Familiares alertan de que la Xunta avisa a las residencias antes de las visitas

La asociación de familiares Vellez Digna ha hecho público un duro comunicado en el que acusa al sistema de inspección gallego de permitir preavisos a residencias, una práctica que, según el colectivo, facilita el maquillaje de irregularidades. La denuncia llega en plena polémica por los cierres de centros en Amoeiro y Xinzo, y después de que partidos y asociaciones pidieran documentación y explicaciones a la Xunta.  

"Estas residencias non estaban peor que hai un ano, por elas pasaron as inspeccións, na consellería sabían o que ocorría, e como sempre a Fabiola non fixo nada", alegan.

La organización  denuncia que el actual modelo de inspección permite que las residencias reciban avisos previos sobre la fecha y hora de las visitas. Esa circunstancia, afirma la asociación, favorece que los centros «corrijan» temporalmente problemas para eludir sanciones y ocultar el estado real de los usuarios.  

A Xunta, sistematicamente,  fai oídos sordos, esconde as faltas e  nega a realidade mais evidente, non actúa ante os informes do seu propio servizo de inspección, cando non o boicotea avisando as residencias de que van ser inspeccionadas, persigue e acosa ademais aos inspectores que se atreven a denunciar as prácticas corruptas da consellería .

El comunicado reclama además mayor transparencia en los procedimientos administrativos y gubernamentales: según Vellez Digna, la Consellería habría restringido el acceso de denunciantes y familiares a los expedientes abiertos, lo que impediría conocer el resultado de las actuaciones iniciadas tras las quejas presentadas. El texto subraya que la opacidad fomenta la impunidad y facilita la continuidad de prácticas que consideran lesivas para la atención de las personas dependientes.  

En su nota, el colectivo apunta también a medidas concretas adoptadas por la administración que, a su juicio, han debilitado la seguridad en los centros: supresión de inspecciones en tardes y fines de semana, eliminación de la obligación de enfermera 24 horas en determinadas plazas y la permisividad con respecto a ratios de personal. La asociación advierte que esas decisiones convierten la asistencia en un servicio con lógica empresarial más que en un derecho público.  

La denuncia de Vellez Digna se produce en un contexto de atención mediática y política tras los cierres, en octubre, de dos viviendas comunitarias de mayores en la provincia de Ourense —una en Amoeiro y otra en Xinzo de Limia— ordenados por la Xunta después de inspecciones que detectaron deficiencias graves. En ambos casos los informes señalaron problemas de atención, sobreocupación y falta de garantías para usuarios, hechos que desencadenaron reubicaciones y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. 

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido al gobierno autonómico que entregue actas, informes e expedientes sancionadores relacionados con esos centros y con otros casos recientes, y ha pedido explicaciones sobre si la Xunta conocía la situación con anterioridad. La petición parlamentaria busca aclarar si hubo omisión o demora en las actuaciones administrativas. 

Paralelamente, la Asociación El Defensor del Paciente y el propio BNG han llevado a la esfera pública la acusación de que el sistema de inspecciones sufre un “boicot” que impide fiscalizar con eficacia las residencias: ambas organizaciones han reclamado investigaciones y transparencia ante lo que describen como un fallo institucional de control.  

En 2023, el colectivo de inspectores de servicios sociales alertó ya de que la programación habitual de las visitas —con calendarios accesibles a varios cargos— permitía filtraciones y avisos a centros inspeccionados, y exigió un modelo en el que solo el/a inspector/a supiese la fecha de su actuación. Aquella denuncia desencadenó una investigación interna y tensiones entre personal de la inspección y la Consellería. 

Vellez Digna recoge en su comunicado muchas de esas críticas: habla de persecución y acoso a los funcionarios que alertan de las prácticas, de censura de expedientes y de una gestión que prioriza la imagen por encima del cuidado. En su texto la asociación reclama cambios estructurales y censura lo que identifica como una relación de complicidad entre la administración y las empresas que gestionan camas y servicios.  

La Consellería y la Fiscalía: qué han dicho 

Ante la ola de críticas, la Consellería de Política Social ha subrayado públicamente que las decisiones de cierre se adoptan después de las propuestas de sus funcionarios de inspección y que cuando se detectan “graves deficiencias” actúa con rapidez —así lo ha recordado la conselleira en las últimas comparecencias tras el cierre de Xinzo y Amoeiro—. La administración, por tanto, defiende la existencia de un marco de actuación que permite clausuras y sanciones cuando la inspección lo recomienda. 

En 2023 la Consellería negó con rotundidad que se comunicaran anticipos y defendió la integridad de la labor inspectora, a la vez que abrió indagaciones internas cuando los propios inspectores hicieron públicas sus sospechas. Ese cruce de versiones —denuncia pública de los inspectores, investigación interna de la Xunta y la negación oficial— se mantiene como telón de fondo de la actual controversia. 

Vellez Digna asegura en su nota, además, que la Fiscalía ha actuado con lentitud en otros casos previos y que solo cuando la presión mediática crece se aprecian movimientos administrativos o judiciales; sin embargo, en los cierres recientes la Fiscalía sí ha iniciado diligencias 

El comunicado de Vellez Digna apuesta por una reconversión del sistema: reclama que la atención a la dependencia deje de verse como un negocio y se impulse un servicio público de cuidados, con plazas suficientes, financiación adecuada, coordinación con la Atención Primaria y plantillas con ratios y formación que garanticen el trato digno. 

Mentres os coidados se entendan como un negocio existira o maltrato, as empresas queren gañar cartos e para elo recortan en persoal, en alimentación e en coidados, saben que poden facelo a pesar das leis que o prohiben, xa que contan coa complicidade dunha xunta amiga que llo permite.

La asociación propone la gratuitidad o precios ajustados a las pensiones y condiciones laborales dignas para los trabajadores.