Casi 500 funcionarios gallegos llevan años atrapados en un "limbo administrativo" y piden ayuda a la valedora

Casi quinientos trabajadores de la administración gallega llevan más de dos años esperando que la Xunta de Galicia resuelva su proceso de promoción interna. Habían aprobado sus oposiciones dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2020/2021, cuya convocatoria se publicó en 2023. Ahora, hartos de esperar y sin haber recibido ninguna respuesta concreta por parte de la Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, han dado un paso más: elevar una queja formal ante la valedora do Pobo y preparar movilizaciones para las próximas semanas.

El Colectivo de Opositores de Promoción Interna de Cuerpos Generales de la Xunta de Galicia cifra en 493 los empleados públicos afectados. Son trabajadores que ya forman parte de la administración y que, tras superar con éxito unas pruebas selectivas de promoción interna, aguardan la resolución de su proceso para consolidar su avance profesional dentro del sistema. Sin embargo, ese paso final sigue sin materializarse.

Lo que más indigna al colectivo es la comparación con otros procesos similares. La propia administración gallega ya ha dado por concluidos tanto los concursos de traslados como las ofertas de acceso libre correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, es decir, convocatorias del mismo período o incluso anteriores. A pesar de ello, los 493 aprobados por promoción interna continúan en una situación de incertidumbre sin fecha de resolución a la vista.

UN SILENCIO ADMINISTRATIVO INSOSTENIBLE

El colectivo explica que no se ha cruzado de brazos. Sus representantes contactaron directamente con la Dirección Xeral de Emprego Público en busca de una respuesta concreta y de un plazo de resolución. El resultado fue nulo: ningún compromiso, ninguna fecha, ninguna explicación de fondo. Ante ese muro de silencio institucional, decidieron recurrir a la valedora do Pobo, la institución gallega encargada de proteger los derechos de los ciudadanos frente a la administración, para que ejerza su papel mediador ante lo que califican de "atropello administrativo".

La queja presentada ante la valedora no es un trámite menor. Supone trasladar al órgano de control independiente la denuncia de que la Dirección Xeral está incumpliendo sus obligaciones con casi quinientas personas que tienen derechos consolidados tras haber superado un proceso selectivo reglado. El colectivo pide que la valedora intermedie de forma efectiva para desbloquear una situación que consideran tan injusta como evitable.

En paralelo, el grupo está preparando acciones de protesta para las próximas semanas. Aunque no han concretado aún el formato ni las fechas exactas, la intención es ganar visibilidad pública y presionar a la administración gallega a través de la movilización. La situación, denuncian, ya no admite más espera.

AGRAVIO COMPARATIVO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA GALLEGA

El trasfondo del conflicto apunta a lo que el colectivo describe como un caso flagrante de agravio y discriminación en la gestión de los procesos selectivos por parte de la Consellería competente. No cuestionan el resultado de las oposiciones —las aprobaron— sino la ausencia de voluntad política y administrativa para culminar un proceso que debería haber concluido hace tiempo.

El contexto resulta llamativo si se tiene en cuenta que la Xunta de Galicia está poniendo en marcha en 2026 una nueva oleada de convocatorias con más de 1.700 plazas previstas para cuerpos generales, según los datos publicados sobre la Oferta de Empleo Público de este año. Que la administración sea capaz de organizar nuevas oposiciones mientras mantiene sin resolver un proceso de años atrás es algo que el colectivo considera difícil de explicar y más difícil aún de justificar.