residencias

La empresa tecnológica Velneo, con sede en O Porriño, ha presentado un nuevo desarrollo de software específico para residencias geriátricas que promete cambiar el paradigma de la atención, pasando de la mera gestión administrativa a una monitorización proactiva 24x7 centrada en la salud y el bienestar del usuario.

La alimentación de las personas mayores y dependientes vuelve al centro del debate en Galicia. La Asociación Galega en Defensa da Dependencia e da Discapacidade (ASGADeD) ha relanzado una campaña pública para denunciar las carencias nutricionales que, según la entidad, persisten en residencias, centros de día y programas como Xantar na Casa.

La Xunta defiende que Galicia supera las 19.000 plazas de residencias públicas, más del triple que en 2009, y que los mayores prefieren "ser atendidos en casa". No obstante, los datos hablan de una alarmante falta de plazas en una comunidad cada vez más envejecida.

La asociación denuncia que otras administraciones y cuerpos públicos están asumiendo funciones que corresponden a la Consellería de Política Social por su presunta falta de actuación en la vigilancia de los centros asistenciales, una acusación que la Xunta siempre ha rebatido. 

La plataforma denuncia la "inactividad" de Política Social, suplica por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e Inspección de Trabajo. 

La administración autonómica admite en el Parlamento que su última visita a la residencia compostelana fue en julio y aceptó las justificaciones burocráticas de la empresa, meses antes de que la plantilla alertara de que los mayores usaban cucharas para pedir auxilio por fallos en los timbres. Desde la denuncia de la plantilla en noviembre, no se ha vuelto a inspeccionar el centro de la multinacional.

Los socialistas creen que "el valor simbólico" de la iniciativa motiva el no de los populares y preguntan a la Xunta si es una decisión tomada en la dirección del PPdeG.

Además de visitas planificadas de forma periódica, surgen otras "extraordinarias" por "cualquier motivo"

Las residencias del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar siguen llevándose malas notas en la evaluación de sus menús por parte de los usuarios. De esta forma, y a pesar de contar con cocinas propias, la comida que se sirve es comida de cátering para ser reconstituidos en hornos de las propias residencias. Además, las y los trabajadores de estos centros insisten en la necesidad de contratar más personal ante la acumulación de carga de trabajo.
 

Los usuarios denuncian "amenazas" y "presiones" de la dirección, que ha expedientado a un usuario para, después, trasladarlo a otro centro a 200 kilómetros de distancia.

Los nacionalistas proponen un sistema público de puntos. Además, demandan las actas de los asilos cerrados Verín y Amoeiro, que Política Social lleva meses sin remitir al Parlamenta. Señalan, además, que hay discrepancia en el número de sanciones impuestas. Desde San Caetano rebaten atacando a los nacionalistas, a los que acusan de poner en duda el trabajo de los inspectores, el mismo colectivo que hace unos años acusó a la Xunta de boicotear su trabajo por avisar con antelación de sus visitas a los asilos.

La situación en las residencias de mayores en Galicia vuelve a estar en el ojo del huracán tras las graves acusaciones vertidas esta semana sobre la gestión del centro DomusVi San Lázaro, situado en Santiago de Compostela. Lo que describe la representación de los trabajadores dibuja un escenario propio de tiempos pretéritos, donde la tecnología ha fallado hasta tal punto que los usuarios, según el sindicato, deben recurrir a métodos rudimentarios para solicitar ayuda, mientras la empresa, el gigante del sector sociosanitario, reconoce fallos técnicos aunque niega tajantemente la desatención asistencial.

Las plazas públicas son una pequeña minoría, no llegan al 27%. De ellas, prácticamente todas están gestionadas por concesionarias privadas, a menudo por grandes grupos como DomusVi.

La controversia en torno a la residencia DomusVi de Monforte  continúa. La empresa dice que la práctica totalidad de la plantilla del centro  rechazalas graves acusaciones vertidas la pasada semana en el Parlamento de Galicia. Mediante un segundo comunicado, la dirección de la residencia ha informado de que los trabajadores han activado, de forma "voluntaria y libre", una recogida de firmas para desmentir las denuncias de precariedad y un supuesto brote de sarna.

Sanitarios del hospital de Monforte fueron llamados de urgencia al asilo. Su testimonio salió a luz hoy en una comparecencia en el Parlamento. El diputado denunciante pregunto a la Xunta cuando fue la última vez que inspeccionó este asilo, que arrastra años de quejas. La directora xeral se Maiores no respondió. Ni siquiera se refirió ni una vez a este centro. Defendió eso sí, la labor de la inspección.

Fabiola García Martínez, sobre las viviendas cerradas por "graves deficiencias", no acerca una fecha de reapertura.

Desde la Sociedad de Gerontología respaldan el control existente y desde la CIG, convocante de protestas en el sector en los últimos meses, piden incrementar personal y sanciones "eficaces"

CIG denuncia "parálisis" de las mesas de negociación del convenio de residencias privadas y SAF.

La tensión entre la Consellería de Política Social e Igualdade y el sindicato CIG ha escalado a un nuevo nivel. La conselleira, Fabiola García, ha denunciado públicamente ser víctima de "acoso" y "machismo" por parte de la central sindical, a la que vincula directamente con el BNG. Esta grave acusación surge tras meses de intensas protestas laborales en sectores clave de su competencia, como las residencias de mayores y el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La CIG rechaza frontalmente la etiqueta de acoso, defiende la legitimidad de sus movilizaciones como "políticas, nunca personales", y contraataca: el verdadero "machismo institucional", afirman, es la precariedad de los sectores feminizados que dependen de la Xunta.

La infraestructura será la primera Residencia de Apoyo a Personas Mayores (CAM) del organismo provincial en la provincia.