Ayuntamientos alemanes demandan al Gobierno de España.

Planta termosolar Arenales de 50 Mw. Sevilla

Los ayuntamientos de Colonia, Munich y Dortmund han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones(CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington por el tema de los recortes en las primas en las energías renovables.

La empresa eléctrica de Colonia, Rheinenergie, con una participación mayoritaria del Ayuntamiento y la empresa pública municipal muniquesa Stadtwerke München han presentado ante el centro de arbitraje del Banco Mundial una demanda conjunta contra el Gobierno de España por recortar a posteriori las primas para la implantación de energías renovables. Los dos ayuntamientos ven asi amenazadas las inversiones de 17 millones de euros por parte de Colonia y una cantidad similar por parte de Munich en el proyecto Andasol, el primer complejo termosolar del mundo con almacenamiento térmico, se encuentra ubicado en la Comarca de Guadix en el municipio de Aldeire y La Calahorra, en la provincia de Granada. La otra ciudad alemana, Dortmund participa indirecta en dos demandas ante el centro de arbitraje, por via de la empresa pública municipal Steag por la pérdida de inversiones en la planta termosolar Arenales de Sevilla.

El objetivo de los demandantes es en primer lugar salvaguardar los intereses de los contribuyentes municipales y en segundo recuperar las inversiones realizadas. Incluso el ayuntamiento de Stuttgart vía su representación en el Banco público regional de Baden – Württemberg ha presentado demanda por estafa en el caso de un fondo de inversión sobre energías renovables.

Todos estas entidades locales han acudió al centro de arbitraje de Washington amparándose en un convenio internacional de protección de inversiones extranjeras firmado a finales de los años noventa.

La contradicción de esa maniobra reside, según la prensa alemana, que estos ayuntamientos hace poco han aprobado varias resoluciones y mociones en sus respectivos plenos locales contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) negándose en el futuro a someterse a cortes de arbitraje por crear inseguridad jurídica y ser contrario al estado de derecho. Suponemos que se rige por el principio gallego “Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale”, o sea que con el dinero no se juega.