residencias

Los nacionalistas proponen un sistema público de puntos. Además, demandan las actas de los asilos cerrados Verín y Amoeiro, que Política Social lleva meses sin remitir al Parlamenta. Señalan, además, que hay discrepancia en el número de sanciones impuestas. Desde San Caetano rebaten atacando a los nacionalistas, a los que acusan de poner en duda el trabajo de los inspectores, el mismo colectivo que hace unos años acusó a la Xunta de boicotear su trabajo por avisar con antelación de sus visitas a los asilos.

La situación en las residencias de mayores en Galicia vuelve a estar en el ojo del huracán tras las graves acusaciones vertidas esta semana sobre la gestión del centro DomusVi San Lázaro, situado en Santiago de Compostela. Lo que describe la representación de los trabajadores dibuja un escenario propio de tiempos pretéritos, donde la tecnología ha fallado hasta tal punto que los usuarios, según el sindicato, deben recurrir a métodos rudimentarios para solicitar ayuda, mientras la empresa, el gigante del sector sociosanitario, reconoce fallos técnicos aunque niega tajantemente la desatención asistencial.

Las plazas públicas son una pequeña minoría, no llegan al 27%. De ellas, prácticamente todas están gestionadas por concesionarias privadas, a menudo por grandes grupos como DomusVi.

La controversia en torno a la residencia DomusVi de Monforte  continúa. La empresa dice que la práctica totalidad de la plantilla del centro  rechazalas graves acusaciones vertidas la pasada semana en el Parlamento de Galicia. Mediante un segundo comunicado, la dirección de la residencia ha informado de que los trabajadores han activado, de forma "voluntaria y libre", una recogida de firmas para desmentir las denuncias de precariedad y un supuesto brote de sarna.

Sanitarios del hospital de Monforte fueron llamados de urgencia al asilo. Su testimonio salió a luz hoy en una comparecencia en el Parlamento. El diputado denunciante pregunto a la Xunta cuando fue la última vez que inspeccionó este asilo, que arrastra años de quejas. La directora xeral se Maiores no respondió. Ni siquiera se refirió ni una vez a este centro. Defendió eso sí, la labor de la inspección.

Fabiola García Martínez, sobre las viviendas cerradas por "graves deficiencias", no acerca una fecha de reapertura.

Desde la Sociedad de Gerontología respaldan el control existente y desde la CIG, convocante de protestas en el sector en los últimos meses, piden incrementar personal y sanciones "eficaces"

CIG denuncia "parálisis" de las mesas de negociación del convenio de residencias privadas y SAF.

La tensión entre la Consellería de Política Social e Igualdade y el sindicato CIG ha escalado a un nuevo nivel. La conselleira, Fabiola García, ha denunciado públicamente ser víctima de "acoso" y "machismo" por parte de la central sindical, a la que vincula directamente con el BNG. Esta grave acusación surge tras meses de intensas protestas laborales en sectores clave de su competencia, como las residencias de mayores y el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La CIG rechaza frontalmente la etiqueta de acoso, defiende la legitimidad de sus movilizaciones como "políticas, nunca personales", y contraataca: el verdadero "machismo institucional", afirman, es la precariedad de los sectores feminizados que dependen de la Xunta.

La infraestructura será la primera Residencia de Apoyo a Personas Mayores (CAM) del organismo provincial en la provincia.

La asociación de familiares Vellez Digna ha hecho público un duro comunicado en el que acusa al sistema de inspección gallego de permitir preavisos a residencias, una práctica que, según el colectivo, facilita el maquillaje de irregularidades. La denuncia llega en plena polémica por los cierres de centros en Amoeiro y Xinzo, y después de que partidos y asociaciones pidieran documentación y explicaciones a la Xunta. 

El sindicato CIG-Servizos ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en las residencias de mayores privadas y en los Servizos de Axuda no Fogar (SAF) en Galicia, en un nuevo episodio del prolongado conflicto laboral que enfrenta a las trabajadoras del sector con las patronales y la Xunta de Galicia. Las movilizaciones llegan tras las cuatro jornadas de paro celebradas en septiembre y las protestas en ciudades como Ferrol Santiago de Compostela, donde cientos de trabajadoras denunciaron la paralización de los convenios colectivos y las precarias condiciones laborales que soportan en el ámbito asistencial.

La Asociación Defensor del Paciente y el BNG exigen la intervención de la Fiscalía y responsabilidades políticas a Rueda tras el escándalo de los cierres de Amoeiro y Xinzo. Las denuncias sobre "avisos previos" antes de las inspecciones no son nuevas: miembros de la propia asociación de inspectores de la Xunta ya fue expedientada en el pasado por alertar de estas prácticas. Desde entonces, se impuso la ley del silencio hasta que las repentinas clausuras de esos dos asilos.

¿Qué hicimos como pueblo? Mirar para otro lado e irnos de fiesta.

Vivenda Comunitaria Residencial San Marcos, Vivenda Comunitaria Residencial San Marcos II y  Vivienda Comunitaria Santa Alicia de Abola están relacionados con Gabriel Rua Cid según el registro oficial de la Consellería, que indica que la inspección no encontró en ellos deficiencias que justificasen su cierre.

La clausura de la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro por graves deficiencias detectadas ha abierto un nuevo frente político y judicial en Ourense. El BNG acusa al gobierno local de no haber actuado tras recibir, meses antes de la intervención que supuso el cierre, una advertencia formal por parte de una de las trabajadoras del centro sobre la situación de precariedad que vivían los residentes.

El conselleiro Diego Calvo, que presidió el Consello da Xunta este lunes, respondió a Galiciapress sobre las cuestiones en torno a la Vivienda Comunitaria Jardín del municipio ourensano, cerrada tras una actuación policial solo tres semanas después de la revisión de los inspectores de Política Social. "Cuando Inspección acude y no encuentra evidencias no podemos hacer nada", defiende.

Pese a las graves irregularidades detectadas en otras ocasiones, la Administración jamás había cerrado una residencia de ancianos durante, al menos, una década. La decisión llega tras la denuncia de un familiar en el Ayuntamiento de Amoeiro, que transmitió la queja a la Xunta, quien dijo que ya estaba al tanto.

La Xunta ha decretado el cierre del hogar, de titularidad privada, de seis usuarios ya reubicados en residencias públicas.

Las trabajadoras de las residencias privadas, centros de día y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) afrontan este jueves la segunda jornada de huelga convocada por la CIG para exigir mejoras laborales y denunciar la paralización de los convenios colectivos. La movilización incluye una concentración ante el edificio de la Xunta en Ferrol y forma parte de un calendario de cuatro jornadas de paros en todo el sector.