Beneficio récord de Iberdrola mientras sus trabajadores en Galicia denuncian pérdida de poder adquisitivo
La plantilla de la eléctrica se manifestó el sábado en Madrid para exigir un convenio justo, en una protesta con notable presencia de delegados gallegos de la CIG. La empresa, que en 2025 obtuvo unos beneficios históricos de 6.285 millones de euros, no ha respondido a las peticiones de los sindicatos.
Trabajadores de Iberdrola provenientes de diversos puntos del Estado, incluyendo una nutrida representación de Galicia, se concentraron el pasado sábado en las calles de Madrid. La movilización, convocada para protestar por la "avaricia" y la "mala fe" de la empresa en la negociación del IX Convenio Colectivo, sirvió para visibilizar el malestar de una plantilla que lleva años viendo mermada su capacidad de compra.
Desde el sindicato CIG, su delegado de personal en la compañía, Fran Puch, denunció que los salarios apenas han subido un 0,7% anual desde 2015, un porcentaje muy alejado de la evolución del coste de la vida, que en ejercicios como 2021 llegó a dispararse por encima del 6,5%. Esta situación contrasta frontalmente con las cuentas de la compañía, que solo en los últimos cinco años ha acumulado un beneficio neto de 25.000 millones de euros y acaba de cerrar 2025 con un resultado récord de 6.285 millones, un 12% más que el año anterior .
Beneficios récord, salarios congelados
La principal demanda de los manifestantes se centra en recuperar el 20% del poder adquisitivo perdido en el último lustro. Según Puch, la propuesta actual de la dirección no solo no corrige esta pérdida, sino que perpetúa una tendencia que consideran "insostenible". "Los precios de los productos básicos no dejan de subir, pero nuestros salarios no lo hacen, lo que dificulta llegar a final de mes y anula cualquier capacidad de ahorro", explicó el representante sindical.
A la pérdida salarial se suman otras modificaciones que han deteriorado las condiciones laborales, como la supresión de la segunda tarifa eléctrica para los actuales y futuros jubilados o la sustitución de trienios por quinquenios.
Mientras tanto, los accionistas y el equipo directivo son los principales beneficiarios de las millonarias ganancias. Iberdrola ha anunciado que destinará 4.500 millones de euros al pago de dividendos, un 12% más que el ejercicio precedente.
Galiciapress ha solicitado la versión de Iberdrola sobre estas acusaciones y el estado de la negociación del convenio, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
El malestar en el territorio gallego
El malestar de la plantilla adquiere una dimensión particular en Galicia, un territorio que los sindicatos consideran estratégico para la compañía por su elevada producción de energía renovable. Iberdrola opera en la comunidad un importante número de parques eólicos y centrales hidroeléctricas. Sin embargo, los representantes de los trabajadores denuncian que, lejos de revertir en la economía local, esta presencia se traduce en una pérdida de empleo y en el empobrecimiento de las zonas donde opera.
Como ejemplo de esta política, señalan el cierre del Centro de Operaciones de Cuenca (COC) en A Rúa de Valdeorras, ocurrido en torno a marzo de 2021. Estas instalaciones, que gestionaban el control hidráulico de la cuenca del río Sil, vieron cómo sus funciones y personal eran trasladados a Salamanca, una decisión que en su momento generó protestas vecinales y una marcha de unas 150 personas en la comarca ourensana.
Un contrapunto de entendimiento
Paradójicamente, el malestar laboral contrasta con los acuerdos que la compañía ha alcanzado recientemente con algunas administraciones locales gallegas. A finales de enero de este año, Iberdrola firmó un convenio con el Ayuntamiento de Muras (Lugo), el municipio con mayor concentración de aerogeneradores de la provincia. E
El pacto, calificado como "histórico" por el alcalde nacionalista Manuel Requeijo, establece que la empresa aportará 125.000 euros anuales para sufragar el recibo de la luz de los vecinos, además de abonar al consistorio un porcentaje de la producción de sus parques, con una cantidad mínima garantizada de 200.000 euros al año.
Este tipo de acuerdos, centrados en el retorno social a las comunidades de acogida, no mitigan, sin embargo, el conflicto laboral de fondo. Los trabajadores, que se sienten ignorados pese a ser ellos quienes "con su trabajo generan estos beneficios multimillonarios", según Fran Puch, han anunciado que continuarán con las movilizaciones. La próxima cita será el 10 de marzo en O Barco de Valdeorras, donde está prevista una concentración con motivo del Día da Clase Obreira Galega.
"Solo pedimos justicia, recuperar lo perdido y que las subidas futuras se ajusten al IPC real para proteger a nuestras familias y la economía de nuestra tierra", concluyó el delegado de la CIG.
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