#Claves de la semana

Uno de cada diez maltratadores incumple las órdenes de alejamiento

El Defensor del Pueblo inicia una actuación de oficio para evaluar por qué aumentan los quebrantamientos de medidas de protección.


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DetenidopoliciasPreocupa el incumplimiento de las medidas de protección contra el machismo.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con el objetivo de conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista, y por los que ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos, según ha informado la institución.


Concretamente, advierte de que el último informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestra que en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento, alcanzando casi un 10%, y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia.


Por ello, ha solicitado a dicha delegación que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos.


Para el Defensor del Pueblo, es necesario otorgar protección "rápida" y "eficaz" a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores (en los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados).


La institución recuerda que mantiene abierta otra actuación, a la espera de recibir información, sobre las medidas específicas adoptadas para la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.


El Defensor del Pueblo apunta que comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.

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