​La Fiscalía rechaza excluir al PP del juicio de la Gurtel

La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido este lunes que el PP, considerado partícipe a título lucrativo en el juicio de la primera época de la trama 'Gürtel', fue quien se "benefició" de los más 245.000 euros por las actividades presuntamente realizadas por los entonces alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda y descarta que sean los grupos municipales los que tengan que responder por ello.

Según ha explicado la fiscal Concepción Sabadell, el PP "alega la nulidad de la causa porque se le ha atribuido la condición de partícipe lucrativo que no le pertenece, sino a los grupos municipales". "El PP, tal y como quedará acreditado en el juicio oral, es quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros", ha enfatizado.

Así su condición en este juicio es "plenamente válida" por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos y, por ello, ha solicitado al tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados que no acepte la petición de la formación política de ser retirada del procedimiento porque "no procede su exclusión".

CONDICIÓN "EQUÍVOCA E INADECUADA"

El pasado miércoles, el abogado del PP, Jesús Santos, subrayó que el PP tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido "participación alguna" en los hechos. Aseguró que desconoce "con precisión y con la concreción necesaria" qué hechos precisos acreditan que se considere al PP como "beneficiario" y le reporte la condición de responsable civil.

De hecho, mantuvo que el PP no ha tenido "participación alguna" en los delitos que se le imputan y remarcó que sigue sin conocer a día de hoy "ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa.

"No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales", señaló, aludiendo a los responsables del PP en los ayuntamientos anteriormente mencionados.

"INTOXICACIÓN"

Además, este lunes, Anticorrupción ha reprochado a las acusaciones y al PP que pedir la nulidad del procedimiento trata de "intoxicar el trámite", lo que, en su opinión, es una defensa "oportunista, desenfocada y muy grave".

Así lo ha dicho la representante de la Fiscalía Concepción Sabadell durante su intervención de cerca de dos horas en la tercera jornada del juicio. En ella, ha advertido que no va a contestar a ninguna de las cuestiones expuestas por los acusados como que el Ministerio Público "pacta en este edificio".

Las acusaciones sospechan que Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y Roberto Fernández han alcanzado un acuerdo con Anticorrupción, ya que la Fiscalía solicitó que fuesen los primeros en declarar.

La Fiscalía ha solicitado al tribunal que no acepte ninguna de las nulidades presentadas por los acusados como la relativa a la instrucción del que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en los primeros momentos de la investigación, las grabaciones efectuadas por el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron origen a la causa, la incautación del pendrive del contable José Luis Izquierdo, la prescripción de los delitos de los que se acusa a sus clientes o la falta de validez de la documentación remitida por Suiza sobre el fraude fiscal presuntamente cometido por algunos de ellos.

Aunque sí que ha apoyado la aportación de nuevos documentos y petición de testificales, la fiscal ha remarcado que coincide con la Sala en que la solicitud de la acusación ADADE de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no procede "por el momento".

DISPENSA PARA ACUDIR AL JUICIO

La Fiscalía rechaza, además, la pretensión casi generalizada de los acusados de quedar dispensados de la asistencia al juicio. En su opinión, estar presente en la vista oral es no sólo una obligación sino también una garantía procesal que se vería menoscabada si no acuden.

No está de acuerdo tampoco en la petición de alterar el orden del juicio para permitir que los procesados declaren en último lugar, tal y como, por ejemplo, solicitó la defensa de Crespo. "Con la declaración se delimitan los hechos objeto de prueba", ha concluido.