Stellantis critica a la UE por su la norma que restringe las subvenciones

La multinacional automovilística Stellantis ha expresado su decepción con la recién presentada Ley de Aceleración Industrial, una iniciativa de la Comisión Europea que busca fortalecer la industria manufacturera comunitaria frente a la creciente competencia global, especialmente de países con prácticas comerciales consideradas desleales. El grupo franco-italiano, con presencia relevante en Galicia a través de la planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo, considera que el texto “no cumple con su objetivo” de proteger la base industrial del continente ni de compensar los costes adicionales del sello “Hecho en Europa”.

Según el comunicado hecho público por la compañía, “para proteger y promover verdaderamente la industria automovilística europea y los millones de empleos que sustenta, la política debe ser sencilla de aplicar y ofrecer una compensación clara y oportuna por el aumento del coste de fabricar en Europa”. Stellantis reclama condiciones de competencia equitativas para todos los fabricantes que operen en el mercado europeo y asegura que seguirá colaborando con las instituciones comunitarias para ajustar el texto legal a las necesidades del sector.

Una ley para impulsar el “Made in Europe”

La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de reglamento para acelerar los procesos industriales y reforzar la autonomía productiva del bloque, una normativa que se integra en la estrategia de Bruselas por la reindustrialización verde y la reducción de dependencias externas en sectores clave. La llamada Ley de Aceleración Industrial impone nuevos requisitos de producción europea para proyectos que reciban financiación pública, al tiempo que introduce medidas para acortar los plazos de autorización de inversiones estratégicas.

El objetivo es consolidar una base industrial más resiliente y sostenible, especialmente en sectores intensivos en energía —como el acero, el aluminio o el cemento— y en aquellos considerados esenciales para la transición ecológica, incluyendo la cadena de valor del automóvil, las baterías eléctricas, los paneles solares o las turbinas eólicas. Bruselas defiende que esta reforma permitirá a la economía europea responder con mayor rapidez a los desafíos que plantean Estados Unidos, China y otros competidores, que han adoptado políticas industriales de gran alcance en los últimos años.

Impacto en la automoción y la factoría gallega

En el caso del sector del motor, la normativa plantea requisitos específicos para los vehículos eléctricos, que deberán incorporar al menos el 70% del valor de sus componentes fabricados dentro de la Unión Europea, sin contar las baterías, y realizar el ensamblaje final también en suelo comunitario. Estas exigencias podrían influir de manera directa en las plantas de producción españolas, incluidas las gallegas, donde el sector de la automoción representa uno de los principales motores económicos.

La planta de Stellantis en Vigo, que emplea a miles de trabajadores y suministra vehículos eléctricos y comerciales ligeros a toda Europa, podría beneficiarse de una mayor orientación hacia la producción continental si el marco normativo ofrece incentivos suficientes. Sin embargo, la compañía advierte que el incremento de los costes industriales y las condiciones burocráticas complejas pueden poner en riesgo la competitividad frente a otras regiones del mundo donde los costes son menores.

Debate abierto en el sector europeo

Por ahora, Bruselas ha defendido que la ley responde a la necesidad de reequilibrar la competencia global y de proteger empleos de calidad en el continente, pero los grandes fabricantes europeos mantienen reservas. Además de Stellantis, otras empresas del sector de la automoción han señalado que los incentivos y la simplificación administrativa serán claves para determinar el éxito de la norma. La Comisión Europea no ha respondido todavía a las críticas del grupo franco-italiano, aunque fuentes comunitarias insisten en que el diálogo con la industria continuará durante el proceso legislativo.