ASGADeD acusa a la Xunta de pasar del control de las residencias y dejárselo a la Policía e Inspección de Trabajo

La Asociación en Defensa do Sistema Público da Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) ha lanzado hoy una dura crítica contra la Consellería de Política Social, a la que acusa de inacción en su deber de supervisar y controlar las residencias de mayores y otros centros asistenciales en Galicia. Según la organización, en los últimos meses de 2025 se detectaron diversas situaciones de negligencia que obligaron a intervenir a otros organismos como la Inspección de Trabajo y las fuerzas de seguridad, ante lo que tildan de pasividad de los servicios autonómicos de inspección.

ASGADeD afirma que estos hechos evidencian una falta de diligencia institucional que ha puesto en riesgo la atención de las personas residentes y destaca que, en varios casos, las actuaciones más urgentes se produjeron solo tras avisos de particulares o de los concellos afectados, no por iniciativa de la Xunta.

Política Social ha venido defendiendo en los últimos años que sí cumple con su deber de inspeccionar las residencias y actuar cuando detecta problemas. Ante críticas de sindicatos y colectivos, la Xunta suele insistir en que prioriza los casos más graves y que sus procedimientos internos garantizan el control de las residencias, y niega que exista pasividad sistemática. 

Casos recientes en Ourense y A Limia

Uno de los ejemplos señalados por la asociación es el cierre de la Vivenda Comunitaria Xardín, en el municipio ourensano de Amoeiro, el pasado octubre. Según la información recabada por ASGADeD y que también fue difundida por los medios, la clausura del centro no se debió a una inspección de la Xunta sino a la denuncia de un particular. A partir de esa advertencia, el Concello de Amoeiro activó una inspección laboral y la intervención de las fuerzas de seguridad, que habrían constatado una falta de cuidados adecuados a las personas residentes.

Solo después de estas actuaciones, y tras la presión de otros organismos, la Consellería de Política Social se habría implicado en el proceso de cierre. Desde ASGADeD critican además que, durante esos días, la subdirectora de Inspección se encontraba de vacaciones, lo que interpretan como una muestra de desinterés institucional, teniendo en cuenta que una inspección previa apenas dos semanas antes no resolvió la situación.

Días más tarde, el 14 de octubre, la Xunta clausuró otra vivienda comunitaria, San Gabriel, en Xinzo de Limia, por presunta sobreocupación. La asociación se pregunta si esta medida fue una reacción para “justificar” la gestión del caso de Amoeiro, recordando que existen otros centros en Galicia con situaciones similares que siguen abiertos.

Nuevas alertas sobre deficiencias

La crítica de ASGADeD llega en un momento en que siguen saliendo a la luz problemas en residencias gallegas, algunos de ellos denunciados por sindicatos como CCOO o CSIF. En noviembre, CCOO expuso deficiencias “insalubres e insostenibles” en la residencia DomusVi San Lázaro, en Santiago de Compostela, uno de los centros que registró más muertes por COVID-19 —41 en los primeros meses de la pandemia—. Según el sindicato, la situación sigue sin mejorar y la consellería ha mantenido una postura de inacción.

También la Inspección de Trabajo ha intervenido en la residencia de mayores de Oleiros, a raíz de una denuncia de CSIF después de la fuga de una persona usuaria. El informe laboral recoge carencias materiales, organizativas y estructurales, así como la ausencia de protocolos claros de actuación.

ASGADeD pide responsabilidades

Ante esta sucesión de casos, la organización solicita que la conselleira Fabiola Rodríguez y su equipo asuman responsabilidades, incluyendo a los mandos intermedios de la Subdirección y el Servicio de Inspección de Maiores. Para ASGADeD, la estructura de control depende cada vez más de actuaciones externas, transformando la inspección autonómica en “un ente decorativo” sin capacidad real para garantizar la dignidad y seguridad de las personas mayores y dependientes. 

En otras ocasiones, la Consellería de Política Social ha respondido a las críticas defendiendo la normalidad y suficiencia de su labor inspectora. Suele subrayar que existe un calendario de inspecciones, actuaciones programadas y visitas “cuando hay indicios de irregularidades”, y que el sistema gallego de supervisión cumple la normativa autonómica y estatal.

Cuando se han cuestionado las inspecciones en otras residencias o vivendas comunitarias, la línea argumental de Política Social ha sido insistir en que actúa priorizando los casos más graves y que muchos expedientes se resuelven mediante requerimientos escritos y subsanaciones internas, no siempre visibles públicamente. También ha recalcado que la responsabilidad del día a día corresponde a las empresas gestoras y que las sanciones o cierres deben estar muy fundamentados jurídicamente para evitar posibles recursos.