Seguridad en el SAF: "La violencia laboral no es un hecho aislado y el entorno familiar de los usuarios puede generar peligro"

La convocatoria para establecer un protocolo de seguridad en el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Galicia responde a una situación crítica de violencia laboral externa, acelerada por el asesinato de una trabajadora en O Porriño en verano de 2025. La FEGAMP  ha convocado para el 4 de noviembre una mesa urgente para debatir el borrador de este protocolo, con participación de la Xunta, sindicatos, patronales y el Colegio Oficial de Trabajo Social. Lo que llama la atención es que en una primera reunión celebrada el 9 de septiembre de este año entre FEGAMP, Xunta, sindicatos y empresarios, se decide que el ISSGA, con los borradores aportados por las diferentes partes asistentes, elabore un borrador con el protocolo. Apenas cuatro días despuñes, 13 de septiembre, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anuncia en el Parlamento la existencia del borrador con el protocolo de seguridad. 

 Motivos de la convocatoria

La demanda de un protocolo de seguridad lleva más de una década reclamándose por parte de los sindicatos, especialmente la CIG, que venían alertando de los riesgos que afrontan las trabajadoras y trabajadores del SAF —así como de centros de día y residencias— al atender a mayores y dependientes en condiciones muy precarias. "El asesinato de la compañera Teresa ha intensificado la urgencia, evidenciando que la violencia laboral no es un hecho aislado y que el entorno familiar de los usuarios también puede generar peligro", señala Pedro Pérez de CIG-Servizos.

La convocatoria responde tanto a la presión sindical como a la falta de acciones preventivas de las empresas del sector, que no cumplen con las obligaciones legales de evaluación de riesgos y protección de la salud y seguridad.  

El borrador y el protocolo

Los sindicatos, trabajadoras y otros agentes sociales exigieron a la Xunta la creación de protocolos de seguridad para personal del SAF.  De esta forma el 9 de septiembre se reunieron en una "mesa de trabajo" convocada por la FEGAMP, la propia Federación, Xunta, representada por el ISSGA y la Subdirección General de Autorización e Inspección de Servicios Sociales, empresarios con Agesaf y Asad, el Colegio Oficial del Trabajo social de Galicia y los sindicatos CCOO, CIG y UGT.

En dicha reunión se aportaron distintos documentos por parte de los asistentes y se acordó que el ISSGA elaborase un borrador con el protocolo partiendo de las aportaciones entregadas en la mesa de trabajo. Este documento debería incluir la formación en prevención de violencia, resolución de conflictos y control de la tensión, así como la posibilidad de acompañamiento cuando exista riesgo y registro sistemático de incidentes.

Además de esto, el presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, no dejó pasar la ocasión para recordarle al gobierno gallego que "la alta demanda de este servicio y las particulares condiciones territorial de cada ayuntamiento, además de la falta de financiación que padecen, hace cada vez más complicada la gestión por parte de los municipios". 

"La sopresa es que el 24 de septiembre el presidente de la Xunta anuncia que el protocolo se presentará en octubre", señala Pérez. CIG Servizos dice no haber leído todavía el documento y por eso ha pedido una nueva convocatoria de la mesa de trabajo.

Postura de FEGAMP

La FEGAMP ha mostrado receptividad a la elaboración del protocolo, habiendo solicitado tanto el documento borrador a la Xunta como la convocatoria de la mesa urgente. Reclama adaptar el servicio municipal para cumplir con los criterios de seguridad en la atención domiciliaria, así como agilizar la negociación sobre el nuevo financiamiento del SAF, señalando el déficit originado por el coste compartido entre administraciones y usuarios.

El presidente de FEGAMP, Roberto Varela, insiste en que "el protocolo es clave para dar respuesta a las necesidades reales de los ayuntamientos, que gestionan el SAF pero no tienen plena competencia ni recursos para actuar ante emergencias sociales y laborales".​​ Al final, la financiación es el elemento clave para acelerar procesos dentro del SAF. 

Respecto a esto último, muchas voces acusan a la Consellería de Política Social no ha mostrado mucha intención de acelerar el proceso, y mantiene que la negociación laboral debe corresponder a los agentes sociales, no a la Administración. Aún así, el financiamiento del SAF sigue siendo insuficiente, la Xunta aporta solo una parte minoritaria del coste por hora. De 24 euros la hora, 12 son aportados por los ayuntamientos, la Xunta aporta 5 euros y el Estado 7 euros.

Posturas políticas

El anuncio por parte de Rueda en el Parlamento de que "la previsión es que el protocolo para mejorar la seguridad de las trabajadoras del SAF se presentará en octubre", dejó a varios con la boca abierta. Es decir, 15 días después de la reunión sobre este documento entre los agentes interesados, el gobierno autonómico aputnaba tener ya un documento para ser entregado. 

La respuesta de la oposición no se hizo esperar con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusando al gobierno de Rueda de "recortar 17 millones al SAF".  Con anterioridad, en el mes de agosto, el PSdeG registraba en el Parlamento una serie de iniciativas para mejorar la seguridad y condiciones laborales del SAF. 

Por su parte, el PPdeG salía en defensa de la acción del gobierno gallego cuatro días más tarde, el 28 de septiembre. La diputada Ethel Vázquez señalaba que el número de usuarios del SAF se ha multiplicado por 8 desde el 2009 y el Gobierno central había reducido su aportación para dependencia del 40 al 34%entre 2023 y 2024. 

Pero lo realmente llamativo es que, tanto Ethel Vázquez como el diputado 'popular' Jesús María Fernández Rosende, señalaban que el SAF es un "servicio de competencia municipal". Esto último entra en contradicción con las palabras de Alberto Varela, quien había señalado el límite competencial de los municipios sobre este servicio.

La mesa convocada por la FEGAMP para el 4 de noviembre de 2025 en Santiago de Compostela y "será un foro decisivo para consensuar el texto definitivo del protocolo, examinar las medidas reales que deben implantarse y abordar la situación general del sector". Acudirán la Xunta, la Delegación del Gobierno, sindicatos, patronales y el Colegio Oficial de Trabajo Social, con el objetivo de pasar de las recomendaciones a las acciones y proteger a las trabajadoras del SAF ante la violencia laboral.