El BNG exige licencia urbanística obligatoria para frenar la "barra libre" de pisos turísticos en Galicia

En solo ocho años, las viviendas de uso turístico dadas de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) pasaron de 500 a 27.600 inmuebles. Este crecimiento exponencial, que ha disparado los precios del alquiler en ciudades como Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña, es el telón de fondo de la iniciativa legislativa que el BNG ha registrado en el Parlamento gallego para reformar la normativa autonómica de turismo. La formación nacionalista denuncia que el actual sistema permite a cualquier propietario inscribir su vivienda en el REAT sin que la Xunta verifique si cuenta con el correspondiente permiso municipal, lo que a su juicio equivale a una "barra libre" de pisos turísticos sin licencia. 

La diputada Saleta Chao subrayó que este incremento no responde solo a la mayor rentabilidad del alquiler turístico frente al convencional, sino también a la inacción de la Xunta, que permite la inscripción de viviendas sin comprobar si cuentan con la autorización municipal correspondiente. El BNG señala que esta dejación obliga a los ayuntamientos a pedir de forma reactiva la baja de aquellos inmuebles que no acreditan el título habilitante, una gestión que, en su opinión, debería ser previa y corresponder al Gobierno autonómico. 

Como ejemplo del margen de actuación municipal, Chao citó el caso de Santiago, donde la regulación local logró reducir un 22% las VUT entre 2023 y 2026, pasando de 803 a 630 inmuebles. Sin embargo, el Bloque sostiene que dejar esta responsabilidad exclusivamente en manos de los concellos genera una desigualdad territorial insostenible. 

Tres medidas concretas

La primera y más inmediata de las propuestas del BNG consiste en exigir licencia urbanística previa para cualquier vivienda que quiera operar con fines turísticos, con independencia de su ubicación en el territorio gallego. Esta autorización tendría una vigencia de cinco años, prorrogable por otros cinco. Además, la formación plantea que se proceda a la baja automática en el REAT de todas las VUT que estén inscritas en contradicción con el planeamiento urbanístico municipal vigente, transfiriendo así la carga de la prueba al propietario y no al ayuntamiento.

La segunda medida obliga a la Xunta a elaborar un estudio de municipios con alta concentración de viviendas turísticas. Dicho análisis deberá incluir un mapa detallado por zonas de todo el territorio y un análisis del perfil de las personas físicas o jurídicas propietarias y gestoras de las VUT, con especial atención a los grupos de inversión dedicados a la compra y alquiler de este tipo de alojamientos. 

Como tercera propuesta, el BNG reclama que se fijen criterios claros para declarar zonas de mercado residencial tensionado: que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, sumados los suministros básicos, supere el 30% de los ingresos familiares, o que los precios de compra o alquiler hayan crecido en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC gallego. 

La Xunta, en el punto de mira

La parlamentaria del BNG reprochó al PP que lleve 17 años gobernando Galicia sin intervenir en el mercado inmobiliario y advirtió de que "lo que vemos son las consecuencias de la no intervención". Chao reclamó además que sea la propia Xunta quien inicie de oficio la declaración de zonas tensionadas, utilizando los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en lugar de trasladar esa responsabilidad a los ayuntamientos. "Es necesario regular las VUT para garantizar el acceso y el derecho a la vivienda de la ciudadanía, de la gente joven y de las personas vulnerables", subrayó la diputada. 

El contexto estatal tampoco es ajeno a este debate. A mediados de 2025 entró en vigor el Registro Único de Arrendamientos Turísticos y Temporales, con el que el Estado pretende controlar los alquileres de corta duración, y en marzo de 2026 venció el plazo para que todas las VUT obtuvieran un código registral obligatorio para poder publicitarse en plataformas como Booking o Airbnb. Pese a estas medidas estatales, el BNG considera que Galicia necesita una regulación propia y más exigente. 

La Xunta de Galicia no se ha pronunciado públicamente sobre la proposición de ley registrada por el BNG. Tampoco lo ha hecho Aviturga, la asociación que agrupa a los propietarios de viviendas turísticas en Galicia, aunque esta organización ya recurrió ante los juzgados la ordenanza municipal de A Coruña, vigente desde mediados del año pasado.