Policía Nacional y Guardia Civil cierran el operativo que desarticuló la organización de lanchas para narcotráfico​

Guardia Civil, la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han cooperado para desmantelar esta organización criminal con base en Pontevedra.

La organización contaba con miembros con una alta especialización para la fabricación, custodia y finalización de estas embarcaciones de alta velocidad, empleadas para el tráfico de sustancias ilegales.

Foto: EP

La organización criminal desarticulada en Pontevedra dedicada a la fabricación de embarcaciones de alta velocidad empleadas para el narcotráfico contaba con infraestructura en otras cuatro provincias --A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona--, así como en Portugal.

Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han cooperado para desmantelar esta organización criminal con base en la provincia de Pontevedra que estaba especializada en fabricar embarcaciones de alta velocidad para ser utilizadas en el narcotráfico.

Dentro de la operación conjunta 'Munari-Cundinamarca-Tulipán', los agentes han detenido a 22 personas y han realizado 27 registros en domicilios y lugares de seguridad de los investigados, según han comunicado este martes los cuerpos policiales en un comunicado conjunto.

En los registros fueron intervenidas más de 20 embarcaciones de alta velocidad, en diversos estados de finalización: seis de ellas estaban en disposición de ser botadas de manera inminente.

La organización, han destacado las fuerzas de seguridad, "tenía personal con una alta especialización a la hora de fabricar y custodiar las embarcaciones", consideradas de "género prohibido" y que después eran empleadas para transportar, vía marítima, grandes cantidades de droga, en especial en la zona sur de España.

Asentada en la provincia de Pontevedra, la organización contaba con infraestructuras en otras provincias del país, como A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona, donde también se efectuaron registros, además de en Portugal, en los municipios de Viana do Castelo y Valenca do Miño, donde participó la Policía Judiciaria portuguesa.

DETALLES

Era en diferentes ubicaciones de la provincia de Pontevedra donde fabricaban las embarcaciones, mientras que en Portugal finiquitaban los últimos detalles. Puestas a punto con los equipos necesarios para poder navegar, los miembros de esta organización las sacaban al mar en distintos puntos del país.

Desarrollada por el EDOA de Pontevedra, ECO Galicia, Greco Galicia y el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia de la Agencia Tributaria, la operación ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados (Pontevedra) y por el fiscal especial delegado antidroga de la provincia de Pontevedra. Además, ha contado con la participación de Eurojust.

Durante el desarrollo del dispositivo establecido para la práctica de las detenciones y registros se ha contado con el apoyo de un gran número de unidades de varios cuerpos, entre las que se incluyen la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el GRS número siete de Pontevedra, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Medios Técnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia, el Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil y el Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional.

De la veintena de detenidos, 12 pasaron el pasado día 8 de abril a disposición judicial en Cambados, tras lo que la jueza instructora decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, de ocho.

Para los cuatro restantes, determinó la jueza su puesta en libertad y les ha impuesto como medidas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean llamados.

Todos ellos están investigados por un delito continuado de contrabando, un delito de pertenencia a organización criminal y un delito contra la salud pública, según confirmó el juzgado.