La Xunta afirma que movilizó más del 71% de los recursos programados en el Pepac 2023-2027

La Xunta ha afirmado que la movilización de fondos del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC 2023-2027) supera el 71% en lo referente al gasto público total programado, que incluye la cofinanciación de Xunta y Gobierno Central, y se acerca al 72% en lo que respecta únicamente al importe del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Según ha informado el Ejecutivo gallego en un comunicado, estos datos fueron evaluados este jueves el Comité de Seguimiento Regional del PEPAC, reunido en Sober (Lugo).

El comité de seguimiento, que estuvo presidido por la secretaria xeral técnica de la Consellería, Marta Forés, constató el "elevado grado de movilización de fondos" de un plan que canaliza la inversión pública global en el rural gallego, contabilizando tanto las aportaciones europeas como las estatales y autonómicas.

Esta gestión hizo posible que Galicia vaya a recibir cerca de 1,5 millones de euros adicionales, como consecuencia de la activación, por primera vez, del mecanismo de buena ejecución del PEPAC.

Esta inversión procede de la aplicación de la regla N+2 establecida por la Comisión Europea, según la cual los importes comprometidos en un ejercicio presupuestario deben ejecutarse antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente.

En caso contrario, los fondos son liberados automáticamente y se distribuyen entre las diferentes comunidades autónomas cumplidoras.

El presupuesto total programado del PEPAC para Galicia supera los 847 millones de euros de gasto público total para el conjunto del período, con una aportación de fondos Feader que se aproxima a los 580 millones.

La Xunta remarcó que estos fondos son esenciales para el desarrollo sostenible del rural, la consolidación de la actividad agrícola y ganadera, la rentabilidad económica de las explotaciones y el mantenimiento de población en el medio rural.

El objetivo de estas ayudas es mantener el sector agrícola europeo, de modo que se compensa a las personas que trabajan en el agro por los servicios ambientales que proporcionan, la calidad de sus producciones y las exigencias legislativas de máximo nivel marcadas por la UE en favor de la sostenibilidad.