Subvencionamos la residencia de un narco

Financiamos con dinero público -sufragando plazas públicas- una residencia de ancianos que, según el Registro Mercantil, fue durante años, ya no lo es, copropiedad de un narco. Sí, aquí, en Galiciapress, lo publicamos, y no pasó nada.

Una residencia que la Xunta tuvo que intervenir por falta de medios y donde aún así murieron al menos 24 ancianos durante la covid. 
 

También tuvo que intervenir por falta de medios otra en O Barco, fundada por -según el exadministrador judicial- un empresario vinculado a los bares alterne. Allí murieron al menos 17 ancianos. También lo publicamos y tampoco pasó nada.

De hecho, una vez superada la crisis de la covid, la Xunta devolvió la gerencia a los mismos gestores. 

El maldito coronavirus sirvió para entreabrir las puertas de los asilos. Lo que nos esforzamos en contar, sufriendo mucho desgaste, superaba lo dantesco.

¿Qué hizo la Fiscalía? Mirar para otro lado. Ningún caso llegó a juicio. 

¿Qué hizo la Xunta? Intentar tapar las vergüenzas de las empresas. 

¿Qué hicimos como pueblo? Mirar para otro lado e irnos de fiesta.

Por eso sorprende, y mucho, que de repente la Xunta haya cerrado dos viviendas comunitarias en Xinzo y Amoeiro. Inmediatamente, esa misma Fiscalía que ignoró como los abuelos se morían solos y abandonados durante la covid, en seguida filtró que abría diligencias de investigación sobre estos dos casos.  

Sorprende menos el poco caso que le está prestando la opinión pública al tema. Si algo me quedó claro durante la covid es que si no quieres problemas, mejor no hablar de los viejos. Mejor lejos de nuestra vista y mejor lejos de los titulares. 

A los pocos meses de finalizada la pandemia me crucé con una manifestación de familiares de ancianos de Domus Vi Aldán, también intervenida por la Xunta, marchando en manifestación por Cangas. Eran los primeros días tras los confinamientos. Fue patético. 
 

Las terrazas rebosaban de alcohol y algarabía. En la manifestación marchaban, como mucho, un par de docenas de personas a las que sus vecinos ignoraban.
 

Esta semana en esa favela moderna llamada Cangas do Morrazo, la subida del recibo de la basura provocó una concentración de miles de personas. Lanzaron contenedores contra el ayuntamiento, insultaron a concejales, empujaron a policías, cortaron el tráfico kale borroka style.

¿Qué nos importa más, que nos suban la basura o que nuestros mayores vivan en condiciones dignas? Está claro que lo primero.

Me pregunto si los inspectores de Política Social hacen bien su trabajo. Sospecho que intentan hacerlo, pero que son tan pocos que no dan hecho. 

Recuerdo también aquella denuncia suya  de que era la propia Consellería quien avisaba a las residencias de cuando iban aparecer, boicoteando así su labor de control Una denuncia gravísima, que la conselleira Fabiola García negó vehementemente y por la que abrió expedientes contra los inspectores. La Fiscalía la ignoró, no vaya a ser. Nunca más se supo del tema. 

Alguien tiene que decirlo. Hay pocas e insuficientes inspecciones porque a la Administración no le conviene aplicar la Ley. Si lo hiciese, cerrarían bastantes centros. Las eternas listas de espera para ver donde aparcar al abuelo se dispararían aún más.
 

La solución lógica sería crear una red de centros públicos con capacidad suficiente. Claro que si la mayoría de los centros fuesen públicos, la asignación de la mayoría de plazas estaría sometidas a unos criterios objetivos. Eso limitaría la capacidad del cacique de encontrarle un hueco al padre de un amigo o de enchufar a un sobrino en la plantilla de la residencia.
 

Todos los sabemos y casi todos callamos.

 
Aviso. Todos llegaremos a viejos.

Ah, por cierto, nuestros hijos aprenden sobre todo con el ejemplo.