Sogama reune a más de 70 concellos en un encuentro para hacer balance de la gestión de los residuos

Cuatro horas dan para mucho. Que se lo digan a los técnicos y cargos pólíticos que representaron a los más de 70 concellos gallegos que acudieron a la llamada de Sogama para celebrar un encuentro digital en el que se hizo un balance de la gestión actual de los residuos municipales, un capítulo en el que todavía hay muchos aspectos a mejorar pero que en cuestión de muy poco tiempo los municipios adscritos a Sogama han dado un salto secular en su tratamiento. 

SENSIBILIZACION Y NUEVAS NORMAS

En el encuentro, en el que participó la empresa Applus, los participantes compartieron su experiencia y pusieron sobre la mesa iniciativas para tratar de avanzar en este campo. Entre los aspectos más comentados está la normativa que obliga a los entes locales a instalar contenedores para la recogida diferencias de la fracción orgánica. Al tiempo, la nueva ley obliga a aplicar a partir de este mismo mes "una tasa de residuos no deficitaria y que cubra los costes reales del servicio (incluyendo contenerización, recogida de basura, tratamiento en planta, combustible e incluso campañas de formación y sensibilización social)".
 

"También les obliga a implantar, a partir del 1 de enero del año en curso, la recogida selectiva de residuos textiles", añaden desde Sogama, que celebran también los buenos resultados de iniciativas como el compostaje, donde destacan los "beneficios ambientales" de la mano de "menos costes económicos". 

"Dado que los residuos orgánicos representan, en el cómputo global de la composición de una bolsa de basura doméstica tipo, en torno al 37% del total de desechos, si este porcentaje se lleva a alguna de las 4 plantas compostaje que Sogama gestiona en Galicia para convertirse en abono, los ayuntamientos pagarán por tonelada un importe de 51,4 euros, frente a los 95 euros que deben abonar por la gestión de la fracción resto si cumplen requisitos", explican desde Sogama. 

Otro punto álgido de la conversación fue en torno al canon reducido de Sogama y los efectos del impuesto estatal al vertido y la incineración que provocaron un agujero en las cuentas de Sogama por encima de los 18 millones de euros solo en 2023. 

"Dada la negativa del Gobierno central a dar marcha atrás en sus pretensiones, Sogama, para salvaguardar la viabilidad de su sistema de gestión, que atiende a 295 ayuntamientos, se vio en la necesidad de actualizar el canon de la bolsa negra (fracción resto recogida a través del contenedor genérico) hasta los 108 euros/tonelada, con la opción de que los ayuntamientos se acogiesen a un canon reducido de 95 euros/tonelada, supeditado al cumplimiento de uno de estos dos requisitos: reducir la producción de residuos en un 1% respecto al año inmediatamente anterior y/o incrementar, en un 3%, el reciclaje de la bolsa amarilla y/o bolsa marrón", detallan desde la empresa pública. 

A renglón seguido, también se trataron aspectos como las campañas de información y sensibilización locales, claves para el cumplimiento de los requisitos del canon reducido, o la necesidad de una mayor trasparencia con la ciudadanía a la que explicar "con datos y cifras" el coste de la gestión y el tratamiento de los residuos.