Denuncian "boicot" de la Xunta a sus inspectores: "Avisan a las residencias y esconden a los ancianos en furgonetas"

El cierre en pocas semanas de dos residencias de mayores en la provincia de Ourense -la de Amoeiro clausurada tras una visita de la Guardia Civil que descubrió un solo inmigrante ilegal cuidando de una docena de ancianos y la de Xinzo por una sobreocupación de la que el el asilo ya había sido advertido- pone el foco otra vez en los los problemas del sistema de supervisión de la Consellería de Política Social. 

La Asociación Defensor del Paciente (ADP) y el BNG han denunciado públicamente lo que califican de boicot sistemático de la Consellería de Política Social a la labor de sus propios inspectores, asegurando que se producen avisos previos a las residencias antes de una visita, permitiéndoles así maquillar la realidad. 

La situación evoca denuncias similares hechas hace más de dos años por la propia Asociación de Inspectores de Servizos Sociais de Galicia, que acabaron con los inspectores expedientados por el gobierno gallego. Esa  denuncia provocó en su día una respuesta muy dura de la Consellería, que abrió expedientes disciplinarios a sus inspectores. Nada más se supo desde entonces.

La reacción más dura ha llegado por parte de la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien considera que los acontecimientos de Ourense son la punta del iceberg de un problema generalizado de opacidad. Tras el cierre de los centros por graves deficiencias, Flores exige que el Fiscal Superior de Galicia intervenga de inmediato y ordene una auditoría general en todas las residencias de mayores de la comunidad.

"Normalmente lo que se hace es que se esconden, se esconde todo", lamentó. La presidenta de la ADP añadió una acusación de extrema gravedad que conocieron "no hace mucho tiempo": "Y es que cuando iba una inspección, eh bueno parece de tontos pero es la realidad, avisan 'vamos a ir' entonces los metían en unas furgoneta a los que más malitos estaban y cuando se iban la inspección los volvían a meter”, declaró a Radio Galicia.

Los nacionalistas exigen cinco años de actas

En el frente político, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha anunciado una ofensiva parlamentaria para exigir responsabilidades. El diputado por Ourense, Iago Tabarés, reclamó en rueda de prensa "el establecimiento de un sistema que impida que las visitas de la inspección a los centros puedan ser avisadas para evitar esconder posibles deficiencias".

El polícito mostró su "indignación, que no sorpresa", por la falta de respuesta y de responsabilidad tanto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como de la Consellaría de Política Social. El BNG exige a la Xunta la entrega inmediata de las actas e informes de todas las inspecciones realizadas en los últimos cinco años, no solo a los centros de Amoeiro y Xinzo, sino también a otras viviendas gestionadas por las mismas personas responsables. Según informó Galiciapress, el dueño de la residencia clausurada en Xinzo tiene al menos otras dos viviendas comunitarias a su nombre en Ourense y una en A Bola. 

Tabarés centró su crítica en la precariedad del sistema, tanto en la atención como en la propia inspección. Por ello, la formación nacionalista reclama la eliminación de la precariedad laboral en los centros, el incremento urgente de la plantilla de la inspección de servicios sociales    

 El diputado advirtió de una posible estrategia de la administración para minimizar los castigos: tras una inspección, la Xunta puede "incoar procedimientos sancionadores o denalos prescribir". Señaló que la administración "no emite resolución en plazo o emite sanciones que pueden ser de cuantía escasa". Esta laxitud, según el diputado, provoca que a los centros les "salga mejor pagar la sanciones que cumplir con los ratios de personal y cuidados", convirtiendo el incumplimiento en una simple falta administrativa asumible económicamente.

El PP alude a un supuesto trato de favor al País Vasco

La Consellería de Política Social no ha respondido todavía a la publicación de estas acusaciones. Sí lo ha hecho el partido que respalda al gobierno de la Xunta.  La portavoz de Política Social del Grupo Popular, Raquel Arias, ha acusado al BNG de repetir falsedades sobre la inspección de servicios sociales. Arias sostiene que el cierre de las viviendas demuestra que la Xunta vela por los mejores cuidados para los usuarios. Además, asegura que si los estándares no se cumplen, se realizan requerimientos y se cierra el servicio inmediatamente.

La diputada popular lamentó que el BNG ignorara las explicaciones detalladas de Rueda sobre el cierre. En su opinión, quedó claro que se realizaron varias inspecciones y requerimientos antes de proceder al cierre. Asimismo, criticó la "doble moral" del BNG, a quien acusa de intentar crear malestar entre los usuarios gallegos. Finalmente, reprochó que el partido nacionalista aplauda en el Congreso que al País Vasco se le pague la mitad del coste de la dependencia mientras a Galicia se le reduce la aportación estatal.