El PPdeG reclama en la Fegamp libertad para los concellos para gastar los fondos de la PIE

España lleva ya tres años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, y esa parálisis tiene consecuencias directas y cotidianas para los ayuntamientos gallegos. El grupo del PPdeG en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha exigido este domingo al Gobierno central que otorgue plena libertad a los municipios para disponer de los incrementos en los ingresos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), tanto de las entregas a cuenta previstas para 2026 como de la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2024.

La reclamación parte del vicepresidente primero de la Fegamp y portavoz del grupo popular en esa institución, Ángel Moldes, quien trasladó la posición de los concellos a través de un audio remitido a los medios de comunicación. Moldes advirtió de que las cuantías que los ayuntamientos recibirán en 2026 por la PIE serán, previsiblemente, mayores que las del año anterior, al igual que ocurrirá con la liquidación de 2024, un escenario que debería traducirse en más margen financiero para los consistorios.

Sin embargo, esa mayor disponibilidad de recursos queda en suspenso por la postura del Ministerio de Hacienda. Según explicó Moldes, los ayuntamientos trasladaron sus dudas a la cartera que dirige María Jesús Montero, y desde el ministerio se les comunicó que, por el momento, no tiene previsto autorizar el uso libre de esos fondos mientras exista la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Hacienda no ha emitido ningún comunicado público adicional al respecto.

Tres años de incertidumbre

Esta situación no es nueva. Ya en 2024 y 2025, y ante la imposibilidad de contar con cuentas generales del Estado aprobadas, el propio Ministerio había señalado que los ingresos adicionales de la PIE no quedaban sujetos a la regla de gasto, lo que implicaba que los consistorios no estaban obligados a destinar esos excedentes exclusivamente a reducir su endeudamiento. Los populares gallegos recuerdan ese precedente para defender que la misma lógica debería aplicarse en 2026.

El representante del PPdeG en la Fegamp denunció que la prolongada incertidumbre presupuestaria está "condicionando y castigando" a los ayuntamientos gallegos, que podrían emplear esos incrementos de ingresos en mejorar servicios públicos o en ejecutar inversiones prioritarias para la ciudadanía. En palabras de Moldes, ya estamos en marzo de 2026 y la situación sigue sin resolverse.

La problemática no es exclusiva de Galicia, aunque aquí tiene un impacto notable dado el elevado número de municipios pequeños que dependen de forma significativa de las transferencias estatales. A escala estatal, ayuntamientos de otras comunidades como Guadalajara ya alertaron en meses anteriores de que no conocerían las cantidades provenientes de la participación en ingresos del Estado hasta bien avanzado el año 2026, lo que obliga a elaborar presupuestos locales "a ciegas".

Una demanda que supera al PPdeG

La exigencia de desligar la financiación local de la aprobación de los presupuestos estatales trasciende, en este caso, las siglas políticas. A comienzos de 2026, la propia Fegamp, presidida entonces por Alberto Varela, había considerado necesario que el Gobierno central aprobase un mecanismo que permita desligar las entregas a cuenta que reciben los ayuntamientos de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, subrayando además que los consistorios no podían quedar al margen del debate sobre la financiación autonómica.

En octubre de 2025, los ayuntamientos gallegos se mostraban "expectantes" y "esperanzados" ante los cambios previstos para 2026 en su financiación, con la nueva ley de administración local todavía en tramitación y el fondo de cooperación local de la Xunta alcanzando en 2026 su nivel histórico más elevado, con 187 millones de euros según los presupuestos autonómicos aprobados en diciembre. Esa estabilidad en la financiación autonómica contrasta con el vacío que genera la ausencia de cuentas estatales.

El trasfondo del conflicto es también político. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reivindicó la "estabilidad" de Galicia para aprobar sus presupuestos de 2026, contraponiendo la situación gallega a la incapacidad del Gobierno central de sacar adelante los suyos. Galicia fue, de hecho, la primera comunidad autónoma en contar con cuentas aprobadas para el ejercicio en curso.

Qué está en juego para los concellos

La PIE es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos españoles. Representa en torno al 21% de los ingresos totales de los municipios, situándola a la par del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como pilar de las haciendas locales. Para los concellos gallegos, especialmente los de menor tamaño y con escasa capacidad recaudatoria propia, esa participación resulta determinante para sostener servicios tan básicos como la asistencia domiciliaria, el mantenimiento de infraestructuras o la atención social.

La regla de gasto, el mecanismo que limita el incremento del gasto de las administraciones públicas, es la clave del litigio. Sin presupuestos estatales aprobados, no queda claro qué margen tienen los municipios para gastar los ingresos adicionales que les corresponden por ley. La posición del Ministerio de Hacienda, de no autorizar por el momento el uso libre de esos fondos, genera una situación kafkiana: los ayuntamientos reciben más dinero pero no pueden gastarlo con libertad.