"La contratación pública es una inversión, no un gasto; no lo digo yo, lo dice el Consejo de Ministros de la UE"

Francisco de Quevedo escribió que "solo el necio confunde el valor con el precio" . Unos de los mayores expertos españoles en contratación pública, el profesor José María Gimeno Feliu, reivindica que las administraciones deben prestar más atención a este criterio.

De aplicarlo mejor, España se podría haber ahorrado desagradables sorpresas, como la escasez de mascarillas al inicio de la pandemia y las presuntas comisiones ilegales que se están destapando ahora.

Gimeno, catedrático de Dereito Administrativo da Universidad de Zaragoza, argumentó que "la contratación pública es una inversión, no un gasto; no es que lo diga yo, lo dice el consejo de ministros de la UE". Lo hizo durante la jornada  Contratación administrativa: Baixas temerarias e competencia na contratación local  ,  que organizó esta tarde el Colegio de Avogados de Santiago.

El profesor dijo que restar importancia  al criterio economicista era especialmente importante en los contratos de concesiones de servicios básicos, dada su altísimo impacto en la calidad de vida de las ciudadanía. En lugar de mirar tanto cada céntimo, sería más importante establecer mejores criterios para asegurar la buena gobernanza del servicio cumpliendo ciertos criterios de calidad y evitando las malas prácticas.

El experto razona que la valoración del precio debe estar supeditada a la protección de un valor superior, como es la prestación del servicio público porque "no puede ser que ciertas políticas de las empresas, que pueden ser legítimas, distorsionen la legítima contratación pública".

AHORRO QUE ACABA DAÑANDO LA SALUD PÚBLICA

El experto, autor de más de 30 monografías sobre contratación administrativa y asesor del ministerio Fomento, criticó las excesiva "visión economicista" que tienen las administraciones españolas a la hora de adjudicar. Como ejemplo, puso el sistema sanitario.

La apuesta por proveedores baratos que importan desde Asia ha contribuIdo a la destrucción del tejido empresarial español y europeo. Este es uno de los factores que explica la escasez de material al inicio de la pandemia y la dependencia de China, con las luctuosas consecuencias que todos sabemos. 

 "Hemos recortado en medicamentos con lo que hemos perdido capacidad de producción a costa de la salud de los ciudadanos", razonó tras recordar que "la compra de las mascarillas en las autonomías han salido por debajo de que serían los costes de las empresas españolas".   También aludió a la perspectiva ética, de conseguir mascarillas más baratas pero a costa de recurrir, por ejemplo, a provedores que pueden aprovecharse del trabajo infantil. 

Gimeno indicó que los tiempos están cambiando. Así, adelantó que la UE prepara una nueva directiva para corregir la valoración de los precios que presentan empresas foráneas, que no tienen que asumir los costes laborales o medioambientales que tienen que asumir las firmas europeas.  Si no se aplica este criterio, "son las propias administraciones las que están haciendo dumping".

Estos vientos de cambio se empiezan a aplicar en los adjudicaciones ligadas a los fondos Next Generation.  En esos expedientes, va a ser obligatorio contratar un mínimo de 20% de desempleados juveniles, lo que aumentará el gasto público a corto plazo, pero a larga será mejor a largo plazo para la economía del país pues, por ejemplo, se reducirán las prestaciones sociales a pagar. 

El profesor recordó que las ofertas a pérdidas ya no son admitidas por el ordenamiento jurídico. Lamentablemente, las mesas de contratación tienen criterios muy dispares a la hora de considerar como temeraria una oferta.

"Lo importante nos es comprar a precio, es comprar calidad; no se trata de elegir entre precio o calidad, se trata de elegir a quien me haga la mejor oferta dentro de un estándar homogéneo de calidad", resumió.  

COMPETENCIA EN LAS ADJUDICACIONES

El siguiente ponente, Ignacio López-Chaves Castro, presidente da Comisión Galega da Competencia, detalló el trabajo de estos entes supervisores, encargados, entre otras funciones, de perseguir a las empresas que pactan precios para repartirse los contratos públicos.

El ex-delegado de la Xunta en Vigo relató varios ejemplos identificados en estos años y pronosticó que cada vez saltarán más casos, debido al mayor énfasis que hay en vigilar estas prácticas de carteles empresariales. López-Chaves también aludió al papel de la Justicia, pues indica que a veces los juzgados tumban las resoluciones de los entes reguladores, por lo que éstos deben estar muy atentos a cómo se va delimitando el incipiente marco jurídico.

Además el  mandatario señaló que las Administraciones pueden vulnerar la competencia y cuando internalizan servicios en una empresa pública deben justificar que van a poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos que el que tendrían si hubiese habido un proceso de concurrencia competitiva para seleccionar al mejor prestador del mercado . También se mostró muy crítico con la sentencia de Valladolid- remunicipalización del agua- de la que dijo que no era necesario pedir informe a la autoridad de la competencia porque no había monopolio.

El tercer ponente anunciado, Javier Ferreira Fernández, catedrático de Dereito Administrativo  y gerente de la USC, no pudo participar finalmente. El Colexio, con el apoyo del Consello da Avogacía de Galicia, anunció que la de hoy, segunda jornada sobre el tema, no sería la última, pues se trabaja en un tercer evento similar.