La pesca de arrastre se la juega en los despachos y en las calles de Vigo (vídeo)

Decenas de activistas de Ecoloxistas en Acción y Greenpeace protagonizaron ayer una protesta frente a la sede de la Agencia Europea de Control de la Pesca en Vigo, coincidiendo con la visita del comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y el ministro español Luis Planas. 

El objetivo de la acción fue exigir la permanencia de las medidas de protección establecidas en 2022 para 87 zonas vulnerables de aguas profundas en la Unión Europea, consideradas hábitats marinos extremadamente frágiles. La acción tuvo lugar ante la reunión del Comisario de pesca europeo con los palangreros en sede de la Agencia de Europea de Control de la Pesca en Vigo.

La protesta se produce en un momento clave, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirmó la legalidad del reglamento comunitario que prohíbe la pesca de arrastre de fondo en estas áreas, validando la metodología científica empleada para identificar los Ecosistemas Marinos Vulnerables y subrayando la necesidad de preservar la biodiversidad frente a prácticas pesqueras destructivas.

Debate sobre el futuro de la pesca de arrastre en la UE

Las organizaciones ecologistas acusan al exdirector general de Pesca de la Xunta, Antonio Basanta, de intentar revertir el consenso científico y la decisión judicial europea con su propuesta de reabrir las zonas protegidas a las artes de pesca de fondo. Según los colectivos ambientales, las reuniones celebradas en Vigo buscan cuestionar un proceso basado en la ciencia, el derecho y el principio de precaución.

 “Basanta, xunto co lobby industrial e algúns eurodeputados españois, busca socavar a integridade do regulamento sobre o acceso aos fondos mariños, pero tamén a credibilidade da UE como líder mundial na gobernanza dos océanos e os propios compromisos internacionais de protección da biodiversidade mariña adquiridos polo Goberno español e a Comisión Europea”, argumenta Ana Freiría, licenciada en Ciencias do Mar  y una de las portavoces ecologistas.

Los armadores gallegos perciben la protesta de los ecologistas como una acción que pone en cuestión la viabilidad económica de su actividad y la supervivencia de la flota que depende de la pesca de arrastre en aguas profundas. Consideran que las restricciones impuestas por la Unión Europea no tienen suficiente base científica y, además suponen un perjuicio directo para el sector, al limitar el acceso a caladeros tradicionales y reducir las posibilidades de capturas, lo que afecta tanto a la rentabilidad de las empresas como al empleo en las comunidades costeras.

La Unión Europea mantiene actualmente una postura firme: la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental, medida que afecta a aguas frente a las costas de España, Francia, Irlanda y Portugal. Esta restricción, en vigor desde 2022, responde a la evidencia de los daños ecológicos que la pesca de arrastre causa en los fondos marinos y en especies de aguas profundas, como alfonsinos, besugos y ciertas especies de tiburones, altamente vulnerables por su lenta reproducción. El Tribunal General de la UE ha desestimado los recursos presentados por el Gobierno español y organizaciones pesqueras, reforzando así la protección frente a los intereses económicos del sector.

El mandatario comunitario ha optado por no mojarse durante su visita oficial a Vigo. De sus palabras se deduce que apuesta por un equilibrio entre las posturas enfrentadas. Así, Kadis ha apelado este jueves al trabajo con el sector pesquero para lograr una actividad "sostenible, rentable y cuidadosa con el medio ambiente" y ha puesto en valor la actividad de la formación de los profesionales en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

.

Impacto económico y ambiental

En Galicia, la pesca de arrastre representa aproximadamente un 25% del pescado que llega a los puertos gallegos, siendo los de A Coruña, Vigo y Marín los más afectados por las restricciones. La flota gallega, que solo puede faenar con arrastre en profundidades superiores a los 100 metros y en zonas muy delimitadas, observa con preocupación el avance de las políticas europeas, ya que la Comisión Europea prevé que en 2030 hasta un 30% de las aguas comunitarias estén protegidas y vetadas a este tipo de pesca. El sector advierte de un posible efecto dominó, con más barcos operando en menos espacio y una presión creciente sobre los recursos pesqueros.

A pesar de las inquietudes económicas, el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca no ha encontrado pruebas concluyentes de un perjuicio económico generalizado tras dos años de evaluación de los cierres, aunque reconoce que en casos individuales de impacto significativo podría estudiarse una compensación.

La Unión Europea está implementando varias medidas para equilibrar la protección ambiental con los intereses de los armadores. Entre las principales iniciativas destaca la introducción de mecanismos de modulación y compensación en la regulación de las cuotas de pesca. Por ejemplo, los armadores que adapten sus redes para hacer la pesca más sostenible pueden ver incrementados los días permitidos de faena, lo que incentiva la adopción de prácticas menos dañinas para el medio marino sin eliminar completamente la actividad de arrastre.