La Xunta oculta las inspecciones de las residencias cerradas y tilda al BNG, que las pide, de alarmista

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha elevado la tensión en el debate sobre la calidad asistencial de los centros de mayores gallegos, acusando directamente al Gobierno de Alfonso Rueda de bloquear el acceso a las actas de las inspecciones. La portavoz de Política Social, Olalla Rodil, sostiene que la Xunta está encubriendo los detalles de las inspecciones que condujeron al cierre de residencias privadas en Amoeiro y Xinzo de Limia (Ourense) tras detectarse, recuerda, situaciones de abandono y desnutrición en sus usuarios. La formación nacionalista exige mayor la transparencia del sistema de cuidados, mientras que el Ejecutivo autonómico lamenta la "alarma social" generada.

La portavoz de Política Social del BNG, Olalla Rodil, ha lanzado una dura crítica contra la Consellería de Política Social e Igualdade por lo que considera una deliberada estrategia para ocultar los documentos y actas de inspección que detallan las graves deficiencias detectadas en varias residencias de mayores clausuradas en Ourense. Rodil ha focalizado su denuncia en los centros de Amoeiro, Xinzo de Limia (Ourense) y, aunque en menor medida, en Domus Vi Monforte. 

Estos lugares, según los nacionalistas, habían sido objeto de persistentes denuncias por parte de familiares, trabajadores y los propios usuarios durante años, un contexto que agrava la falta de respuestas públicas sobre los incumplimientos.

Rodil criticó que no es admisible que se cierren establecimientos de cuidados en Galicia, en los que se encontraron personas desnutridas y sin asear, y que, sin embargo, la ciudadanía y el Parlamento no puedan conocer con detalle lo que revelaron los informes técnicos de la Consellería. Este bloqueo informativo es visto por el BNG no como un error, sino como una política consciente.

El propósito detrás de esta opacidad es, a juicio de la formación de la oposición, proteger los intereses empresariales por encima de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas mayores. La representante del Bloque ha sido tajante al afirmar que el Partido Popular (PP) tiene un interés manifiesto en manipular y ocultar la información del sector para salvaguardar a las empresas privadas que gestionan gran parte de la red asistencial gallega. Esta acusación es el eje central de una moción que el BNG llevará al Pleno del Parlamento de Galicia esta misma semana.

La opacidad de las inspecciones, bajo la lupa nacionalista

Frente a la contundencia de las acusaciones, la Consellería de Política Social e Igualdade ha salido al paso para defender su gestión y lamentar que el BNG "siembre dudas" sobre el Servicio de Inspección de las residencias. En un comunicado remitido a los medios, el Gobierno gallego ha puesto en valor el trabajo de los profesionales, asegurando que están compuestos por funcionarios que ejecutan sus funciones con plena independencia y que su labor es esencial para el correcto funcionamiento de los centros.

Desde la Xunta se critica que el objetivo de este tipo de declaraciones es, únicamente, generar intranquilidad y desasosiego en las familias y en los miles de usuarios que residen en los centros de mayores de toda la comunidad. La Consellería ha insistido en que su equipo de Inspección elabora su plan de visitas de forma autónoma, sin injerencias externas, dando prioridad a aquellos centros que ya han sido sancionados o contra los que pesan quejas o denuncias previas, lo que garantiza la efectividad de los controles.

Además, el Ejecutivo autonómico se ha defendido señalando que su actuación es siempre inmediata y contundente cuando los técnicos registran cualquier situación que ponga en peligro el bienestar de los usuarios. Como ejemplo de ello, la Xunta ha mencionado las clausuras de las viviendas comunitarias de Amoeiro y la de San Gabriel en Xinzo de Limia (Ourense), ambas de titularidad privada. Con esta defensa, la Xunta subraya que es su propio servicio de Inspección el que garantiza la vigilancia del sector, desmintiendo la inacción o la connivencia que les achaca el BNG.

Cruce de datos y el "mercado de cifras"

Más allá de la falta de transparencia en casos específicos, la denuncia del BNG se extiende a la fiabilidad de los datos globales sobre la fiscalización del sector. Olalla Rodil puso en duda la información general que la Xunta remitió a su grupo parlamentario, señalando lo que tilda de evidente discordancia entre las cifras oficiales y las que manejan los nacionalistas, a las que tachó de "mercado de cifras".

Mientras que el Gobierno gallego sostiene que entre 2017 y 2020 se llevaron a cabo 757 visitas, con la apertura de 38 expedientes sancionadores y la imposición de 16 sanciones firmes, el BNG maneja un registro mucho más elevado. Según la formación de la oposición, el número real de inspecciones en ese mismo periodo ascendería a 1.144, y las sanciones firmes impuestas alcanzarían las 39. Para Rodil, esta diferencia solo evidencia "toda una serie de artimañas por parte del PP para ocultar lo que está ocurriendo en las residencias de mayores de Galicia".

La portavoz del BNG insiste en que, para "dar luz onde o PP só quere impor sombra", es necesario adoptar medidas drásticas y llevar a cabo una profunda reforma que garantice la rendición de cuentas. La moción que presentarán en el Pleno es un paquete de soluciones concebido para desterrar la cultura de la opacidad en la gestión de los centros de mayores.

Las propuestas del BNG para "dar luz" en el sector

La primera y más inmediata exigencia de los nacionalistas es que se remitan de forma urgente al Parlamento los informes completos de inspección correspondientes a las residencias de Amoeiro y Xinzo de Limia, centros que han provocado la alarma social en la provincia de Ourense. En el caso de Amoeiro, los hechos son especialmente graves, con una inspección el 8 de septiembre y un cierre posterior el 2 de octubre tras una inspección laboral. Es decir, el centro no se cerró tras la visita de los supervisores de la Xunta, sino de otra adminitración.

Como segunda medida, el BNG propone que las actas de las inspecciones ordinarias se conviertan en documentos públicos y sean accesibles por ley a través del Portal de Transparencia de la Xunta. Esta iniciativa busca replicar un sistema similar al que ya se aplica con éxito en otras comunidades autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra, lo que dotaría de mayor credibilidad a los procedimientos de fiscalización.

En tercer lugar, los nacionalistas gallegos demandan un sistema de puntuación visible para todos los centros, ya sean de gestión pública o privada. La propuesta implica que cada residencia de mayores debe colgar en sus instalaciones, de forma bien visible, un documento que sintetice la nota obtenida en las inspecciones en aspectos tan sensibles como el cumplimiento de los ratios de personal, la garantía de una alimentación nutritiva y saludable o la existencia de apoyos especializados para usuarios con enfermedades neurodegenerativas. 

Este modelo de información directa a los usuarios, ya implementado en países como Alemania, permitiría a las familias tomar decisiones informadas sobre el cuidado de sus allegados.

Finalmente, el BNG también ha puesto el foco en la necesidad de vigilar la calidad asistencial incluso en los centros gestionados directamente por la administración autonómica. Rodil instó a la Consellería de Política Social a que intervenga para garantizar el bienestar de los usuarios de la residencia pública de As Gándaras, en Lugo, donde se estarían realizando obras de reforma sin asegurar la intimidad y los derechos básicos de las personas mayores. La portavoz concluyó que el simple hecho de residir en un centro de mayores no anula la autonomía, intimidad ni los derechos fundamentales de las personas, que no deben ser tratadas como "muebles".