Los vecinos de Agolada logran frenar la macroplanta de biometano de Mapfre

Los promotores de la planta de biometano proyectada en Agolada, en la comarca del Deza, comunicaron este miércoles 12 de marzo su decisión de abandonar el proyecto, según confirmó el alcalde del municipio en un pleno municipal. La noticia llega después de meses de intensa contestación vecinal y pone fin, al menos provisionalmente, a una iniciativa que pretendía tratar cerca de 100.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en suelo rústico de este municipio pontevedrés.  

El impacto de la cancelación va más allá de la comarca do Deza, dado que por toda Galicia están surgiendo proyectos de planta de biometano al hilo de las subvenciones europeas, a menudo suscitando protestas vecinas.

La plataforma ciudadana Stop Biometano Deza —anteriormente denominada Stop Biometano Agolada— recibió la noticia con alivio, aunque advirtió de que permanecerá vigilante. La organización recuerda que en otras ocasiones las empresas promotoras anunciaron su renuncia para aplacar la movilización social y retomaron los proyectos más adelante. 

La plataforma atribuye lo que tilda de éxito parcial a los propietarios de terrenos que se negaron a vender, a la presión vecinal sostenida y al respaldo de organizaciones como Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde, ADEGA, Stop Ganadería Industrial, Stop Biogás España, Berce do Ulla y el propio Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL).

El proyecto, vinculado a una empresa asturiana y respaldado financieramente por un fondo de inversión de Mapfre, contemplaba la digestión anaerobia de materia orgánica procedente sobre todo de purines de explotaciones ganaderas, lodos de depuradora y otros residuos agroindustriales. Su actividad habría generado además unas 80.750 toneladas anuales de digestato —el residuo resultante de la fermentación—, cuya gestión preocupaba especialmente a los colectivos ecologistas por su posible impacto en los suelos de la zona.

La presión sobre el Concello

La plataforma mantiene también abierta su exigencia al Concello de Agolada para que ejecute el acuerdo adoptado en el pleno del 9 de diciembre de 2025, que instaba a modificar las normas subsidiarias de urbanismo con el fin de regular de forma restrictiva la instalación de este tipo de industrias en el municipio. Esta modificación, ya emprendida por varios ayuntamientos en distintas partes del Estado, serviría para blindar legalmente a los núcleos rurales ante futuras propuestas similares.

La organización vecinal recuerda que en marzo de 2025 el consistorio emitió dos informes de compatibilidad urbanística favorables a sendas plantas de biometano en las aldeas de Amance y Basadroa, a apenas 500 metros de los núcleos habitados, aunque aclara que nunca responsabilizó directamente al gobierno local de esa decisión. Lo que sí subraya es que negar ahora la existencia de dichos informes sería un error. Si el ejecutivo municipal no cumple el acuerdo plenario, advierte la plataforma, quedará demostrado que aquel 

Plantas en proyecto en Lugo, Curtis y Abadín

El debate sobre las plantas de biometano en Galicia no se circunscribe a la comarca del Deza. En el municipio lucense de Abadín, enclavado en la Reserva da Biosfera Terras do Miño, la empresa Moeve —la antigua Cepsa— y la firma asturiana InProEner tienen en tramitación dos plantas de producción de biometano en la parroquia de Quende, con una inversión superior a los 15 millones de euros cada una y capacidad para generar unos 50 GWh anuales.

La Consellería de Medio Ambiente confirmó al SLG-CCLL que ambas solicitudes de autorización ambiental integrada fueron presentadas en agosto de 2025 y que están actualmente en una fase previa a la información pública. Además, en noviembre de 2025 Moeve solicitó cambiar la titularidad de las instalaciones a dos nuevas sociedades: Crux Biomethane, SL y Carina Biomethane, SL. La Deputación Provincial de Lugo, por su parte, no ha respondido aún a la petición de información del sindicato agrario sobre los informes emitidos en relación con estos proyectos.

El SLG-CCLL sostiene que Abadín, con un modelo ganadero de carácter familiar y extensivo, no genera suficientes excedentes propios de purines y estiércol para justificar una planta de estas dimensiones, lo que implicaría importar residuos de otros municipios. La organización también alerta sobre las emisiones de sulfuro de hidrógeno que puede generar la digestión anaerobia y cuestiona que el digestato resultante resuelva realmente el problema de gestión de purines, dado que el nitrógeno y el fósforo no se eliminan durante el proceso. El sindicato conecta además esta controversia con un problema estructural: Galicia dispone de una superficie agraria útil equivalente al 20% de su territorio, muy por debajo de la media europea del 40%, lo que limita la capacidad de las explotaciones para gestionar sus propios residuos.

Moeve, que aspira a construir hasta treinta plantas de biometano en toda España con una inversión global de 600 millones de euros, defiende que estas instalaciones contribuyen a la descarbonización industrial y al desarrollo económico rural. La empresa no se ha pronunciado sobre las críticas del SLG-CCLL en relación con el proyecto de Abadín.

Galicia se ha convertido en un polo de atracción para este tipo de proyectos debido a su alta densidad ganadera y al impulso de la Xunta, que considera el biometano una oportunidad para la transición energética y la economía circular . De hecho, el gobierno gallego ha destinado ayudas millonarias, con partidas de hasta 2 millones de euros por proyecto, para fomentar los gases renovables , y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha defendido en el Parlamento que la tramitación de estas plantas se hace con "máximo rigor técnico" .

