política social

Los nacionalistas proponen un sistema público de puntos. Además, demandan las actas de los asilos cerrados Verín y Amoeiro, que Política Social lleva meses sin remitir al Parlamenta. Señalan, además, que hay discrepancia en el número de sanciones impuestas. Desde San Caetano rebaten atacando a los nacionalistas, a los que acusan de poner en duda el trabajo de los inspectores, el mismo colectivo que hace unos años acusó a la Xunta de boicotear su trabajo por avisar con antelación de sus visitas a los asilos.

La llamada a concentrarse ante el Pazo do Hórreo busca poner el foco sobre una "atención digna a la dependencia". 

La institución del Valedor do Pobo registró un nuevo incremento en el número de reclamaciones en 2024, reflejando la creciente preocupación social por los servicios públicos en Galicia. Según el informe anual presentado por María Dolores Fernández Galiño, un total de 16.562 expedientes fueron tramitados, consolidando la confianza de la ciudadanía gallega en esta figura de control público.

Fabiola García Martínez, sobre las viviendas cerradas por "graves deficiencias", no acerca una fecha de reapertura.

CIG denuncia "parálisis" de las mesas de negociación del convenio de residencias privadas y SAF.

Desde la Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (ACEESCA) piden invertir fondos europeos en esta infraestructura clave para muchas familias.

La asociación de familiares Vellez Digna ha hecho público un duro comunicado en el que acusa al sistema de inspección gallego de permitir preavisos a residencias, una práctica que, según el colectivo, facilita el maquillaje de irregularidades. La denuncia llega en plena polémica por los cierres de centros en Amoeiro y Xinzo, y después de que partidos y asociaciones pidieran documentación y explicaciones a la Xunta. 

La Asociación Defensor del Paciente y el BNG exigen la intervención de la Fiscalía y responsabilidades políticas a Rueda tras el escándalo de los cierres de Amoeiro y Xinzo. Las denuncias sobre "avisos previos" antes de las inspecciones no son nuevas: miembros de la propia asociación de inspectores de la Xunta ya fue expedientada en el pasado por alertar de estas prácticas. Desde entonces, se impuso la ley del silencio hasta que las repentinas clausuras de esos dos asilos.

¿Qué hicimos como pueblo? Mirar para otro lado e irnos de fiesta.

La Vivienda Comunitaria Residencial San Gabriel, cerrada ayer repentinamente por la Xunta se defiende. En declaraciones a Galiciapress, fuentes de próximas a la representación legal de la empresa titular, San Gabriel SL, rebaten las deficiencias esgrimidas por la Xunta y enmarcan la clausura en una supuesta caza de brujas desatada por la Consellería Política Social a raíz del caso de la otra residencia cerrada unas semanas antes, la de Amoeiro.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, respondió a las preguntas de Galiciapress tras la celebración del Consello da Xunta sobre las críticas de la Federación Fademga Plena Inclusión Galicia y la Asociación Empresarial para a Discapacidade Intelectual e do Desenvolvemento de Galicia por no actualizar el precio de los contratos suscritos. 

El conselleiro Diego Calvo, que presidió el Consello da Xunta este lunes, respondió a Galiciapress sobre las cuestiones en torno a la Vivienda Comunitaria Jardín del municipio ourensano, cerrada tras una actuación policial solo tres semanas después de la revisión de los inspectores de Política Social. "Cuando Inspección acude y no encuentra evidencias no podemos hacer nada", defiende.

Fue una denuncia policial en extranjería la que destapó las deficiencias tan graves que motivaron el súbito y rápido cierre del asilo por parte de la Xunta esta semana. Administración que a principios de mes había inspeccionado el centro sin encontrar motivos para su cierre, pero sí para abrirle un expediente. El BNG pide explicaciones. La situación de los ancianos era pésima. Comían leche con patatas, no estaban bien aseados y uno tenía el aparato de control de la tensión sin pilas. 

El comité de personal de Política Social en Pontevedra ha denunciado este viernes la situación de "continuas agresiones" que sufren tanto los trabajadores como los usuarios de las residencias de mayores de la Xunta, reconvertidas en centros de atención a dependientes para acoger a personas en situación de emergencia social. Entre estos perfiles se incluyen exconvictos, personas con adicciones o con patologías psiquiátricas, cuya integración en estos espacios está generando un clima que los sindicatos califican de "violento e insostenible".

Más de 650 personas asisten en el Pavillón Polideportivo de Esteiro a una exhibición que destaca el papel clave de estos animales en la autonomía de las personas ciegas.

Pese a las graves irregularidades detectadas en otras ocasiones, la Administración jamás había cerrado una residencia de ancianos durante, al menos, una década. La decisión llega tras la denuncia de un familiar en el Ayuntamiento de Amoeiro, que transmitió la queja a la Xunta, quien dijo que ya estaba al tanto.

La Xunta ha decretado el cierre del hogar, de titularidad privada, de seis usuarios ya reubicados en residencias públicas.

La asociación empresarial AEDIGAL denuncia que la Consellería de Política Social incumple los conciertos al no actualizar los precios para cubrir los costes reales del servicio, lo que aboca a muchas entidades a la insolvencia y pone en riesgo la atención a miles de usuarios. El conflicto se suma al malestar por la gestión de las ayudas a la dependencia.

Hace tiempo que los valoradores de la Xunta denuncian que no hay medios humanos para procesar todas las solicitudes. Una denuncia que hoy ha tenido eco en la presentación de un nuevo colectivo reivindicativo en el que participan sindicatos y fuerzas de la izquierda gallega

Una de las técnicas de la Xunta que revisa las solicitudes accede a hablar con Galiciapress anónimamente. La falta de seguridad y los insuficientes recursos humanos son dos de los principales problemas de un sistema de ayudas que mantiene en vilo a miles de familias.