APDR lanza 'crowdfunding' para sufragar la última batalla judicial contra Ence

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) ha decidido apelar a la solidaridad económica de la ciudadanía para mantener vivo el pulso legal contra la factoría de Ence. El colectivo de Pontevedra ha puesto en marcha una iniciativa de financiación colectiva con el objetivo de cubrir los elevados costes que suponen los nuevos pasos procesales ante el Alto Tribunal, en un intento por revertir la decisión que permite a la compañía ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre durante cinco décadas más. La financiación se gestionará a través del portal Goteo, buscando el apoyo de quienes defienden la recuperación ambiental de la ría.

El escenario jurídico actual es complejo y se centra en el incidente de nulidad que la asociación ha interpuesto recientemente frente a la sentencia del Tribunal Supremo. Desde la organización ecologista sostienen que se ha producido una situación de indefensión, argumentando que la justicia no ha entrado a valorar el fondo de muchas de las cuestiones planteadas en su demanda original, como la duración excesiva de los permisos otorgados. La estrategia legal busca forzar un nuevo pronunciamiento que obligue a devolver el expediente a la Audiencia Nacional o, en el peor de los escenarios, abrir la vía hacia el Tribunal Constitucional.

Para comprender la magnitud de este litigio es necesario remontarse a 2016, cuando el gobierno en funciones de Mariano Rajoy (PP) otorgó una extensión de 60 años a la pastera. Aquella medida administrativa fue inicialmente tumbada por la Audiencia Nacional, dando la razón a los ecologistas y al propio Ayuntamiento de Pontevedra, pero el posterior recurso de casación de la empresa y sus aliados sindicales dio un vuelco al caso en Madrid. Ahora, la APDR busca reactivar la vía judicial para demostrar que aquella concesión vulnera la Ley de Costas y la lógica de protección del litoral.

Un conflicto que divide a la ciudad

Más allá de los tribunales, el futuro de la fábrica de Lourizán sigue siendo el principal eje de polarización entre los vecinos de la comarca. La sociedad pontevedresa permanece fracturada entre aquellos que consideran la planta un motor de empleo irrenunciable para la economía gallega y quienes la ven como un obstáculo insalvable para el desarrollo sostenible y turístico de la zona. E 

A esta incertidumbre legal y social se suma el delicado contexto de mercado que atraviesa la compañía presidida por Ignacio de Colmenares. La multinacional no es ajena a las fluctuaciones globales y actualmente enfrenta un periodo complicado marcado por el descenso en la cotización internacional de su producto estrella. La caída del precio de la celulosa ha impactado en las cuentas de la empresa, que ha reaccionado presentando un ERE. La plantilla, otrora aliada de la empresa, está en huega.

En el horizonte que plantea la APDR existen dos posibilidades tras su último escrito: que el Supremo rechace la nulidad e imponga las costas, obligando a acudir al Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, o que admita el error y se dicte una nueva sentencia. En cualquiera de los casos, la asociación advierte que necesitará recursos para peritajes, procuradores y abogados especializados en derecho administrativo. El objetivo final sigue siendo que se juzguen los motivos medioambientales que, según denuncian, quedaron sin respuesta en el último fallo.

Trayectoria de lucha ambiental

La credibilidad de la APDR para solicitar este esfuerzo económico se sustenta en más de tres décadas de activismo en la ría de Pontevedra. Desde su fundación en 1987, el colectivo ha protagonizado victorias significativas contra la industrialización agresiva del litoral, siendo clave en la salida de la electroquímica Elnosa, vecina de Ence, y en el traslado de la maderera Tafisa fuera del casco urbano. En su historial figura haber logrado condenas por delito ecológico contra directivos de estas compañías, sentando precedentes importantes en la jurisprudencia ambiental gallega.

La motivación de esta nueva campaña trasciende lo meramente local y apela a la conciencia global sobre la crisis climática. Los promotores vinculan la presencia de Ence con la proliferación del eucalipto en los montes gallegos, una especie pirófila que asocian con el riesgo de incendios forestales y la pérdida de biodiversidad. Para el colectivo, recuperar los bancos marisqueros y las playas urbanas es incompatible con la actividad industrial en la ubicación actual, por lo que consideran que la lucha es una cuestión de salud pública y futuro económico alternativo.

El equipo encargado de llevar a cabo esta ofensiva judicial está compuesto por la junta directiva de la asociación y el despacho de abogados de Mª José del Moral y Vicente Legísima, letrados con amplia experiencia en pleitos medioambientales. Ellos serán los encargados de administrar los fondos recaudados para intentar que los tribunales reconsideren una prórroga que hipoteca la fachada marítima de Pontevedra hasta casi el final del siglo. La recuperación de la ría, insisten, no admite más demoras.