Policías haciendo el trabajo de la Xunta en residencias de DomusVi y viviendas comunitarias, acusa ASGADeD
La plataforma denuncia la "inactividad" de Política Social, suplica por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e Inspección de Trabajo.
Las residencias de mayores, centros de día y viviendas comunitarias volvieron a ser en 2025 uno de los lugares críticos por la gestión de la Xunta de Galicia. Cierres, sanciones, expedientes e investigaciones rodearon a geriátricos y centros para la atención a personas de la tercera edad, donde profesionales, sindicatos y asociaciones denuncian la falta de personal y la precarización del sector como causas del deterioro de muchos servicios. Al tiempo, la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) señala directamente a la Consellería de Política Social como responsable por su "inacción" en la atención a los mayores, "ignorando incluso los informes de los servicios de inspección de la propia Consellería".
LA POLICÍA EN AMOEIRO
Desde ASGADeD censuran que el trabajo de Política Social se haya visto suplido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por los trabajadores de Inspección de Trabajo en ccasos como el de la Vivienda Comunitaria Xardín, en Amoeiro, clausurada por la Xunta después de los informes de las autoridades que acudieron al centro y detectaron una serie de infracciones que afectaban directamente a los usuarios y que motivaron el cierre ordenado por el Gobierno de Galicia.
Este es uno de los ejemplos que pone sobre la mesa la plataforma, que denuncia "una falta de actuación diligente por parte de Política Social en materia de supervisión y control de centros asistenciales". "La opinión pública debe conocer estos hechos que solo se abordaron con seriedad porque intervinieron otros organismos públicos", censuran desde la organización.
En el caso del suceso de Amoeiro, desde ASGADeD puntualizan que en aquel momento "la subdirectora de Inspección se encontraba ausente por vacaciones". "Sin perjuicio del derecho a las vacaciones, no deja de ser una evidencia de la falta de interés por la prestación de los servicios sociales, si tenemos en cuenta que este centro que se cierra contaba con un acta de inspección 15 días antes, y que la administración ocultó la información a los grupos parlamentarios y a la opinión pública, lo que deja en evidencia su inacción y complicidad", critica la organización.
MÁS CASOS
Precisamente, justo un día antes de que Fabiola García compareciese en el Pazo do Hórreo para dar cuenta de las actuaciones de su Consellería, la Vivienda Comunitaria San Gabriel de Xinzo de Limia fue clausurada, aparentemente por contar con más usuarios de los permitidos. "En esta ocasión, quien se encontraba de vacaciones era la jefa de Servicio de Inspección de Mayores, a pesar de que dos semanas antes se había cerrado un centro", apuntan.
"A estas circunstancias por parte de esta jefa de servicio, se suman señalamientos de horarios presuntamente incompatibles con el correcto desempeño de las funciones de supervisión atribuidas a las personas responsables de la inspección", agregan desde ASGADeD, que arrojan luz sobre otros casos recientes, como la fuga de una usuaria en la residencia de Oleiros o las deficiencias denunciadas en el geriátricos DomusVi de San Lázaro, en Santiago de Compostela, uno de los centros que registró la mayor tasa de muertes durante la pandemia.
"La actuación de la Consellería fue nuevamente la inacción", sostienen desde la asociación, donde dicen que al frente de Política Social "no hay nadie al mando, ni la inspección existe como ente efectivo real". De hecho, la Consellería ya estuvo bajo la lupa por advertir a los centros de que iban a recibir inspecciones, boicoteando así el trabajo de los inspectores. Esto refrenda la tesis de ASGADeD de que inspección resultaría "un mero ente decorativo que la consejera Fabiola García usa de coartada para fingir que en Galicia se inspecciona y se actúa".
Ante esto, desde la organización reclaman a la administración pública que "asuman responsabilidades" porque, a su juicio, "la falta de actuación de los órganos competentes provocó que otras administraciones tuviesen que intervenir para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas residentes en los centros afectados".
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