Portugal exige explicaciones a España por la mina de A Gudiña, amenaza para el Parque Natural de Montesinho

A solo dos kilómetros de la frontera con Portugal la empresa sueca Eurobattery Minerals proyecta explotar una mina de wolframio en los límites municipales de A Gudiña. El proyecto minero choca de manera frontal con los intereses del Gobierno luso de preservar el medioambiente, ya que las instalaciones están muy cerca del Parque Natural de Montesinho, viendo en la minería una amenaza para este enclave de gran valor para Portugal. La polémica ha llegado incluso al Palácio de São Bento, hasta donde la Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Martins da Silva Carvalho, ha llevado el debate por la mina de A Gudiña.

SIN NOTICIAS DE MADRID EN LISBOA

En el parlamento portugués más de una decena de parlamentarios reclamaron al gobierno que interviniese en una mina sobre la que en Galicia ya se han incoado diligencias judiciales por delitos de prevaricación y contra el medioambiente al director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, y la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, así como contra el administrador de Eurobattery Minerals y su filial ourensana Tungsten San Juan SL, Roberto García Martínez.

Fue Ecoloxistas en Acción la plataforma que emprendió acciones que, ahora, han saltado A Raia por los permisos caducados con los que empezó a operar el proyecto minero, que tampoco contaba con la evaluación de impactos transfronteirzos, permiso con el que sí cuentan, por ejemplo, las minas del Barroso y del Romano, situadas a más de 30 km de la frontera.

La ministra reconoció ante la Asamblea da República que las autoridades españolas en ningún momento notificaron nada a sus homólogas del país vecino. En ese sentido, la Agencia Portuguesa del Ambiente (APA) ya remitió una carta a Madrid pidiendo las explicaciones pertinentes. Al otro lado de la frontera es Movimento Uivo la que pide una actuación severa ante el temor de que el impacto de la mina tenga consecuencias sobre el río Rabaçal y su caudal con vertidos que pueden llevar al agua altas concentraciones de metales pesados sin tratamiento. 

"Es incomprensible que las autoridades españolas nunca informasen a las portuguesas de este proyecto, a pesar de que afectará de manera obvia a las aldeas portuguesas ubicadas aguas abajo así como a varios espacios naturales de alto valor", censura Sara Riso, de movimento Uivo. 

DENUNCIAS EN CURSO

"La mina está inmediatamente aguas arriba de la frontera y del Parque Natural de Montesinho, de los que lo separan tan sólo 2 km. El Parque de Montesinho es un espacio de la Red Natura 2000 integrado además en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica. También está a tan sólo 1 km de la ZEC Pena Maseira, también en Red Natura, siendo obvio que la actividad afectará la ambos espacios", detallan desde Ecoloxistas en Acción, desde donde informan que el procedimiento judicial sigue su curso tras anunciarse una prórroga ilegal de 30 años. 

"La directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, María José Echevarría Moreno, se dirigió a la organización ecologista para explicar que la Consellería de Economía e Industria no volvió a dirigirse al órgano ambiental sobre esta mina desde 2014, confirmando que la prórroga fue concedida ilegalmente", apostillan desde Ecoloxistas en Acción, al tiempo que enfatizan que existen dos sentencias firmes, del TSXG y del Supremo, donde se reafirma que cualquier prórroga debe estar sostenida sobre una nueva evaluación de impacto ambiental, además de contar con la perceptica evaluación de impacto transfronterizo por su proximidad con otro Estado.

Desde Ecoloxistas en Acción mantien así el pulso contra este polémico proyecto sobre el que la firma sueca -ya en su día bajo la lupa de las autoridades por realizar sondeos en Santa Comba y Coristanco sin autorización-, asegura la organización, ha iniciado una campaña de propaganado prometiendo la creación de 130 empleos, una cifra muy alejada de los números con los que se aprobó el proyecto, multriplicando por 12 el número de puestos de trabajo que se iban a crear. 

"Eurobattery pretende presentar el proyecto minera de A Gudiña a la convocatoria de la Comisión Europea de proyectos estratégicos europeos que cierra en enero de 2026. Esta maniobra podría significar plazos acelerados para conseguir autorizaciones y a pasar por encima de la legislación en materia de aguas y espacios protegidos", advierten desde la plataforma ecologista, que ve un paralelismo entre las prácticas de la compañía en Ourense y las realizadas en Finlandia este mismo año. 

"No permitiremos que una mina totalmente ilegal utilice la artimaña de los proyectos estratégicos europeos para operar al margen de los deberes que establece la legislación europea y convenios internacionales", declara Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, que junto a Uivo ya han iniciado contactos con eurodiputados de España y Portugal para ponerlos sobre la pista.