Consumidores critican el freno a la competencia entre VTC y taxis en Galicia

UCGAL sostiene que la movilidad constituye un derecho básico para la participación social y económica, de modo que cualquier restricción de la oferta repercute directamente en la ciudadanía. La entidad plantea que la regulación vigilaría más los intereses de un sector tradicional que el bien común.

Según la organización gallega, los puntos críticos de atención se sitúan en hospitales, estaciones de tren y aeropuertos, donde la demanda supera con creces la disponibilidad de vehículos. Esto deriva en esperas excesivas, dificultades para encontrar transporte y creciente frustración entre las personas usuarias.

Competencia y oferta limitada

El colectivo critica que las actuales restricciones frenan la competencia entre taxis y VTC, lo que según su análisis reduce las alternativas disponibles para la gente que necesita desplazarse. Añade que un equilibrio justo es viable si las normas se diseñan con transparencia y no para salvaguardar modelos empresariales privilegiados.

Este razonamiento coincide con la reflexión de distintos ayuntamientos en Galicia que advierten de un crecimiento desordenado de las VTC sin una normativa autonómica que lo articule de forma clara. 

Adaptación y accesibilidad

La UCGAL también reclama una ampliación urgente de la disponibilidad de vehículos accesibles —saltando tanto servicios de taxi como VTC— para atender a personas con discapacidad o movilidad reducida. La actual situación, según la organización, excluye a gran parte de esos colectivos al provocar una doble discriminación: por la escasez de vehículos adaptados y por la falta de coordinación entre lo público y lo privado. 

En Galicia, los ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela se han mostrado críticos ante la gestión de las licencias de VTC, reclamando a la Xunta de Galicia la paralización de nuevas autorizaciones hasta disponer de un estudio de demanda.  

Estos consistorios amplían que la ausencia de un marco autonómico concreto y la delegación en los municipios genera descompensación en el servicio y confusión normativa. El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alberto Varela, ha señalado que “no es razonable” que la regulación recaiga sólo en los ayuntamientos.  

La Xunta recordó hace pocas semanas a las empresas de VTC sus obligaciones legales en Galicia: los servicios deben realizarse entre municipios, no dentro de uno solo; los vehículos no pueden llevar publicidad externa; y deben remitirse los datos al registro autonómico correspondiente 

En lo que va de año, la administración autonómica ha enviado cerca de 250 actas de infracción a los ayuntamientos, entre ellas 116 a Santiago y 112 a A Coruña, por servicios en zonas urbanas presuntamente sin competencia autorizada. 

La argumentación de la UCGAL alinea su enfoque hacia el usuario gallego: “Galicia necesita un modelo de transporte eficaz, diverso y accesible, que ofrezca opciones reales a las personas usuarias y no sea un espacio de protección de privilegios”, señalan desde la entidad. Ante esto, recuerdan que cualquier regulación ha de centrarse en el interés público, no en la defensa de sectores con historiales consolidados.

La comunidad presenta un escenario donde diferentes actores defienden posturas encontradas: por un lado, la ciudadanía exige más alternativas de movilidad; por otro, taxistas y asociaciones tradicionales reclaman control y límites para las VTC. Mientras tanto, los ayuntamientos demandan un marco regulador autonómico claro y cohesionado que no cargue el peso sólo en lo municipal. 

Las piezas del puzzle aún están en movimiento. El conflicto se intensifica en Galicia: el sector del taxi advierte de que las VTC están operando en territorio urbano sin que exista una regulación efectiva. De ahí las protestas en torno a la Xunta.