España y Galicia ganan una superficie similar a Extremadura por una decisión de la ONU sobre el fondo marino

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha avalado de forma provisional la extensión de la plataforma continental al oeste de Galicia, lo que supondrá la incorporación de cerca de 40.000 kilómetros cuadrados de mar a la soberanía española. Se trata de un área submarina equivalente en extensión a una comunidad autónoma como Extremadura. La decisión definitiva se tomará en los próximos meses en una sesión plenaria en Nueva York, pero los expertos coinciden en destacar que este respaldo es un paso prácticamente definitivo después de más de una década de trabajo científico.

El reconocimiento provisional de este inmenso territorio es el resultado de más de una década de intensas campañas hidrográficas y de investigación. Los estudios científicos, liderados por el Instituto Hidrográfico de la Marina, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), han sido clave para conseguir esta ampliación territorial. El reconocimiento definitivo se espera en una próxima sesión plenaria de la ONU en Nueva York, lo que consolidará de forma oficial este logro histórico.

Un tesoro mineral en las profundidades

La relevancia de esta expansión va mucho más allá de una simple ganancia de superficie. La extensión de la plataforma continental abre la puerta a la exploración y futura explotación de recursos estratégicos que se encuentran en el lecho marino. En las llanuras abisales que rodean Galicia y Canarias, los científicos han encontrado depósitos minerales de alto interés, ricos en elementos como el cobalto, el níquel y el telurio.

Estos depósitos minerales marinos, que se presentan en forma de costras de ferromanganeso y nódulos polimetálicos, son cruciales para la transición energética. Metales como el manganeso, cobre, cobalto y níquel son componentes esenciales para la fabricación de baterías y otras tecnologías limpias. La formación de estos yacimientos es un proceso extremadamente lento, resultado de la acumulación de capas concéntricas de minerales a lo largo de miles de años.

Además del potencial económico, la ampliación de la soberanía sobre estos fondos marinos confiere a España la potestad de protegerlos y conservarlos, un aspecto crucial si se tiene en cuenta que estas áreas profundas en torno a Galicia se usaron hasta hace poco como vertedero nuclear. El control sobre este vasto territorio permitirá ejercer una supervisión y protección medioambiental que hasta ahora no era posible.

Una carrera científica a nivel global

La ampliación de la soberanía marítima es un proceso global regido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La normativa establece que, si bien los países ejercen su soberanía sobre los recursos naturales hasta las 200 millas marinas desde su costa (la Zona Económica Exclusiva), pueden extender sus derechos hasta las 350 millas si presentan las pruebas científicas y técnicas necesarias.

La encargada de examinar esta documentación es la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU, un panel formado por 21 expertos científicos internacionales. Desde el año 2001, la CLPC ha registrado un total de 97 propuestas de extensión de la plataforma continental de países de todo el mundo, entre ellas tres de España, que ha apostado por la investigación científica para legitimar sus reclamaciones.

Las propuestas españolas han incluido una en el mar Céltico-mar Cantábrico, presentada en 2006 y aprobada en 2009, y otra más reciente al oeste de las Islas Canarias, que aún está en espera de ser examinada. La propuesta para la plataforma continental gallega, registrada en 2009, ha sido la más reciente en ser analizada y ahora aprobada, un proceso que incluyó dos nuevas campañas oceanográficas en 2023 y 2025 para actualizar los datos.

Décadas de trabajo y futuras oportunidades

La consecución de esta ampliación es fruto de un esfuerzo coordinado y a largo plazo. La propuesta inicial gallega fue presentada ante la ONU en 2009, pero su examen no se inició hasta una década después. Los datos adicionales recabados en campañas posteriores a bordo del buque oceanográfico del CSIC Sarmiento de Gamboa fueron decisivos para que la ONU diera finalmente su visto bueno.

A los casi 40.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental del oeste de Galicia se suman los terrenos ya obtenidos en la zona norte, en el mar Céltico, donde España también logró la extensión de sus derechos de soberanía.

Potencial y controversias sobre la minería submarina

En la zona de la plataforma continental al oeste de Galicia, que ahora pasa a ser de soberanía española, se han identificado depósitos minerales marinos con alto interés estratégico. Los recursos más relevantes incluyen:

• Costras de ferromanganeso: Estas se forman por la precipitación de óxidos de hierro y manganeso en los montes y bancos submarinos. Son ricas en metales como el cobalto, el níquel, el vanadio y el telurio, además de tierras raras.
• Nódulos polimetálicos: Son concreciones minerales que se encuentran en las llanuras abisales y contienen altas concentraciones de manganeso, cobre, cobalto y níquel.

Estos metales son cruciales para la fabricación de baterías, componentes electrónicos y otras tecnologías necesarias para la transición energética y la industria de alta tecnología.

A pesar del potencial económico, la minería submarina es un tema de intensa controversia a nivel global debido a sus posibles impactos ambientales. Las principales preocupaciones son:

• Destrucción de hábitats: La maquinaria de extracción en el fondo marino podría destruir los hábitats únicos y frágiles de especies adaptadas a las profundidades abisales.
• Plumas de sedimento: El proceso de minería levanta grandes nubes de sedimento que pueden dispersarse y sepultar ecosistemas marinos, además de liberar metales pesados y otras toxinas que estaban atrapadas en el fondo.
• Contaminación acústica y lumínica: El ruido y la luz generados por las operaciones mineras podrían afectar a la vida marina, especialmente a especies que dependen de la bioluminiscencia o el sonido para comunicarse y orientarse.
• Falta de conocimiento: Los ecosistemas de aguas profundas son muy poco conocidos, lo que dificulta evaluar el alcance real de los daños. Una vez alterados, es probable que la recuperación sea extremadamente lenta, si es que ocurre.

Diversas organizaciones ecologistas, como Greenpeace, y algunos gobiernos han pedido una moratoria global a la minería submarina hasta que se realicen más estudios y se establezcan regulaciones estrictas. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el organismo de la ONU encargado de regular esta actividad, se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el interés económico con la protección del medio ambiente.