este sentido, Ángeles Vázquez ha recordado que, a través del anteproyecto, el Gobierno central pretende asumir "competencias de las que carece, al querer regular de forma unilateral", entre otros aspectos, la vivienda protegida, la gestión del parque público residencial de titularidad autonómica o alterar los periodos de protección que afectarán al parque público.

La Xunta también recuerda que las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego también se referían a los cambios que recoge la norma estatal sobre la vivienda social en suelo residencial, que afectarán a su construcción y venta, así como a que el establecimiento de zonas tensionadas y limitar el alquiler mensual "no incentivará el mercado".

Por otro lado, el Gobierno gallego ha emplazado al Ejecutivo central a "cambiar urgentemente" de criterio en relación a los contratos de alquiler en edificios propiedad de la Sareb, con el fin de "evitar situaciones de desprotección e incerteza entre las familias arrendatarias".

Así, el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, se reunió en la mañana de este viernes con representantes de la sociedad pública para interesarse por el futuro de varios de los inmuebles que tiene alquilados en Galicia y pedir información sobre la situación de Burela, en donde el contrato de arrendamiento vence el próximo mes de febrero.

Al respecto, también ha dicho que el Gobierno gallego "velará porel cumplimiento estricto de las condiciones que establece la normativa para este tipo de viviendas", que en este caso se trata de un inmueble calificado como de protección autonómica hasta 2029.