#Claves de la semana

Abogados y procuradores del turno de oficio, dados de lado por las administraciones pese a llevar semanas en huelga

Ni llevar casi un mes en huelga indefinida ni los efectos de los paros sobre el correcto funcionamiento de la Justicia han hecho levantar el teléfono a las administraciones públicas.


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Abogados del turno de oficio

 

Tras casi un mes en huelga indefinida, los abogados y procuradores del turno de oficio mantienen las espadas en lo alto, pero por ahora sus reivindicaciones no han sido escuchadas. Sus demandas para obtener mejoras en el desempeño de sus funciones han caído en saco roto hasta la fecha, con todas las administraciones implicadas mirando hacia otro lado, pese a que los efectos de la huelga ya están teniendo un considerable efecto sobre el correcto funcionamiento de la Justicia. Para remarcar que la lucha sigue, este jueves se han celebrado sendas protestas en las principales ciudades de España, entre ellas la movilización protagonizada en A Coruña.

 

Decenas de profesionales secundaron hoy la huelga delante de los juzgados coruñeses con la pancarta 'Por los ciudadanos, por un turno de oficio digno por unas jubilaciones dignas' y coreando lemas como como 'Somos abogados, no somos esclavos' o 'Trabajo realizado, trabajo cobrado'.

 

SIN NOTICIAS DE NADIE

Mientras se reproducen las protestas por todo el país, los juicios siguen siendo aplazados al atenderse en los juzgados las peticiones de suspensión de plazos, con miles de procesos paralizados a nivel estatal. Desde Marea Negra, plataforma que agrupa a distintas organizaciones y personas dentro del colectivo, señala que hasta ahora nadie ha atendido a la llamada del sector, pese a sus indudables efectos. 

 

"Los profesionales que la secundan inundan los chats de mensajería con innumerables resoluciones de suspensión y apoyo desde cualquier punto de España mostrando una fuerza especial en el territorio de Galicia", subrayan desde la entidad, al tiempo que eleva hasta el 95% el número de solicitudes presentadas que se aprueban, reforzando la postura de los letrados.

 

"Estos resultados se han conseguido además a pesar de la inexplicable actitud de presión ejercitada por los ICAS y en general de la abogacía y Procura institucional, que han demostrador una falta de empatía y sensibilidad absoluta con todos aquellos a quienes dicen representar", reprenden. Por el contrario, "operadores jurídicos, jueces, fiscales, LAJ y funcionarios de justicia" han mostrado su solidaridad con los huelguistas, que mantienen entre sus reivindicaciones la regulación jurídica de los profesionales del turno de oficio, una remuneración digna, derecho a la conciliación y al descanso o el derecho a una mejor formación.

 

"El colectivo seguirá su lucha de manera indefinida mientras no consiga dignificar las condiciones de ejercicio de nuestra profesión. Este objetivo persigue justamente que el significado intrínseco de esta palabra, dignidad, sea reconocida con retribuciones y derechos laborales básicos que nos permitan continuar con nuestro trabajo esencial para la sociedad, porque sin el derecho, una sociedad civilizada no sería posible, y los abogados y procuradores somos derecho", reiteran. 

 

¿CAMBIO DE LEY?

Por su parte, desde la Consellería de Xustiza despachan el problema lanzando la pelota al Gobierno central. Así, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, dice que debe ser una reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita en las Cortes generales la que mejore la situación de los afectados, pese a que Galicia tiene mucho que decir en el asunto al tener transferidas las competencias en materia de Justicia. 

 

La "gran competitividad profesional", con "grandes despachos y de tarifas 'low cost' que están por debajo de las cantidades fijadas en los baremos", y la Ley de contratos del servicio público son los "dos obstáculos" que tiene la administración para fijar un precio por los servicios jurídicos. Por otra banda, a la solicitud de los abogados en huelga de crear un cuerpo de letrados de justicia gratuita dependiente de la Xunta, Tronchoni dice que, de hacerse, significaría "acabar con la garantía de una buena defensa de justicia gratuita" y de la "tutela judicial efectiva por la existencia de los principios de jerarquía".

 

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