¿Cuánto tarda la RISGA en Galicia? Cinco meses dice el PSOE, 31 días dice la Xunta

Según los socialistas, el colapso administrativo está provocando “situaciones límite” en familias vulnerables que dependen de esta renta para cubrir sus necesidades básicas. Longueira sostiene que las demoras “crean inseguridad y sensación de desamparo” en los beneficiarios, lo que agrava su precariedad.

La Xunta defiende su gestión y acusa al PSOE de “confundir”

Desde la Consellería de Política Social, el Ejecutivo gallego replica que las afirmaciones del PSdeG “son falsas”, y que actualmente el tiempo medio de resolución de las solicitudes de la Risga se sitúa en 31,9 días, de acuerdo con los datos de diciembre de 2025. La Xunta destaca además que el plazo legal máximo es de 90 días y que la gestión del programa ha mejorado respecto al año pasado, cuando la media alcanzaba los 42 días.

Fuentes del Gobierno autonómico señalan que las críticas socialistas pretenden “confundir y generar alarma” entre los sectores más vulnerables. En contrapartida, responsabilizan al Ejecutivo central de la lenta tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que según colectivos sociales supera los cinco meses de espera y “no llega a todas las personas que lo necesitan”.

El PSdeG exige transparencia en los datos

Pese al desmentido de la Xunta, Longueira ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que reclama que el Gobierno gallego presente un informe detallado sobre la evolución de la Risga durante el último año. El objetivo, explica, es comprobar qué resultados se han obtenido en los distintos programas de inserción vinculados a esta prestación y analizar si se están cumpliendo los compromisos de apoyo a la inclusión social en Galicia.

El PSdeG insiste en que muchas familias siguen sin recibir respuesta meses después de haber solicitado la ayuda y pide que se agilicen los trámites para evitar prolongar el riesgo de exclusión. La diputada recuerda que el número de beneficiarios de la Risga ha disminuido desde la implantación del IMV por parte del Estado, ya que la ayuda gallega tiene carácter subsidiario.

Una ayuda clave en la inclusión social

La Risga está dirigida a personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad o exclusión social, siempre que cumplan ciertos requisitos, entre ellos tener entre 25 y 65 años y percibir ingresos inferiores a los límites establecidos según la composición familiar. Además de la prestación económica, la medida ofrece programas de acompañamiento y formación destinados a favorecer la inserción laboral y social.

Tanto los servicios sociales municipales como las entidades del tercer sector reclaman desde hace años una mejora en la coordinación entre administraciones para evitar solapamientos entre la Risga y el IMV, especialmente en una comunidad como Galicia donde las desigualdades territoriales dificultan el acceso a las ayudas públicas. Aunque la Xunta sostiene que sus plazos son incluso más ágiles que los del Estado, el debate sobre la eficacia del sistema sigue abierto.

Por el momento, la Xunta de Galicia no ha adelantado si presentará el informe solicitado por el PSdeG, mientras que el grupo socialista exige que el tema sea debatido con urgencia en el Parlamento para “garantizar el derecho a una vida digna” a quienes dependen de esta prestación.

La Risga (Renta de Inclusión Social de Galicia) es una ayuda económica y de inserción social de la Xunta dirigida a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social que no tienen ingresos suficientes para vivir con dignidad. No solo ofrece una cuantía mensual, sino también itinerarios de acompañamiento y formación para favorecer la integración laboral y social de quienes la reciben.

Para acceder a esta prestación, es necesario vivir y estar empadronado en algún municipio de Galicia, tener más de 25 años (con algunas excepciones), residir de forma legal y contar con ingresos por debajo de unos límites que dependen del número de miembros de la unidad de convivencia. También se exige una valoración previa de los servicios sociales municipales, que certifican que la persona se encuentra en situación o riesgo de exclusión social.

El importe de la Risga no es una cantidad fija igual para todo el mundo, sino que se calcula en función de los ingresos y del número de personas que viven en la misma unidad de convivencia. La referencia para 2025 es el IPREM mensual de 600 euros, y a partir de ahí se aplican porcentajes y complementos.

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Para una persona sola, la cuantía básica (tramo personal) es el 78,20% del IPREM, es decir, 469,20 euros al mes en 2025. A esa cantidad se le van sumando importes por cada conviviente adicional (primer conviviente 87,60 euros, segundo 75 euros, terceros y siguientes 62,40 euros), hasta un máximo de 750 euros sin menores y 840 euros si en la familia hay menores.