Disturbios en Cangas do Morrazo por la subida de la basura

La aprobación de la nueva ordenanza que incrementa hasta un 200% el recibo de la basura en Cangas, Moaña y Bueu provocó anoche graves altercados a las puertas del Concello de Cangas. Más de un millar de personas se concentraron contra lo que llaman “el sablazo”, obligando a la Policía Local y la Guardia Civil a escoltar a alcaldes y concejales hasta la madrugada.

La tensión estalló en Cangas coincidiendo con la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo en la que se respaldó la subida del recibo de la recogida de residuos. Afuera, cientos de vecinos y comerciantes exigían la retirada de la medida mientras coreaban frases como “¡Dimisión!” y “¡Atracadores!”. Las pancartas resumían el rechazo con lemas como “No al sablazo” o “La basura no es nuestro negocio”.

Aunque se esperaba una protesta, el ambiente se tornó en disturbios cuando los manifestantes bloquearon los accesos al Concello con contenedores y piedras. Incluso cortaron el suministro de agua con los concejales dentro del edificio, en un episodio que obligó a reforzar la custodia policial. El tráfico en el entorno del consistorio estuvo paralizado durante horas, y en la PO-551 —principal vía de entrada y salida de Cangas— se colocaron contenedores para cortar la circulación.

Los primeros momentos de mayor conflicto llegaron cuando se arrojaron dos contenedores contra las puertas de la casa consistorial. Agentes de la Policía Local y posteriormente de la Guardia Civil formaron un cordón para impedir que los concentrados accedieran al salón de plenos, limitado a 68 personas por motivos de seguridad. En el interior, el orden del día continuó con la votación, que terminó con el respaldo del BNG, PSOE —todos salvo un concejal de Moaña que se abstuvo— y EU. El Partido Popular, Alternativa dos Veciños y el edil no adscrito de Bueu se opusieron.

Para los representantes de la Federación de Comerciantes do Morrazo (Fecimo), el incremento es “desproporcionado”. Según su presidenta, Carmen Pereiro, las subidas alcanzan un 200% en algunos casos, mientras que el impacto en los hogares, aunque menor, también es significativo: de 67,85 euros a 126 euros al año. Los comerciantes denuncian que algunos bares verán cómo su factura crece un 1.500%, y talleres mecánicos un 600%, sumado a la reducción de determinadas bonificaciones.

Rechazo general y polarización política

Más de 8.000 firmas se han reunido ya contra lo que los vecinos llaman el “sablazo de la basura”. El PP y Fecimo han distribuido octavillas con ejemplos concretos de los incrementos y se han pronunciado abiertamente contra la ordenanza. Los populares defienden que el coste de tratamiento de residuos en Sogama —95 euros por tonelada— es muy inferior al de otras plantas como Barbanza (200) o Nostián (150), y consideran que cada concello debería decidir el destino de sus residuos evaluando también la repercusión económica.

Por su parte, desde los gobiernos municipales del BNG, PSOE y EU no se han emitido declaraciones públicas tras los incidentes de ayer. La reunión, presidida por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), había sido convocada para las 18.00 horas pero ya a mediodía se anunciaban cierres anticipados de comercios y hostelería como gesto de protesta. A través de redes sociales se convocó a vecinos de toda la comarca y la asistencia superó el millar de personas.

El cercado del Concello de Cangas se prolongó hasta pasada la medianoche. Un centenar de personas, en su mayoría hosteleros afectados directamente por la subida, esperaban a la salida de los concejales, que lo hicieron por tandas y bajo escolta policial. Los últimos abandonaron el edificio con las puertas delanteras y traseras rodeadas por manifestantes.

¿A qué se debe que varios municipios de Galicia hayan tenido que subir el recibo de la basura en los últimos meses?
 

El motivo principal por el que distintos municipios gallegos han tenido que subir últimamente el recibo de la basura está estrechamente ligado a la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central siguiendo directivas europeas. Esta normativa obliga a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa que cubra el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, así como el transporte, gestión y vigilancia de los mismos, incluyendo también campañas de concienciación, el mantenimiento post-cierre de vertederos y otras actuaciones complementarias.

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Dentro del nuevo marco legal, se exige que los municipios no mantengan tarifas deficitarias y que se implanten sistemas de pago que reflejen la cantidad de residuos generados por cada usuario, con el fin de incentivar la reducción y una mejor separación en origen. Este ajuste tarifario ha obligado a los ayuntamientos a revisar al alza los recibos, puesto que antes muchas entidades locales subvencionaban parte del coste, generando déficits en sus cuentas públicas.

SOGAMA, la mayor planta de tratamiento de Galicia, que gestiona residuos del 95% de la población gallega ha subido su canon. SOGAMA ha elevado su tarifa de 66 a 108 euros por tonelada a raíz de la aplicación de un impuesto estatal sobre el vertido e incineración de residuos. Aunque la Xunta de Galicia asume parte de este aumento, muchos alcaldes y usuarios consideran la medida insuficiente y denuncian que el coste final recae en la ciudadanía. En términos generales, los aumentos son mayores en aquellos ayuntamientos que no trabajan con SOGAMA.