Supremo avala el parque eólico Bustelo y abre la puerta a desbloquear docenas de parques eólicos en Galicia

El sector eólico gallego lleva años atrapado en una telaraña judicial. Decenas de proyectos con autorización administrativa suspendida, miles de megavatios paralizados y promotores que alertaban de un riesgo estructural para la inversión renovable en la comunidad. Este martes, el Tribunal Supremo emitió la Sentencia núm. 651/2026, de 27 de mayo, que estima los recursos de casación presentados contra la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que había anulado las autorizaciones administrativas del parque eólico Bustelo, situado en los ayuntamientos coruñeses de Coristanco y Carballo. 

El Supremo confirma así la legalidad de las autorizaciones concedidas por la Xunta a la promotora Greenalia en junio de 2021, revocando la sentencia que el TSXG había dictado a instancias de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega). 

El fallo no solo resuelve un caso concreto, sino que sienta una doctrina que puede reordenar el panorama judicial de la eólica en Galicia. Hay que recordar que hay unos 90 parques eólicos suspendidos cautelarmente por las sentencias del TSXG, a muchos de ellos se les podrá aplicar la juridisprudencia fijada hoy.

El nudo del debate: la fragmentación ambiental

El corazón del conflicto giraba en torno al concepto de fragmentación artificiosa de proyectos. El TSXG había anulado la autorización de Bustelo —igual que hizo con los parques de Campelo y Monte Toural— al considerar que los tres proyectos, pese a haberse tramitado de forma separada, compartían infraestructuras de conexión y evacuación eléctrica, lo que en su criterio los convertía en un único proyecto a efectos de evaluación ambiental. Los magistrados gallegos entendieron que esa división artificial había impedido una evaluación ambiental conjunta y completa.

El Tribunal Supremo, sin embargo, rechaza esa interpretación. En la sentencia de esta semana, el Alto Tribunal establece que compartir instalaciones de conexión no convierte automáticamente varios parques eólicos en un único proyecto a efectos de evaluación ambiental. El Supremo subraya que la eventual fragmentación no puede analizarse con criterios mecánicos o puramente formales, sino que debe examinarse caso por caso, atendiendo a la configuración técnica, la autonomía funcional, la localización y la evaluación ambiental realizada.

Según el análisis del abogado Carlos Seoane, socio fundador de CCS Abogados Corporativos y especialista en derecho energético, la sentencia puede contribuir a desbloquear procesos judiciales que estaban paralizados o condicionados a esta decisión. "En varios de ellos se había apreciado prejudicialidad casacional o se estaba a la espera de que el Tribunal Supremo fijase criterio sobre cuestiones repetidas en numerosos litigios", señala Seoane.

El fallo también aborda la cuestión de los informes sectoriales y la participación pública. El TSXG había reprochado a la Xunta que el proyecto fue sometido a información pública sin que se hubieran recibido todos los informes sectoriales preceptivos, lo que a juicio del tribunal gallego había vulnerado el derecho de los ciudadanos a participar de forma plena y efectiva. 

El Supremo, por su parte, matiza este criterio y establece que la participación pública y los informes sectoriales deben valorarse desde una perspectiva material y funcional: lo decisivo no es multiplicar rigideces procedimentales, sino garantizar una participación real y efectiva y una evaluación ambiental rigurosa. Sin duda, miel para los oídos de San Caetano y la patronal eólica. 

Enfretamiento político-judicial

El fallo del Supremo supone, en la práctica, una corrección significativa de la línea jurisprudencial que venía aplicando la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG.  . La Sección Tercera ha suspendido cautelarmente o anulado las licencias de más de 80 proyectos, alegando defectos en la tramitación ambiental y falta de participación pública. 

Esto generó un fuerte enfrentamiento con la Xunta de Galicia y la patronal del sector, quienes acusan al tribunal de inseguridad jurídica. La Xunta incluso llegó a modificar su estructura administrativa para evitar que los pleitos cayeran en esa sección, algo que no logró inicialmente.

La tensión se ha disparado este año tras la decisión de la nueva presidencia de la Sala de realizar un traslado forzoso de varios magistrados de esta sección (incluido el exlíder de En Marea, Luis Villares) a otras áreas. 

