Nueve meses de prisión por maltrato extremo a una perra en Ribeira

La Justicia gallega condena a un vecino de Oliveira por un delito continuado que provocó la muerte del animal tras meses de sufrimiento.


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Perrita maltratada a punto de fallecer en una foto remitida por El Refugio
Perrita maltratada a punto de fallecer en una foto remitida por El Refugio

El Juzgado Nº 2 de lo Penal de Santiago de Compostela ha dictado sentencia contra J.L. natural de Oliveira (Ribeira, A Coruña), por un delito continuado de maltrato animal agravado., según informa el colectivo animalista El Refugio. 

 

El acusado mantenía a su perra mestiza encadenada de forma permanente sin acceso a alimento, agua ni atención veterinaria durante 2019, lo que le causó un fallo cardio-respiratorio mortal en noviembre de ese año. El cadáver presentaba atrofia muscular, fracturas dentales, heridas purulentas y desnutrición extrema, según el informe forense.

 

La sentencia incluye inhabilitación y costas
La magistrada impuso 9 meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena y 4 años sin poder trabajar con animales. La resolución subraya el carácter especialmente cruel del caso, evidenciado por las lesiones acumuladas durante meses. El condenado deberá asumir las costas procesales.

 

El examen postmortem reveló uñas desproporcionadamente largas, pérdida generalizada de pelo y costras infectadas, indicativos de abandono absoluto. Los veterinarios forenses confirmaron que el animal sobrevivió en condiciones inhumanas antes del colapso final.

 

Contexto: avances y desafíos en protección animal
El caso coincide con el debate social sobre el endurecimiento de las penas por maltrato animal, tras recientes reformas legislativas. Aunque la concienciación ciudadana ha aumentado, las asociaciones denuncian dificultades procesales en la recopilación de pruebas y la necesidad de más recursos especializados. El Refugio insiste en la importancia de la denuncia temprana y el seguimiento de casos como el juzgado en Compostela. 

 

Nacho Paunero, presidente de El Refugio, destacó la condena como un "triunfo contra la impunidad". La entidad, que intervino en el caso, resaltó su compromiso de perseguir judicialmente a los maltratadores. Fundada en 1996, la organización opera con financiación privada mediante cuotas desde 3€ mensuales, aplicando el sacrificio cero y promoviendo adopciones responsables.


 

 

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