Los taxistas denuncian que ni Xunta ni ayuntamientos quieren regular los VTC

El conflicto entre el taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) lleva años enquistado en Galicia, pero en los últimos meses ha escalado hasta convertirse en una crisis abierta entre ayuntamientos, la Xunta y las propias empresas del sector. Las calles de A Coruña han sido el escenario más reciente de una protesta en la que el taxi ha vuelto a exigir que se cumpla la ley, mientras las administraciones se señalan mutuamente como responsables de una regulación que nadie termina de escribir.

El detonante inmediato fue una movilización de taxistas en A Coruña que cortó el tráfico en Alfonso Molina con una pancarta que resumía el hartazgo del sector. Ricardo Villamisar, presidente de la Federación Gallega de Taxi, denunció que los VTC están prestando servicios urbanos de forma sistemática pese a que sus licencias solo habilitan para trayectos entre municipios. Villamisar reconoció que el problema no es exclusivo de A Coruña, aunque señaló diferencias en la respuesta de cada ciudad: mientras Vigo ha puesto en marcha expedientes sancionadores, en la ciudad herculina la acción ha recaído principalmente en los inspectores de transporte de la Xunta.

Las estadísticas reflejan una tendencia que alimenta la tensión: las licencias de taxi van a menos en Galicia mientras las de VTC siguen el camino contrario, impulsadas por la expansión de plataformas como Uber, Cabify o Bolt. Según datos de la Consellería de Presidencia, a mediados de noviembre de 2025 había en vigor 3.498 licencias de taxi, un 3% menos que en 2018, mientras que el registro autonómico de VTC ya suma 610 licencias, sin que exista todavía una normativa propia que regule su funcionamiento ni una sola ciudad gallega con ordenanza al respecto.

La pelota, en el tejado de todos

El Ayuntamiento de Santiago admite que la normativa municipal vigente data de 1990 y que no contempla la realidad de los VTC. Desde el Departamento de Movilidad anuncian una consulta pública para actualizar la regulación del transporte de pasajeros, con la intención declarada de preservar el taxi como servicio público. El consistorio compostelano, junto con los de Vigo y A Coruña y a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ha trasladado a la Xunta que debería ser el Ejecutivo autonómico quien asuma la responsabilidad de armonizar la regulación para toda la comunidad. Santiago va más lejos y acusa directamente al Gobierno gallego de introducir cambios normativos sobre los VTC por vía presupuestaria, sin debate específico, y de otorgar autorizaciones que sabe que se incumplen de forma generalizada.

En Vigo la situación es igualmente tensa. El consistorio vigués ha desestimado las 49 solicitudes de licencia urbana presentadas por operadores VTC y ha incoado 123 expedientes sancionadores, aunque reconoce que 13 de los vehículos inspeccionados ni siquiera disponían de autorización autonómica. La ciudad olívica no tiene ordenanza propia y se remite a la regulación del taxi, que no contempla la posibilidad de autorizar servicios urbanos de alquiler con conductor.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reconocido que el conflicto no se resuelve únicamente con sanciones, aunque ha dado cuenta de las cifras: más de cien actas sancionadoras en lo que va de año, que han derivado en 36 resoluciones y más de 276.000 euros en multas. Rey ha señalado que la ciudad cuenta con 516 taxis para una población de 253.000 habitantes y ha subrayado que esa cifra resulta insuficiente para atender la demanda existente. En esa misma línea, ha criticado que la Xunta conceda licencias de VTC sin estudios previos de demanda y traslade la gestión del problema a los ayuntamientos.

La Xunta defiende su actuación

Desde el Ejecutivo autonómico, la postura es que se actúa dentro de sus competencias y con estricto respeto a la normativa vigente. La Xunta tramita las autorizaciones VTC por delegación del Estado y recuerda que estas solo habilitan para trayectos interurbanos, no para recorridos dentro de un mismo municipio. La Consellería de Presidencia señala que, cuando sus inspectores detectan infracciones de carácter urbano, remiten los correspondientes informes a los ayuntamientos, que son quienes tienen la potestad sancionadora. La directora general de Movilidad, Judit Fontela, instó en el Parlamento a los consistorios a ejercer sus competencias en la regulación y sanción de los servicios urbanos de VTC, tras señalar que la inspección autonómica ha tramitado ya más de 450 actas y boletines, la mayoría por tráficos en ciudad.

La Xunta también ha remitido comunicaciones directas a las empresas titulares de autorizaciones VTC y a las plataformas que operan en Galicia, como Uber, Bolt y Cabify, recordándoles sus obligaciones legales, entre ellas que el servicio solo puede prestarse entre municipios y que los vehículos no pueden llevar publicidad ni signos externos identificativos.

El sector VTC, por su parte, no es un actor monolítico. La patronal Movea defiende que la regulación gallega no prohíbe expresamente los servicios urbanos, sino que los deja en manos de los ayuntamientos, y reivindica un marco basado en la competencia leal y la coexistencia con el taxi.

 Movea sostiene además que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió en octubre un auto suspendiendo cautelarmente las restricciones que el Concello de A Coruña pretendía imponer a los VTC en la zona de bajas emisiones, lo que la patronal interpreta como un reconocimiento judicial de su derecho a operar en igualdad de condiciones. Los taxistas, en cambio, minimizan el alcance de esa resolución y subrayan que circular por una zona peatonal no equivale a tener autorización para hacer servicios urbanos.

Una demanda que no espera

Más allá del debate jurídico, hay una realidad social que ningún actor niega: la demanda de transporte privado en las ciudades gallegas supera la oferta actual de taxis. La Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) ha advertido que la normativa autonómica y municipal reduce la calidad del servicio al ciudadano al limitar la entrada de licencias VTC, mientras los ayuntamientos reclaman una regulación más eficaz. La organización de consumidores señala además que la falta de vehículos adaptados perjudica especialmente a personas con movilidad reducida.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha considerado que no es razonable que la regulación recaiga exclusivamente en los municipios, reforzando así el argumento que los grandes ayuntamientos llevan meses trasladando a la Xunta. El sector del taxi español, con Galicia como uno de sus frentes más activos, cerró 2025 en pie de guerra, con protestas en distintos territorios que comparten un mismo diagnóstico: la expansión de la actividad urbana de las VTC sin autorización y la falta de inspección por parte de las administraciones competentes.

El resultado es un conflicto que se retroalimenta: los taxistas protestan, los ayuntamientos exigen regulación autonómica, la Xunta señala a los municipios, y los usuarios siguen usando aplicaciones que operan en una zona gris. Mientras tanto, ninguna de las siete ciudades gallegas ha aprobado aún la ordenanza que podría, al menos sobre el papel, poner algo de orden en el tablero.