Colectivos judiciales y de defensa ambiental denuncian que este movimiento es una represalia política y un intento de "desmantelar" una sección incómoda para los intereses económicos, lo que ha abierto un intenso debate sobre la independencia judicial en la comunidad. El asunto ha sido recurrido y está pendiente de lo que diga el CGPJ, que por el momento ha denegado las cautelares.  También ha sido remitido a la Fiscalía. 

Greenalia, la empresa del parque Bustelo: vínculos con la Xunta y Altri 

La promotora del parque eólico cuya autorización acaba de confirmar el Tribunal Supremo es una de las compañías renovables con mayor presencia —y más controversia— en Galicia.

El parque eólico Bustelo, proyectado en los ayuntamientos de Carballo y Coristanco (A Coruña), prevé una potencia instalada de 45 MW y contará con un total de diez aerogeneradores, con una altura de buje de 111 metros y un diámetro de rotor de 136 metros. La producción media anual neta estimada es de 139.748 GWh/año, con unas 3.105 horas anuales equivalentes.  

Para los aerogeneradores, Greenalia suscribió un acuerdo con Siemens Gamesa, que suministraría e instalaría turbinas modelo SG 5.0-145 en los parques Campelo, Bustelo y Monte Toural, los tres promovidos por la misma empresa en municipios de A Coruña, con una potencia conjunta de 110 MW. Los contratos incluían acuerdos de mantenimiento a largo plazo por un periodo de 25 años. 

La inversión necesaria para poner en marcha el parque Bustelo supera los 45 millones de euros y se preveía la movilización de 450 puestos de trabajo. La autorización administrativa fue concedida por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta en junio de 2021, pero la impugnación de Adega ante el TSXG paralizó el proyecto durante años, hasta la sentencia del Supremo de esta semana.

Greenalia: de la biomasa forestal a las renovables

Con sede en A Coruña, Greenalia nació en 1997 dedicada a los productos forestales y biocombustibles —biomasa, madera en rollo, pellets y astilla— además de actividades de logística y transporte marítimo. Entre 2022 y 2023 vendió sus negocios tradicionales para dedicarse exclusivamente al desarrollo y generación de energía renovable. 

Los máximos accionistas de la compañía son su fundador y consejero delegado, Manuel García Pardo, que controla el capital a través de su sociedad patrimonial Smarttia, con una participación del 94%, y la patrimonial Alazady España, con el 6% restante. Desde 2017, Greenalia cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (BME Growth) y tiene actividad en Europa —Península Ibérica e Islas Canarias— y en Estados Unidos.  

Las puertas giratorias con el PP

La dimensión más controvertida de Greenalia no es técnica ni financiera, sino política. En el consejo de administración de la compañía se sentaron, entre otras personas, Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente de los gobiernos de Feijóo, incorporada a la empresa en 2020 como directora de Desarrollo Corporativo, y Antonio Couceiro, exconselleiro de Industria con Manuel Fraga y expresidente del Real Club Deportivo de La Coruña.

La contratación de Mato generó polémica porque apenas tres años antes, la Consellería de Medio Ambiente que ella dirigía había firmado la autorización ambiental integrada y el informe de impacto de la planta de biomasa de Greenalia en Curtis (A Coruña). Tanto ella como Feijóo negaron en su momento que se tratara de una "puerta giratoria" contraria a la normativa de incompatibilidades de altos cargos. 

En junio de 2025, Mato y Couceiro salieron del consejo de administración de Greenalia, aunque Mato mantuvo su cargo de directora de Sostenibilidad en la empresa. La reestructuración dejó el consejo integrado únicamente por los propietarios y el consejero ejecutivo. 

El vínculo con Altri y la celulosa de Palas de Rei

El nombre de Greenalia está también en el centro de uno de los proyectos industriales más polémicos de Galicia en años recientes. La gestión de la macroplanta de celulosa que la papelera portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) fue transferida a la filial Greenfiber, donde comparten accionariado Smarttia —la sociedad patrimonial de Manuel García Pardo— y la propia Altri.