Las administraciones sabían de problemas en la residencia de Amoeiro meses antes de cerrarla, la Fiscalía investiga el caso

Según la formación nacionalista, esta comunicación interna alertaba de que en el centro apenas había comida y de que las tareas de limpieza eran insuficientes. El portavoz del BNG en el municipio, Agustín Gómez, ha subrayado que el Ayuntamiento no ha aclarado qué hizo con esas informaciones y reclama explicaciones inmediatas. 

Hay que recordar que la residencia fue cerrada tras una denuncia en Extranjería. A finales de septiembre la Policia Nacional encontró que solo un colombiano sin papeles ni formación se encargaba de todos los ancianos.

Los inspectores de la Xunta realizaron un control a principios de septiembre. Abrieron expedientes, pero no encontraron entonces deficiencias graves, que exigiesen el cierre inmediato decretado después. Galiciapress ha preguntado a la Consellería porqué abrió los expedientes, sin recibir respuesta por ahora.

Paralelamente, la Fiscalía Superior de Galicia ha confirmado la apertura de diligencias preprocesales civiles para determinar si la responsabilidad de lo sucedido es de carácter penal o administrativo. Este procedimiento incluirá el análisis detallado de los informes de inspección elaborados tras la visita al centro en septiembre, motivada por la denuncia de un familiar de una persona usuaria.

La residencia, de titularidad privada, llevaba operando en Amoeiro desde mediados de 2022 bajo la gestión de la actual empresa, aunque funcionaba en el mismo edificio desde hacía una década con un gestor anterior. La Xunta decretó su cierre el pasado 1 de octubre después de detectar deficiencias catalogadas como muy graves en el cuidado y atención de los mayores.

Entre las irregularidades señaladas se incluyen carencias en la alimentación, deficiencias higiénicas y dudas sobre la legalidad de la contratación de personal. 

Críticas del BNG a la privatización del sector

Este caso se produce en un contexto de críticas sostenidas del BNG a la Xunta por el alto grado de privatización del sistema de atención a mayores en Galicia. La formación denuncia que ocho de cada diez plazas residenciales en la comunidad son privadas, lo que, en su opinión, repercute en la calidad del servicio y en la falta de control público.

Desde el ámbito político, la polémica se ha incrementado después de que el PP vetase una comparecencia solicitada por el BNG de la conselleira de Política Social en el Parlamento de Galicia. En su lugar, el grupo nacionalista presentará próximamente una interpelación para abordar tanto el caso de Amoeiro como la situación general de los servicios para personas mayores y dependientes.

El BNG también ha señalado la presunta filtración a determinados centros de las fechas y horas de inspección por parte de la Xunta, una práctica denunciada incluso por inspectores del propio servicio, y que, según afirman, no ha sido investigada. En lugar de indagar en estos hechos, el Gobierno gallego habría abierto procedimientos contra los propios inspectores críticos con el sistema.

El Concello guarda silencio ante las acusaciones

Por el momento, el Ayuntamiento de Amoeiro no ha ofrecido información pública sobre el tratamiento que le dio a la advertencia inicial de la trabajadora del centro. Tampoco ha hecho declaraciones sobre las afirmaciones del BNG, que insiste en que el gobierno local tenía conocimiento previo de las malas condiciones en las que vivían los mayores.

 El gobierno gallego ha justificado que la actuación fue consecuencia de la necesidad de garantizar el bienestar de los residentes, pero ha evitado detallar públicamente cuáles fueron las irregularidades específicas detectadas en la vivienda. La conselleira de Política Social, Fabiola García, afirmó que se actuó tras verificar fallos en la atención y en la gestión del centro, aunque no precisó si esas mismas deficiencias habían sido detectadas en inspecciones anteriores.

La Xunta trasladó con rapidez a los seis mayores residentes a centros públicos.