AIReF avala el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, pero avisa: no mejora la sostenibilidad

El organismo estima un crecimiento del gasto en pensiones de 3,4 puntos de PIB hasta 2050, hasta el 16,1% del PIB

La Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, aunque por poco, y ha advertido de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en 2023.

En este sentido, estima un aumento medio del gasto en pensiones de 3,4 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 2050, cuatro décimas por encima del que calculaba hace dos años, pasando del 12,7% del PIB en 2022 al 16,1% del PIB en 2050, ampliándose de este modo la presión del gasto en pensiones.

En su primer informe sobre la regla de gasto en pensiones, presentado este lunes en rueda de prensa, la AIReF constata que las previsiones de la Comisión Europea, actualizadas con los datos observados en 2022 y 2023, sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos suponen el 1,4% del PIB en este mismo periodo, por lo que considera cumplida la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio 2022-2050, inferior, pero por muy poco, al 13,3% pactado con Bruselas.

Las medidas consideradas en esta estimación son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el nuevo sistema de cotización en función de ingresos reales de los autónomos, las transferencias del Estado a la Seguridad Social y el impacto permanente o estructural sobre los ingresos del sistema de las subidas del salario mínimo y de las medidas laborales. En este punto, el organismo estima que las subidas del SMI han tenido un impacto de una décima en los ingresos de la Seguridad Social.

Según la AIReF, el aumento del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PB entre 2022 y 2050 precisaría de un incremento de las transferencias procedentes del resto de los fondos de la Seguridad Social (aquí estaría incluido el Servicio Público de Empleo Estatal) o de la Administración Central en 2,4 puntos del PIB.

Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos sostenibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que la AIReF ve difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos derivados de los marcos fiscales europeo y nacional.

La presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha denunciado que la regla de gasto contiene "limitaciones y debilidades", por lo que no puede considerarse un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema, al tiempo que ha destacado que "merma la supervisión e independencia de la AIReF" porque "nos dicen qué coger y cómo hacerlo".

En este sentido, la institución observa "importantes debilidades" en la definición de la regla de gasto, al estar muy influenciada por el momento en el que se calcula. Al mismo tiempo, avisa de que es "excesivamente sensible" a los cambios y ofrece una visión "parcial" sobre la sostenibilidad al referirse únicamente al ámbito de la Seguridad Social.

En este sentido, entiende que no puede considerarse "en ningún caso" un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones ni del conjunto del sector público mantener el gasto neto en torno a una referencia cuantitativa (13,3%) acordada entre España y Bruselas y "sin anclaje en los principios de sostenibilidad, suficiencia y equidad intra e intergeneracional", que deben ser precisamente los que guíen el diseño del sistema de pensiones.

Por este motivo, la AIReF avisa de que este informe no puede reemplazar un análisis completo y detallado de las implicaciones del envejecimiento de la población sobre la senda del gasto en pensiones y del impacto de las reformas adoptadas en cuanto a la trayectoria de la deuda (sostenibilidad), la suficiencia y la equidad intergeneracional.

SÓLO HA TENIDO EN CUENTA PARTE DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
Según la normativa vigente, la AIReF debe informar cada tres años y antes del 1 de abril del ejercicio correspondiente sobre el impacto estimado de las medidas adoptadas en el sistema de pensiones a partir de 2020. En concreto, sólo tiene que estimar el impacto de las medidas de ingresos en el promedio 2022-2050 y comprobar si el gasto estimado para ese mismo periodo en el informe de envejecimiento de Bruselas menos el impacto de las medidas supera o no el 13,3% del PIB acordado.

En un reciente Real Decreto de febrero de 2025, el Gobierno precisó que la AIReF debía tomar en consideración el gasto en pensiones actualizado con los datos observados, así como las medidas de ingreso que habría que tener en cuenta para calcular la regla de gasto, citando entre ellas las transferencias del Estado.

En este sentido, Herrero ve lógico que el Ministerio haya pedido una aproximación lo más cercana posible, como pide dicho Real Decreto, pero reconoce que ha habido otras cosas incluidas en esta norma que le han gustado menos.

En este punto, ha indicado que la AIReF ha hecho caso al Ejecutivo "en parte sí y en parte no" en lo que se refiere a lo que debe tomar en consideración como ingresos, pues las transferencias del Estado "no son ingresos del sistema público de pensiones, sino del sistema de la Seguridad Social.

"El decreto no nos ha influido. No sé lo que pretendía el Gobierno, pero hemos elegido cuáles de esas transferencias sí suponen el fortalecimiento del sistema de pensiones (...) No es que hayamos sido estrictos, sino razonables, no se puede considerar que algo fortalece el sistema de pensiones si no tiene relación con la pensión ni con la cotización", ha explicado Herrero.

Así, la AIReF entiende que la mayor parte de las transferencias del Estado (1,3% del PIB desde 2020) no suponen el fortalecimiento del sistema por lo que sólo ha tomado en cuenta para este informe tres décimas de dichas transferencias: las que financian la reducción de cotizaciones (dos décimas permanentes desde 2021) y una décima, con inicio en 2023, derivada del mayor gasto en el nivel no contributivo.

Herrero ha recordado que la regla de gasto en pensiones se cumple por una décima, pero si la Comisión Europea indicara que hay partes de esas transferencias que no se pueden coger, igual se incumpliría, pero por poco. "Que se pidieran medidas por una décima... Lo que demuestra es que esta regla es sumamente sensible", ha apuntado.

Pero cumplir con la regla de gasto en pensiones no significa que no haya que tomar medidas adicionales, sino todo lo contrario, sobre todo porque la AIReF estima que el gasto en pensiones va a crecer por encima del gasto promedio del 3% establecido con carácter general.

En concreto, el organismo calcula que el gasto en pensiones se incrementará hasta el 16,1% del PIB en 2050, con avances interanuales superiores al 4% en 2030 y 2050. En opinión del organismo, las reformas de pensiones adoptadas entre 2021 y 2023 ya han elevado el gasto medio punto, y éste se incrementará hasta 2,7 puntos en 2050 para reducirse a 2,2 puntos en 2070, siendo la medida de mayor impacto la revalorización de las pensiones con el IPC.

"Nos hemos comprometido a un crecimiento del gasto promedio del 3%. Para encajar un gasto en pensiones de más del 4% en unos compromisos que están en un promedio del 3% sin duda habrá que hacer ajustes", apunta la presidenta de la AIReF, que ha insistido en que es "perfectamente compatible" que se cumpla la regla de gasto y que no mejore la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Por ello, ha instado al Ministerio de Inclusión a que integre la regla de gasto en pensiones en la reforma que pretende adaptar el marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.