La Xunta castiga a trabajadores temporales por aceptar un puesto: "Si ya estaban maltratadas en las listas, ahora peor"

A las puertas de la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano se agolparon decenas de manifestantes el pasado martes, denunciando la modificación de un decreto que el Gobierno de Galicia esperaba sacar sin levantar tanto revuelo. Y es que no fue solo en Santiago donde hubo protestas: Lugo, A Coruña, Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Marín, Vigo, Barbadás, Lalín, Vimianzo… Una crítica contra las intenciones de la administración gallega que limitarán, según denuncian los sindicatos, los derechos de miles de trabajadores temporales de un plumazo.

CASTIGADOS POR ACEPTAR UN PUESTO

Fue la Confederación Intersindical Galega (CIG) la que convocó las protestas y Rebeca Quintillán, responsable de negociación colectiva de la CIG-Autonómica, valora muy positivamente la respuesta dada por los trabajadores que se sumaron a las movilizaciones de esta semana, teniendo en cuenta el punto de improvisación y premura de una serie de protestas organizadas prácticamente a contrarreloj. 

“Sacamos una convocatoria prácticamente en 24 horas. No tuvimos mucho más margen de maniobra y reunimos a mucha gente en las siete ciudades”, celebra Quintillán, que sigue recibiendo fotos en su teléfono de participantes en todas las protestas organizadas a lo largo y ancho del territorio. “Hay que tener en cuenta también la cantidad de personas que no pudieron asistir, porque hay mucho personal sustituto en centros de trabajo que están siempre bajo mínimos”, razonan desde la CIG. 

La repercusión fue inmediata porque la modificación del Decreto 40/2026 supone un cambio sustancial en el procedimiento del llamamiento de las listas de sustitución de la Xunta, con una variación muy significativa y criticada por el conjunto de sindicatos, que se opusieron de manera pública a este cambio impulsado “de manera unilateral” desde San Caetano, como es la eliminación automática en todas las listas de aquellas trabajadores que atiendan una llamada, quedándose fuera de la posibilidad de acceder a mejoras laborales y profesionales al postularse a puestos vacantes.

“Se quedan sin la opción de mejora de empleo. Si estás sustituyendo una cosita, por pequeña que sea, no tienes acceso a otra interinidad”, explican desde el sindicato. Hasta ahora, aunque un trabajador ocupase un puesto temporal, seguía figurando en otras listas a la espera de que pudiese salir una oportunidad mejor. Ahora, muchos profesionales dejarán de estar activos para poder competir por vacantes para las que son aptos y ofrecen mejores condiciones. 

PERMISOS Y VACACIONES EN EL AIRE

“Si antes cubrías una sustitución y te ofrecían una vacante, podías pasar a ocupar esa vacante. A día de hoy es por un máximo de tres años o que se apruebe por un proceso selectivo. Eso ofrece más estabilidad que estar sustituyendo por dos o tres días por ahí”, expone Quintillán. El efecto no es para un único colectivo o categoría, aunque los más castigados son, una vez más, los grupos ya altamente precarizados, como son el personal sociosanitario, el asistencial, el de atención directa o el de servicios públicos esenciales. 

“Todos están igual de perjudicados por este cambio”, lamenta Quintillán, pues todos los colectivos se quedan sin poder optar a esas vacantes cuando acepten una sustitución. Hay que considerar, además, que aquellos que ocupan puestos más altos, con baremos más altos por puntos, contratos terminados y otras circunstancias, “van a estar en sustituciones” y se van a ver “castigados sin vacantes”. 

Los efectos del cambio van más allá considerando que esta modificación va a provocar, a juicio de la CIG, “problemas por la falta de coberturas”, lo que derivará inmediatamente en “la denegación de permisos o de vacaciones”.

“Al estar ocupados o que te ofrezcan contratos de un día o dos, si renuncias, te penalizan con 6 meses. Las listas en algunas categorías estaban ya totalmente agotadas, como las de enfermería, por ejemplo. Si ya estaban maltratadas antes en las listas de la Xunta, ahora todavía peor”, critica, al tiempo que vaticina que “van a tener graves problemas para cubrir ciertas categorías”, especialmente en los periodos de vacaciones.

LOS DEL SPIF, LOS MÁS CASTIGADOS

Los argumentos del Gobierno de Galicia para acometer el cambio del Decreto 37/2006 son “garantizar que los servicios públicos no sufran interrupciones por falta de personal”. En ese sentido, se escudan en la situación del Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF). Este grupo, de hecho, podría ser el peor parado por este cambio, ya que se les aplica un “régimen extraordinario” impuesto desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. 

