política social

CIG-Ensino, CCOO Ensino, UGT-SP Ensino, USO, CUT y SNEP anuncian movilizaciones en los centros de trabajo para mostrar su "hartazgo".

La portavoz socialista de Política Social en el Parlamento gallego, Silvia Longueira, acusa al Gobierno de Alfonso Rueda de acumular demoras “de más de cinco meses” en la concesión de la ayuda económica destinada a personas en riesgo de exclusión, mientras que la Xunta niega tajantemente cualquier retraso y asegura que los tiempos se han reducido “muy por debajo de lo que exige la normativa”.

La Xunta defiende que Galicia supera las 19.000 plazas de residencias públicas, más del triple que en 2009, y que los mayores prefieren "ser atendidos en casa". No obstante, los datos hablan de una alarmante falta de plazas en una comunidad cada vez más envejecida.

La asociación denuncia que otras administraciones y cuerpos públicos están asumiendo funciones que corresponden a la Consellería de Política Social por su presunta falta de actuación en la vigilancia de los centros asistenciales, una acusación que la Xunta siempre ha rebatido. 

La plataforma denuncia la "inactividad" de Política Social, suplica por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e Inspección de Trabajo. 

La administración autonómica admite en el Parlamento que su última visita a la residencia compostelana fue en julio y aceptó las justificaciones burocráticas de la empresa, meses antes de que la plantilla alertara de que los mayores usaban cucharas para pedir auxilio por fallos en los timbres. Desde la denuncia de la plantilla en noviembre, no se ha vuelto a inspeccionar el centro de la multinacional.

Los trabajadores del colectivo de protección y reforma de menores, encargados de atender a niños y niñas que se encuentran en pisos tutelados, salvan en muchas ocasiones las fiestas desde la sombra. Estos, junto con los trabajadores de infantil y discapacidad, pelean desde hace meses por que la Xunta abra un proceso de diálogo donde poner sobre la mesa sus reivindicaciones en sectores precarizados y donde faltan los recursos humanos y materiales. Ricardo Castro, secretario xeral del sindicato CUT, explica a Galiciapress cómo sale adelante el servicio en fechas como esta y cómo la negativa de la Xunta a negociar empuja a los sindicatos a convocar más días de huelga.

A través de estos fondos se subvencionarán obras de acondicionamiento de los centros, la adquisición y mejora de bienes de equipamiento y la compra de vehículos eficientes

La marcha ha partido de la Alameda de Santiago al grito de 'Política social maltrata ao seu persoal' en dirección al centro de la ciudad compostelana.
 

Los usuarios denuncian "amenazas" y "presiones" de la dirección, que ha expedientado a un usuario para, después, trasladarlo a otro centro a 200 kilómetros de distancia.

Los nacionalistas proponen un sistema público de puntos. Además, demandan las actas de los asilos cerrados Verín y Amoeiro, que Política Social lleva meses sin remitir al Parlamenta. Señalan, además, que hay discrepancia en el número de sanciones impuestas. Desde San Caetano rebaten atacando a los nacionalistas, a los que acusan de poner en duda el trabajo de los inspectores, el mismo colectivo que hace unos años acusó a la Xunta de boicotear su trabajo por avisar con antelación de sus visitas a los asilos.

La llamada a concentrarse ante el Pazo do Hórreo busca poner el foco sobre una "atención digna a la dependencia". 

La institución del Valedor do Pobo registró un nuevo incremento en el número de reclamaciones en 2024, reflejando la creciente preocupación social por los servicios públicos en Galicia. Según el informe anual presentado por María Dolores Fernández Galiño, un total de 16.562 expedientes fueron tramitados, consolidando la confianza de la ciudadanía gallega en esta figura de control público.

Fabiola García Martínez, sobre las viviendas cerradas por "graves deficiencias", no acerca una fecha de reapertura.

CIG denuncia "parálisis" de las mesas de negociación del convenio de residencias privadas y SAF.

Desde la Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (ACEESCA) piden invertir fondos europeos en esta infraestructura clave para muchas familias.

La asociación de familiares Vellez Digna ha hecho público un duro comunicado en el que acusa al sistema de inspección gallego de permitir preavisos a residencias, una práctica que, según el colectivo, facilita el maquillaje de irregularidades. La denuncia llega en plena polémica por los cierres de centros en Amoeiro y Xinzo, y después de que partidos y asociaciones pidieran documentación y explicaciones a la Xunta. 

La Asociación Defensor del Paciente y el BNG exigen la intervención de la Fiscalía y responsabilidades políticas a Rueda tras el escándalo de los cierres de Amoeiro y Xinzo. Las denuncias sobre "avisos previos" antes de las inspecciones no son nuevas: miembros de la propia asociación de inspectores de la Xunta ya fue expedientada en el pasado por alertar de estas prácticas. Desde entonces, se impuso la ley del silencio hasta que las repentinas clausuras de esos dos asilos.

¿Qué hicimos como pueblo? Mirar para otro lado e irnos de fiesta.

La Vivienda Comunitaria Residencial San Gabriel, cerrada ayer repentinamente por la Xunta se defiende. En declaraciones a Galiciapress, fuentes de próximas a la representación legal de la empresa titular, San Gabriel SL, rebaten las deficiencias esgrimidas por la Xunta y enmarcan la clausura en una supuesta caza de brujas desatada por la Consellería Política Social a raíz del caso de la otra residencia cerrada unas semanas antes, la de Amoeiro.