Ok de la Xunta a la mina de Erimsa en Ordes: 1.000 hectáreas para cuarzo ponen en vilo a cientos de granjas

El proyecto de Erimsa, filial de la noruega Elkem AS, planea una explotación de cuarzo metalúrgico durante 30 años. Aunque la empresa reformuló el plan inicial para recortar 160 hectáreas y reducir su proximidad al río Tambre, la superficie total aprobada sigue rozando el millar de hectáreas. La DIA, firmada por los mismos altos cargos que avalaron el proyecto de Altri en Palas de Rei, María José Echevarría y Alejandro Carrera, considera el proyecto "ambientalmente viable" siempre que se cumplan las estrictas condiciones impuestas.

El epicentro del conflicto es la tierra. La mina se asienta sobre terrenos de clara vocación agroganadera. El Sindicato Labrego Galego ha sido el altavoz de la preocupación en la comarca, cifrando en 117 las granjas en producción en el área afectada. Según el SLG, 63 explotaciones en Frades, 40 en Ordes, 13 en Mesía y una en Oroso que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC) podrían verse directamente perjudicadas.

María Vieites, coordinadora comarcal del SLG, calificó en el pasado estos proyectos como una "sentencia de muerte". Advirtió que las granjas dejarán de tener acceso a la tierra de la que depende su actividad y podrían perder las ayudas de la PAC, que en la zona suponen una media de 400 euros por hectárea. Para el sindicato, el problema de fondo es simple: "la minería y la agricultura son incompatibles".

El SLG duda de la restauración y recuerda el historial de Erimsa

Erimsa argumenta que no habrá expropiaciones, sino alquileres, y que los terrenos se devolverán a su uso anterior. Sin embargo, el SLG rechaza frontalmente esta visión. El SLG sostiene que la restauración es inviable, ya que al extraer el mineral que da estructura al suelo, los prados "no vuelven a producir forraje al 100% hasta pasados unos ocho años como mínimo" y se convierten en "una lameira" (un barrizal) con la mínima lluvia.

La desconfianza del sindicato también se basa en el historial de la compañía. Margarida Prieto Ledo, del SLG en Terra Chá, recordó que la minera acumula ya varias sentencias contrarias del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) y la acusó de haber realizado "prospecciones sin licencia en Oroso" en el pasado, hechos que el sindicato denunció en su día.

La propia DIA de la Xunta parece reconocer la sensibilidad de la zona. Una de las condiciones más relevantes es que las parcelas arrendadas para la mina no podrán ser incluidas por sus dueños en la declaración de la PAC de esa campaña, confirmando la pérdida de ayudas en los terrenos explotados. Además, se obliga a la empresa a "priorizar" la extracción durante los primeros cuatro años en zonas de menor valor (mato o forestal) y "solo en segunda instancia sobre superficies agrarias útiles".

El documento ambiental también impone correcciones técnicas. Tras las dudas iniciales de organismos como la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, se obliga a Erimsa a respetar una franja de 25 metros libre de actuaciones en el entorno del río Tambre. La Dirección Xeral de Gandaría también exigió medidas para controlar la acidez del suelo. En cuanto a la restauración, la Xunta obliga a usar una capa de 30 cm de tierra vegetal, el doble de los 15 cm que pretendía la empresa.

La protección del agua es otro eje de las condiciones. Se prohíben expresamente los movimientos de tierra "los días de fuertes lluvias" para evitar arrastres a los ríos. Además, cualquier vertido necesitará autorización expresa de Augas de Galicia y se implementará un plan de vigilancia con analíticas anuales.

Durante la tramitación, varios ayuntamientos mostraron sus reticencias. El Concello de Mesía, por ejemplo, advirtió que parte del proyecto afecta a suelo rústico de especial protección agropecuaria. El Instituto de Estudos do Territorio admitió el impacto en zona "agroganadera", aunque confía en que "no son de esperar cambios importantes en el relieve" si se aplican las medidas correctoras.