“Estos tienen, a mayores, un castigo más grave”, censura Quintillán, detallando que esos trabajadores “van a ser convocados para trabajar a través de un SMS urgente, que pueden recibir y que tienen que contestar hasta las 23:59 de un día para incorporarse al día siguiente”. 

Desde la CIG se muestran abiertos incluso a discutir la idoneidad de una medida “de urgencia” durante las temporadas de alto riesgo, “porque, efectivamente, hay que cubrir los puestos y es una urgencia”, por lo que entienden que un baile de puestos “no sería positivo”. Sin embargo, achacan a “un problema de organización” por parte de la Xunta, que no puede considerar “una urgencia” un periodo que abarca desde marzo hasta noviembre. 

“Eso no es una urgencia, es falta de planificación y de organización”, reprocha Quintillán, destacando que se podría llegar “a otro acuerdo” de manera que se “cubra el verano con otras fórmulas” al alcance de la Xunta. “Con lo que ocurrió el año pasado con los incendios en Galicia deberían haber aprendido”.

“Están abusando del Servizo de Prevención de Incendios Forestais poniendo unas franjas que son, para nosotros, exageradas”, apostilla, considerando, además, que la modificación sale en pleno mes de mayo, pero se pretende aplicar “a gente que venía a ocupar puestos anteriores a la aprobación del decreto, con efecto retroactivo”. Este hecho ha despertado las dudas de que el propio decreto pueda ser legal y los servicios jurídicos del sindicato se encuentran analizándolo detalladamente. 

Al tiempo, este caso reaviva de nuevo una polémica recurrente entre los trabajadores que integran las listas de contratación, que se ven sometidos la mayoría de veces a prisas con las llamadas, obligando a muchos a tomar decisiones en cuestión de minutos que los pueden llevar a tener que personarse en pocas horas en la otra punta del país. 

“Si no entras en el SMS no serás penalizado. Pero esto es un brindis al sol. Si entras, ya sabes a dónde vas a ir para incorporarte al día siguiente. ¿Dónde está la conciliación?”, cuestiona Quintillán, que recuerda que el sindicato lleva mucho tiempo batallando por una mejor conciliación para los trabajadores, a los que ve en muchos casos “esclavizados” en puestos que la Xunta “sabe que puede cubrir de antemano”. 

VOLVER AL DECRETO 37/2006 NO ES LA RESPUESTA

Desde la central sindical apelan a cuestiones que son “de derechos laborales” para dar para atrás la medida que “el PP, con su mayoría, aprobó pese al voto en contra de todos los sindicatos”. Otros puntos, como el de la “tramitación exclusivamente electrónica sin garantizar los medios”, que supone para la CIG una manera de excluir a muchas personas por “cuestiones de digitalización” obligándolas a emplear medios telemáticos, podrían ser abordados en las negociaciones que esperan poder abrir, pues retornar al pacto establecido en 2006 tampoco sería la solución ideal.

“Hablamos de un decreto de hace 20 años. Las cosas han cambiado. Cuando se aprobó estaba muy bien, pero cuando trajeron esta modificación a la mesa de negociación nosotros ya pedíamos negociar un nuevo decreto. Consideramos que no se pueden introducir cuestiones abusivas como hicieron, y que hay muchísimas cosas que con los nuevos tiempos requieren hacer cambios, no a través de parches, sino negociando un decreto desde cero”, sostiene. 

En esta línea se pronunciarán la próxima semana desde la CIG, una vez que celebren los encuentros que tienen programados para perfilar una hoja de ruta donde ya contemplan un “proceso de escalada” en la presión sobre la Xunta, sobre todo después de la gran respuesta que han dado los afectados durante la semana. 

“Necesitábamos ver cuál era la reacción del personal, porque sabemos que es muy complicado mover a tanta gente. Este fue un primer sondeo, pero la gente nos demanda, nos necesita”, asevera Quintillán, que ya planea los próximos pasos en una carrera en la que irán “de más a menos”.

“Esto va para adelante. Seguro”, garantiza, a la espera de definir y concretar las siguientes acciones y ver si la vía judicial es uno de los caminos a tomar, valorando en estos momentos “el enfoque” que se le puede dar incluso en los juzgados a este polémico decreto.