Liberdad de cátedra vs. padres que protestan, juicio pionero al conflicto del IES As Lagoas de Ourense

El Tribunal de Instancia de Ourense acogió ayer un juicio que, en apariencia, enfrentaba a dos padres con una profesora de matemáticas. En realidad, lo que el magistrado Leonardo Álvarez deberá valorar es mucho más complejo y ha suscitado la atención de la comunidad docente de todo el país dado que lo que se juzga es algo muy frecuente en los centros escolares, padres que protestan por la forma de enseñar de los docentes.

Los acusados, un matrimonio de policías nacionales cuyos hijos cursaban primero de Bachillerato en el IES As Lagoas, se enfrentan a una petición de 90 días de multa a razón de diez euros diarios y una indemnización de 6.000 euros por supuestas coacciones leves contra la docente. Sin embargo, las declaraciones escuchadas durante la vista dibujan un conflicto de proporciones mucho mayores que el que recoge el escrito de acusación.

La acusación particular —el fiscal solicitó el sobreseimiento de la denuncia— sostiene que la profesora abandonó la docencia aquejada de estrés postraumático a finales de febrero del pasado curso, y atribuye ese deterioro al hostigamiento de los dos procesados. La entonces directora del centro fue la única en avalar esa tesis, asegurando que la madre acusada le llegó a confesar que su intención era que la profesora abandonara el instituto 

Una clase sin preguntas por miedo, dicen los alumnos

Pero los testimonios de la propia tutora del grupo y de otras madres de la plataforma contradicen ese relato. La tutora reconoció ante el juez que más de la mitad de las familias de la clase estaban implicadas en las quejas y que ella misma participó en las concentraciones frente al centro, a las que incluso bajaron varios profesores del instituto. Dos madres más declararon bajo juramento que la acusada no actuó de forma individual, sino que todas las decisiones se tomaron "de común acuerdo" en el seno de la plataforma 'Derecho a Aprender Matemáticas', de la que fue elegida portavoz de manera democrática.

El abogado defensor, Javier González Sánchez, fue contundente: "Lo que se juzga es, en realidad, el estallido de indignación de más de una veintena de familias ante los cuestionables métodos de una docente y la inacción del equipo directivo". La madre procesada relató que el origen de todo estuvo en la desesperación de los alumnos ante las clases de matemáticas, cuyos métodos no entendían y cuyas dudas, según sus testimonios, no podían ni plantear por miedo a las represalias. Los menores confesaron a sus padres que la docente llegó a negarles explicaciones y les espetó que "parecían retrasados".

El punto de ignición llegó el 11 de diciembre de 2024, cuando la profesora incluyó temario no explicado en un examen previsto para el día siguiente. La frustración fue tal que los estudiantes llegaron a plantearse, a través de un grupo de WhatsApp, entregar el examen en blanco.

Esquelas satíricas y concentraciones semanales

Antes de llegar a los tribunales, el conflicto había escalado por una vía pública y muy visible. El 24 de febrero de 2025, el entorno del IES As Lagoas amaneció empapelado con carteles en formato de esquela fúnebre que lamentaban el fallecimiento de "D. Derecho a Aprender Matemáticas". Los panfletos, pegados en árboles, aceras y coches, habían sido precedidos por concentraciones de padres y alumnos cada miércoles a las once de la mañana frente al instituto, con el apoyo incluso de exalumnos que aseguraban haber pasado por la misma experiencia.

Las familias habían acudido antes a las vías oficiales. En diciembre, un primer escrito al equipo directivo obtuvo como respuesta que "todo era correcto". En febrero, un grupo de padres presentó una queja formal ante la Inspección Educativa, denunciando que el centro minimizaba el conflicto y exigiendo la revisión de libretas y calificaciones de alumnos que, con notas sobresalientes en otras materias, suspendían matemáticas sin explicación aparente. Algunos llegaron a necesitar apoyo psicológico.

El sindicato CIG-Ensino tomó partido por la docente, calificando las protestas de "linchamiento público" y criticando especialmente que la madre acusada acudiera a una reunión en el centro con el uniforme policial, algo que consideraron un acto de intimidación inadmisible. El sindicato convocó una concentración de docentes el 12 de marzo frente a la Delegación Territorial de Educación de Ourense en defensa de la profesora.

Baja, sustituto y juicio pendiente

El conflicto entró en una nueva fase cuando la profesora se acogió a una incapacidad temporal a finales de febrero. La llegada de un docente sustituto llevó a la plataforma 'Derecho a Aprender' a desconvocar las concentraciones semanales, aunque advirtiendo que seguirían vigilantes y reclamando que se depuraran responsabilidades.  

Ahora es el juez quien tiene la palabra. La defensa solicitó la libre absolución de los dos acusados, subrayando que los actos de protesta —aunque resultaran hirientes para la profesora— están completamente despenalizados y que en ningún momento existió contacto directo entre los denunciados y la denunciante.  La fiscalía también pide la absolución.  A juicio, el límite entre la libertad de cátedra de los maestros y derecho a la protesta de los tutores de los alumnos menores de edad.