A Mesa explica a los estados miembros porqué deben apoyar que el gallego sea oficial en la Unión Europea

La principal organización en defensa del gallego, A Mesa pola Normalización Lingüística, ha dirigido un mensaje claro a las representaciones permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea: el próximo viernes 18 de julio tienen la oportunidad de corregir una injusticia histórica votando a favor de la oficialidad del gallego en las instituciones europeas. A Mesa califica de "anomalía" la no inclusión del gallego como lengua oficial de la UE y ha ofrecido su colaboración para asesorar directamente a los países que todavía no han decidido su voto.

La iniciativa se produce en un contexto en el que España ha reactivado su petición formal para que el gallego, junto al catalán y el euskera, tenga estatus de lengua oficial comunitaria. Esta medida requiere el apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Sin embargo, varios países han mostrado reticencias, en parte por razones económicas y también por el temor a abrir la puerta a demandas similares de otras lenguas minorizadas en Europa. Hasta ahora, España siempre ha retirado en el último momento la propuesta del orden del día, consciente de que no tiene el 100% de apoyos imprescindible. Con todo, el gobierno estatal insiste en esta petición, que es clave para mantener el apoyo de los socios nacionalistas que sostienen la coalición de Sumar y PSOE.

Consciente de los recelos de algunos países, A Mesa insiste en que está disponible para "aclarar cualquier duda" y explicar con más profundidad "todo lo relativo al idioma de Galicia". La organización recuerda que el gallego ya es oficial en su comunidad autónoma desde 1981, pero que su reconocimiento europeo es clave para una protección plena de los derechos lingüísticos de sus hablantes.

Un amplio apoyo institucional y social

Como refuerzo a su demanda, A Mesa ha recuperado una carta abierta firmada en noviembre de 2023 por más de 30 representantes de entidades públicas y sociales de Galicia. Entre los firmantes figuran los alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades gallegas, los rectores de las tres universidades, los presidentes de las diputaciones de A Coruña y Lugo, líderes sindicales y representantes de entidades culturales, educativas, empresariales y del ámbito rural.

La carta sostiene que el idioma gallego es "garantía de futuro" y una herramienta esencial para el "progreso social, económico y político" del pueblo gallego. En el documento se señala que la oficialidad del gallego "no será plena si no alcanza todos los ámbitos de nuestra vida social, económica y cultural", que están hoy condicionados por la pertenencia a una Unión Europea que aún no reconoce plenamente esta lengua.

Reticencias europeas y compromiso financiero de España

Desde que España formalizó su solicitud en septiembre de 2023, varios Estados miembros han expresado dudas. Las principales objeciones han estado vinculadas al coste económico que supondría traducir documentos y ofrecer servicios en estas nuevas lenguas oficiales. Otros gobiernos han mostrado inquietud por el efecto dominó que podría tener esta decisión sobre lenguas minorizadas dentro de sus propias fronteras.

Ante estas preocupaciones, el Gobierno español ha ofrecido cubrir todos los gastos asociados a la inclusión del gallego, el catalán y el euskera como lenguas oficiales de la UE. Esta propuesta busca eliminar el principal obstáculo técnico y financiero, aunque no ha sido suficiente hasta el momento para lograr una mayoría unánime.

Organizaciones como la Red Europea por la Igualdad Lingüística (ELEN), de la que A Mesa forma parte, también han defendido la cooficialidad en diferentes foros. En una comparecencia ante el Parlamento Europeo, Elsa Quintas, vicepresidenta de A Mesa, destacó que la medida tendría un impacto "muy positivo" en la normalización de las lenguas minorizadas y en la protección de derechos lingüísticos.

Quintas recordó que existen más de 500 regulaciones en la Unión Europea que requieren el uso de las lenguas oficiales, con consecuencias directas en el ámbito del consumo, la legislación y la vida diaria de la ciudadanía. Para A Mesa y otras entidades defensoras de la diversidad lingüística, el reconocimiento del gallego a nivel europeo no solo es un gesto simbólico, sino también una necesidad práctica.