Vídeo | Arrastre de fondo: la flota gallega en pérdidas mientras se busca preservar el lecho marino
La Unión Europea ratifica el veto al arrastre en 87 zonas críticas del Atlántico, dejando a los puertos gallegos ante un abismo económico mientras Bruselas prioriza la restauración de los ecosistemas vulnerables frente a una industria que se siente "criminalizada".
La flota gallega de arrastre de fondo encara el año 2026 en una situación de máxima tensión y fragilidad. Lo que comenzó como una advertencia en el Plan de Acción Marino de la Unión Europea para 2030 se ha materializado en una realidad jurídica y económica asfixiante: el cierre definitivo de 87 áreas vulnerables en el Atlántico Nororiental para cualquier arte de pesca que toque el lecho marino. El conflicto no es solo una batalla legal en los tribunales de Luxemburgo; es una colisión frontal entre dos visiones de futuro. Por un lado, la Comisión Europea sostiene que el arrastre es una práctica "arrasadora" que libera toneladas de CO2 y destruye hábitats milenarios. Por el otro, el sector pesquero gallego, respaldado por la Xunta y el Gobierno central, denuncia una "arbitrariedad" que pone en jaque miles de empleos y la soberanía alimentaria de la región. En medio de este temporal político, los barcos regresan a puerto con las redes más vacías y las cuentas en rojo, mientras la justicia europea da la espalda a los recursos interpuestos por España.
Una flota en la encrucijada: El ocaso del arrastre tradicional
El estado actual de la flota gallega de arrastre es de "sangría económica" e incertidumbre total. Tras el rechazo de los recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), los armadores han agotado prácticamente la vía judicial para revertir el veto en las zonas situadas entre los 400 y 800 metros de profundidad. El sector no solo se enfrenta a la prohibición física de faenar en sus caladeros tradicionales, sino a una crisis estructural acelerada por la falta de relevo generacional y un envejecimiento progresivo de las tripulaciones.
La flota ha intentado adaptarse a marchas forzadas a las nuevas exigencias técnicas de Bruselas, como el diario de pesca electrónico y el pesaje obligatorio a bordo, pero la presión regulatoria es percibida como una "asfixia". Organizaciones como la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) defienden que el arrastre moderno ha mejorado drásticamente la selectividad de sus redes y que no existen alternativas viables para capturar especies de gran demanda con la misma eficiencia. Sin embargo, la realidad de 2026 dicta que el espacio para faenar se encoge cada vez más, obligando a muchos buques a considerar el desguace o la reconversión ante la inviabilidad de las cuotas actuales.
Burela, Celeiro y Ribeira: El epicentro de las pérdidas millonarias
El impacto de las restricciones europeas no se reparte de forma equitativa por la geografía gallega, sino que se ceba con especial dureza en los puertos de altura que operan en el talud continental. Tres nombres destacan en el mapa de la crisis: Burela, Celeiro y Ribeira. Estos tres enclaves asumen conjuntamente más de la mitad de la caída de ingresos de toda la flota española afectada por el veto.
Burela (Lugo): Se posiciona como uno de los puertos más damnificados debido a su alta dependencia tanto del arrastre como del palangre de fondo.
Celeiro (Lugo): Sufre directamente las consecuencias del cierre de los caladeros históricos de merluza.
Ribeira (A Coruña): Es el puerto principal donde se concentra la mayor parte de la caída de ingresos a nivel nacional.
Las cifras son demoledoras. Algunos barcos reportan pérdidas de entre 100.000 y 150.000 euros anuales. A nivel global, estudios científicos indican que el impacto económico total en Galicia representa el 80% del perjuicio nacional. Además, se produce una "paradoja" técnica: el palangre de fondo, un arte considerado mucho más selectivo que el arrastre, está sufriendo de igual manera el cierre de áreas, lo que aumenta la sensación de injusticia en el sector gallego. Sin las subvenciones actuales, especialmente las ayudas al combustible, la actividad sería ya económicamente inviable en 2026.
Madrid y Santiago contra Bruselas: La guerra de los datos científicos
La postura de las administraciones españolas ha sido de cierre de filas con el sector. El Gobierno de España, mediante recursos ante el Tribunal de la UE, ha intentado anular el reglamento alegando que las decisiones de la Comisión no se basan en datos científicos sólidos y actualizados. Por su parte, la Xunta de Galicia ha sido la voz más crítica, calificando las medidas de "arbitrarias" y liderando un frente común europeo para defender que el impacto del arrastre es inferior al de otros factores como el cambio climático o la contaminación marina.
Frente a esta defensa, la Unión Europea esgrime argumentos ambientales de peso. Para Bruselas, el arrastre de fondo es responsable de hasta el 92% de los descartes pesqueros (peces que se capturan y se devuelven muertos al mar por no tener valor comercial). Además, la UE subraya que el daño económico a los ecosistemas y la liberación de carbono del sedimento marino causan un perjuicio 90 veces superior al beneficio económico directo obtenido por las capturas, estimado en apenas 180 millones de euros anuales frente a un coste social y climático de 16.000 millones. Bruselas insiste en que, aunque el cierre duela hoy, la recuperación de los fondos garantizará la viabilidad de la pesca a largo plazo.
El mapa del veto: Zonas donde el fondo marino es intocable
La aplicación de la prohibición es estricta y se apoya en sistemas de monitoreo por satélite (VMS) para evitar que los barcos entren en las zonas restringidas. Actualmente, las áreas donde el arrastre de fondo está prohibido o severamente limitado son las siguientes:
Aguas profundas del Atlántico Nororiental: Prohibición total de arrastre por debajo de los 800 metros desde el año 2017.
Las 87 zonas de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV): Un total de 16.419 km2 entre los 400 y 800 metros de profundidad en aguas de España, Francia, Irlanda y Portugal, donde el veto fue ratificado en 2025.
Fondos Sensibles: Prohibición absoluta sobre lechos de Posidonia oceanica, corales y fondos de maërl.
Proximidad costera: A partir del 1 de octubre de 2026, entrará en vigor la prohibición de arrastre para buques de más de 18 metros en la zona de las seis millas costeras.
Mediterráneo: Prohibición a más de 800 metros y planes de reducción que, en 2026, limitan la actividad de los arrastreros a un máximo de 143 días de faena al año.
El horizonte para 2030 es aún más restrictivo, ya que la Comisión Europea pretende eliminar el arrastre de fondo en todas las Áreas Marinas Protegidas de la Red Natura 2000. Para Galicia, el reto ya no es solo resistir, sino sobrevivir a una transición forzosa hacia métodos de pesca que el sector aún considera insuficientes para alimentar a Europa.
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