Caen por vez primera las plazas de viviendas de uso turístico en Galicia

Se acabó la escalada ininterrumpida. El mercado del alquiler vacacional en Galicia, que durante el último lustro parecía no tener techo, ha sufrido su primer gran ajuste estructural. Los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan un cambio de ciclo drástico: el número de viviendas turísticas en la comunidad ha caído un 22,6% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, pasando de las casi 20.000 unidades a situarse en 15.236. Este descenso no es una fluctuación estacional, sino un golpe a la línea de flotación de una oferta que se había multiplicado descontroladamente, sobre todo en las Rías Baixas y las ciudades del Eje Atlántico.

La magnitud del retroceso se aprecia mejor al observar la capacidad de alojamiento. En solo un año, se han esfumado 24.159 plazas turísticas del mercado gallego, pasando de las 104.386 camas disponibles en noviembre de 2024 a las 80.227 actuales. Este recorte del 23,14% en la oferta de plazas supone un balón de oxígeno potencial para el tensionado mercado del alquiler residencial, que ha visto cómo en los últimos años la proliferación de pisos turísticos desplazaba a los vecinos de los centros urbanos y disparaba los precios. Existe, eso sí, el riesgo de que esas casi 25.000 plazas no hayan vuelto al mercado del alquiler tradicional, sino que estén en el mercado negro turístico.

Si analizamos el mapa de la caída, el impacto es desigual pero contundente en las zonas más saturadas. La provincia de Pontevedra, epicentro del turismo estival, ha protagonizado el mayor recorte absoluto, eliminando más de 2.000 viviendas del circuito turístico (de 8.721 a 6.684). Le sigue A Coruña, que ha pasado de 7.156 a 5.216 pisos, lo que implica que casi 2.000 propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado vacacional en el norte. En el interior, aunque las cifras absolutas son menores, la tendencia es idéntica: Lugo y Ourense también registran caídas significativas, cerrando el grifo de una oferta que parecía inagotable.

El cerco administrativo funciona

Este cambio de tendencia no es casualidad, sino la consecuencia directa de una ofensiva regulatoria sin precedentes coordinada desde el Gobierno central y apoyada por las administraciones locales. El factor determinante ha sido la presión ejercida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las investigaciones iniciadas por el departamento de Pablo Bustinduy, que el pasado abril ya detectó más de 9.000 anuncios ilegales en Galicia, han obligado a las grandes plataformas digitales a depurar sus listados bajo la amenaza de sanciones millonarias.

A la vigilancia de Consumo se suma la entrada en vigor, el pasado 1 de julio de 2025, del nuevo registro único de alquileres de corta duración. Esta herramienta ha actuado como un filtro letal para la economía sumergida del sector. Según los datos oficiales, el Ministerio de Vivienda ha notificado recientemente a las plataformas la existencia de miles de pisos que operaban sin licencia válida en la comunidad, exigiendo su retirada inmediata. Muchos propietarios, ante la imposibilidad de cumplir los requisitos o el temor a las multas, han optado por volver al alquiler tradicional o cerrar su negocio.

La caída gallega es mucho más acusada que la media nacional. Mientras que en el conjunto de España el descenso de pisos turísticos se quedó en el 12,4%, Galicia casi duplica esa cifra con su 22,6%, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, que registró una bajada del 26%.

 Este dato contrasta con la resistencia de otras zonas turísticas como Andalucía, que incluso aumentó su oferta un 1,2%, lo que evidencia que la burbuja gallega estaba especialmente hinchada de oferta irregular o poco profesionalizada.

Tensión social y vivienda inasequible

El trasfondo de estas cifras es una creciente conflictividad social en torno al acceso a la vivienda en Galicia. Colectivos sociales, sindicatos de inquilinos y asociaciones vecinales llevan meses denunciando que la "turistificación" de ciudades como Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña estaba expulsando a la población local. En la capital gallega, por ejemplo, la presión sobre el mercado inmobiliario ha llegado a extremos donde los estudiantes y trabajadores se ven incapaces de encontrar techo a precios razonables, con denuncias de condiciones abusivas y falta de oferta crónica.

La polémica se centra en cómo el uso turístico ha canibalizado el parque de vivienda residencial. Aunque los pisos turísticos representan el 1,24% del total de viviendas en Galicia, su concentración en barrios céntricos distorsiona los precios de toda la zona. Para los defensores del derecho a la vivienda, esta caída del 22% es una victoria, aunque insuficiente, que debería traducirse en un trasvase de pisos hacia el alquiler de larga duración. Sin embargo, la patronal del sector advierte que la inseguridad jurídica podría llevar a muchos propietarios a dejar las casas vacías antes que alquilarlas a residentes.

El debate también tiene una lectura política. Mientras la Xunta de Galicia ha mantenido una postura más laxa, delegando en los ayuntamientos la regulación, las medidas del Gobierno central han forzado un reordenamiento del tablero. La exigencia de licencias y el cruce de datos han aflorado que una parte significativa de la oferta gallega no cumplía con la normativa urbanística o de seguridad. De hecho, las solicitudes de registro denegadas por no cumplir requisitos confirman que existía un volumen importante de fraude en el sector.

Un futuro incierto para el sector

La reducción del número de plazas también ha traído consigo un ligero cambio en el modelo de negocio. La ratio de plazas por vivienda ha bajado de 5,04 a 4,93, lo que sugiere que se reducen los pisos patera o de gran capacidad, a menudo los más problemáticos para la convivencia vecinal. El mercado tiende hacia una profesionalización donde solo sobreviven aquellos alojamientos que cumplen escrupulosamente con la legalidad y ofrecen unos estándares de calidad que justifican su precio.

A pesar del descenso, Galicia sigue siendo una potencia en este tipo de alojamiento, manteniéndose como la quinta comunidad con más pisos turísticos de España, solo por detrás de gigantes como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias. Con más de 15.000 viviendas aún activas, el reto ahora es gestionar la convivencia de este modelo con la vida vecinal. La duda que planea sobre el sector es si esta caída es coyuntural, fruto del pánico regulatorio inicial, o si estamos ante el inicio del fin del crecimiento del alquiler vacacional.

Lo que es innegable es que la "barra libre" de estos años ha terminado. Con las plataformas digitales obligadas a compartir datos con la administración y un régimen sancionador activo por parte de Consumo, el propietario particular que alquilaba sin licencia tiene los días contados. Para el inquilino gallego que busca piso, estos 4.000 inmuebles que han salido del circuito turístico representan una esperanza tímida pero tangible.