La Xunta no inspecciona DomusVi San Lázaro (Santiago) pese a las denuncias de abandono

La Consellería de Política Social ha reconocido oficialmente que dio por resueltas las irregularidades detectadas en la residencia DomusVi San Lázaro basándose únicamente en la documentación aportada por la compañía, sin realizar una comprobación presencial posterior. En una respuesta parlamentaria al Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Gobierno gallego detalla que la última inspección realizada en el centro tuvo lugar el pasado 2 de julio, momento en el que se levantó acta por deficiencias de mantenimiento y problemas formales en los registros de cuidados.

Según la explicación facilitada por el ejecutivo autonómico a la Cámara, tras aquel requerimiento estival, la multinacional presentó alegaciones asegurando haber corregido los fallos. La Xunta validó esta respuesta administrativa y cerró el expediente.

Este procedimiento de fiscalización puramente documental, revelado en la respuesta al BNG adelantada por Praza, contrasta con la gravedad de la situación que los trabajadores describieron en noviembre, dibujando un escenario de abandono asistencial muy alejado de la normalidad que reflejaban los papeles oficiales.

Las preguntas formuladas por la oposición buscaban esclarecer qué medidas tomó el Gobierno de Alfonso Rueda tras el comunicado emitido por CCOO el 26 de noviembre, donde se calificaba la situación del geriátrico de insalubre. Sin embargo, la contestación de la Xunta, fechada a principios de enero, evita pronunciarse sobre actuaciones específicas tras esa fecha y se remite a las actuaciones del verano.

Por ejemplo, respecto a las alertas sobre posibles brotes de sarna o conjuntivitis, Política Social se limita a señalar que la detección de enfermedades infectocontagiosas es competencia de los protocolos de Sanidade, eludiendo responsabilidad directa en la gestión del brote.

Un sistema de cuidados en entredicho

La controversia en San Lázaro no es un hecho aislado, sino que pone el foco sobre el modelo de gestión de DomusVi, el principal operador de residencias en España y la empresa con mayor cuota de mercado en Galicia. 

Este grupo empresarial, propiedad de fondos de inversión, ha estado en el centro de la polémica en numerosas ocasiones por priorizar, presuntamente, la rentabilidad económica sobre la calidad asistencial. Diversos colectivos de familiares y sindicatos llevan tiempo denunciando que la ratio de personal en estos centros es insuficiente para garantizar una atención digna, una queja estructural que se repite desde Vigo hasta la Costa da Morte.

En el caso concreto de la residencia compostelana, la plantilla llegó a denunciar situaciones límite provocadas por la obsolescencia de las instalaciones y la falta de personal. El relato de los trabajadores describía un escenario dantesco donde el servidor informático central dejó de funcionar, bloqueando puertas y anulando el sistema de avisos de las habitaciones. Ante la imposibilidad de llamar a las auxiliares de forma electrónica, la dirección del centro llegó a facilitar cucharas a los residentes para que golpearan las paredes si necesitaban ayuda urgente, una imagen que ilustra la precariedad de los recursos disponibles. Se han reportado desde errores en la medicación hasta un aumento del riesgo de caídas, pasando por una higiene deficiente. 

Las críticas sindicales apuntan también a que la escasez de enfermeras y gerocultoras, agravada por unas condiciones laborales que CCOO tilda de esclavistas en comparación con otros convenios, impacta directamente en la salud de los usuarios. Hace meses que el sector de las residencias en A Coruña sufre huelgas y protestas en reivindicación de un nuevo convenio. 

Mientras la patronal del sector bloquea la renovación del convenio colectivo, caducado desde hace años, la fuga de profesionales hacia otros ámbitos sanitarios agudiza el deterioro del servicio en centros concertados y privados.

La respuesta política ante estas crisis suele seguir un patrón de desvío de responsabilidades. Mientras las trabajadoras de San Lázaro aseguran sufrir ansiedad y culpa por no poder atender como es debido a los mayores, la administración se escuda en el cumplimiento formal de los trámites.

 El BNG ha criticado que se dé por buena la palabra de la empresa sin contrastarla con la realidad de la residencia.