Sin embargo, la realidad sobre el terreno está siendo muy distinta. La fuerte contestación vecinal ha logrado tumbar o paralizar varias iniciativas. Además de la de Agolada, los proyectos en Curtis  y Coeses  se han encontrado con la oposición frontal de los residentes, organizados en plataformas como "Lugo... non quere cheiros" . En Curtis, ADEGA ha denunciado incluso la "fragmentación ilegal" del proyecto para evitar una evaluación conjunta de su impacto ambiental .

¿Por qué son tan polémicas las plantas de biometano?

Por un lado, la industria energética y buena parte de los gobiernos las presentan como una solución verde: aprovechan residuos que de otro modo contaminarían, producen gas renovable y ayudan a reducir emisiones de CO₂. Encajan bien en los objetivos climáticos europeos y en la agenda de descarbonización.

Por otro, las comunidades rurales donde se instalan ven llegar infraestructuras industriales de gran tamaño que no perciben como propias, con impactos muy concretos y cercanos.

El problema del digestato es central: el proceso no elimina el nitrógeno ni el fósforo de los purines, así que el residuo final sigue siendo un problema de gestión, aunque con otro nombre. En zonas ya saturadas de purines, esto es especialmente sensible.

Los olores son otro punto de fricción constante. La digestión anaerobia de materia orgánica genera compuestos como el sulfuro de hidrógeno, y las plantas próximas a núcleos rurales generan un rechazo visceral por esa razón.

También está la cuestión del origen de los residuos. Cuando el territorio donde se instala la planta no genera suficiente materia prima propia, hay que traerla de fuera, lo que implica tráfico pesado constante y contradice el argumento de que la planta "resuelve un problema local".

La desconfianza hacia los promotores

En muchos casos, detrás de estos proyectos hay fondos de inversión o grandes energéticas —como ocurre con Mapfre en Agolada o Moeve en Abadín— que buscan rentabilizar el negocio del gas renovable, impulsado por subvenciones europeas. Para muchos vecinos rurales, la retórica verde encubre simplemente un modelo de extracción de valor del territorio sin apenas retorno local.

El SLG lo plantea con bastante claridad: si la Xunta apoya estas macroplantas pero rechaza los planes de mejora de granjas familiares, algo no cuadra en el discurso de apoyo al mundo rural. 

En Galicia hay además una tensión añadida entre el modelo de ganadería industrial intensiva —que sí genera excedentes de purines— y el modelo familiar extensivo tradicional. Las plantas de biometano son vistas por algunos como una solución diseñada para los primeros a costa del territorio de los segundos.

Algunos de los proyectos de plantas de biometano en Galicia

• En el polígono de O Ceao (Lugo) el Grupo Lence impulsa Lugaz, una biorrefinería que transformará más de 55.000 toneladas de residuos y que promete ser "pionera en Europa" por su diseño innovador que evitaría olores y emisiones . 
• Abadín (Lugo), parroquia de Quende: La compañía energética Moeve (antigua Cepsa), en colaboración con InProEner, proyecta dos plantas de biometano que se ubicarían en este municipio. La tramitación ambiental está en curso; de hecho, en noviembre de 2025 se solicitó el cambio de titularidad de las instalaciones a las sociedades Crux Biomethane, SL y Carina Biomethane, SL . Cada instalación produciría alrededor de 50 GWh anuales y supondría una inversión superior a los 15 millones de euros.
• Curtis (A Coruña), polígono de Teixeiro: En este polígono confluyen dos iniciativas diferentes. Por un lado, Norbiogás Biometano I tiene un proyecto en exposición pública, declarado estratégico por la Xunta, con una inversión de 15 millones de euros para tratar 116.134 toneladas anuales de residuos y generar entre 42 y 45 GWh al año . Por otro lado, Bioetanol Galicia SA ya ha obtenido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para su planta, que contará con una capacidad de tratamiento de 150.053 toneladas al año y también producirá fertilizantes .
• Meirama (Cerceda, A Coruña): Naturgy tiene en estudio un ambicioso proyecto en los terrenos de la antigua central térmica. La planta, que estaría dedicada a la digestión anaerobia de residuos ganaderos y de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, tendría una capacidad para gestionar 630.000 toneladas de residuos y producir 247 GWh/año de biometano, evitando más de 150.000 toneladas de CO₂. Se estima que generaría 164 empleos netos indefinidos .
• Porriño (Pontevedra): Es uno de los pocos proyectos ya en operación. La planta Ecogalia, fruto de la alianza entre la gallega Toysal y la europea CycleØ, gestiona 22.000 toneladas anuales de restos orgánicos para transformarlos en 45 GWh de gas renovable, que se inyecta directamente en la red de distribución .
• As Somozas (A Coruña): Se trata de una planta de valorización de residuos, la más grande de Galicia en su momento, promovida por DAM y Esfera 2025. Inaugurada en 2015, tiene capacidad para tratar 60.000 toneladas de lodos y 180.000 toneladas de residuos líquidos. Su plan incluye una fase de codigestión (biogasificación) para producir biogás a partir de residuos agroalimentarios .