El personal civil del Arsenal de Ferrol vuelve a la calle por una subida para militares que a ellos los deja fuera

El Arsenal Militar de Ferrol volvió a ser este jueves escenario de protesta. El personal civil del Ministerio de Defensa se concentró una vez más ante sus puertas para exigir una mejora salarial permanente que iguale sus condiciones con las del personal uniformado. La movilización, convocada por los sindicatos CIG y USO, es la décima que se celebra en Galicia desde que arrancó esta campaña reivindicativa en la primavera de 2025 y refleja un malestar que lejos de calmarse va en aumento.

El conflicto no es nuevo, pero la brecha que lo alimenta sí se ha agrandado. En 2025, los militares recibieron mediante real decreto un incremento consolidado de 2.800 euros brutos anuales, mientras que al personal civil le correspondió una gratificación de 2.400 euros válida únicamente para ese ejercicio y sin carácter permanente. La diferencia de trato fue el detonante de las primeras protestas y sigue siendo, más de un año después, el nudo central del conflicto.

Carlos García Seoane, delegado de la CIG en el Ministerio de Defensa, lo explica sin rodeos: el problema de la discriminación salarial no se resolvió. "Tuvimos una subida salarial a finales del año pasado y no se consolidó ni se mejoró. Hubo una diferencia de trato con el personal militar", afirmó el sindicalista durante la concentración de este jueves.

UNA NUEVA SUBIDA A LOS MILITARES REABRE LA HERIDA

Si la comparación de 2025 ya resultaba difícil de digerir, el inicio de 2026 ha vuelto a reavivar el conflicto. En marzo, los militares han percibido una subida lineal de 40 euros mensuales, un incremento aprobado mediante el Real Decreto 248/2025 que modifica el reglamento de retribuciones de las Fuerzas Armadas. El personal civil, una vez más, ha quedado al margen de esa mejora.

Pablo Morgade, delegado de USO en el Arsenal ferrolano, señaló esta nueva subida como un ejemplo palmario de la desigualdad que denuncian. Según sus cálculos, extender al personal civil el complemento de 300 euros mensuales que reclaman costaría al Estado 59,33 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, contrasta con las inversiones millonarias que el Gobierno está destinando al sector de la defensa. Morgade fue especialmente crítico con lo que calificó como un orden de prioridades equivocado: primero los desfiles, luego los sueldos de los trabajadores civiles.

La situación afecta en Galicia a centenares de empleados. Solo en la comarca ferrolana, los sindicatos estiman en torno a 500 las personas afectadas, que desempeñan tareas esenciales para el funcionamiento de la Armada: mantenimiento de instalaciones y embarcaciones, logística, enseñanza, desarrollo tecnológico y servicios sanitarios. A ellos se suman trabajadores de la Escuela Naval de Marín y de instalaciones de A Coruña, lo que convierte a Galicia en uno de los territorios con mayor presencia de este colectivo en toda España.

HACIENDA, LA LLAVE QUE NO GIRA

Los representantes sindicales tienen claro cuál es el cuello de botella. García Seoane avanzó que la CIG trasladará la reivindicación a la mesa general de negociación de la Administración General del Estado en abril, después de que una propuesta presentada en febrero ante la mesa delegada de Defensa haya quedado sin respuesta. No es la primera vez que ocurre: desde junio de 2025, los sindicatos señalan directamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública como el organismo que bloquea cualquier avance, ya que cualquier modificación de las relaciones de puestos de trabajo que permita consolidar los incrementos salariales requiere su visto bueno.

García Seoane aprovechó también la concentración para reprochar la postura de otros sindicatos con representación en Defensa. CSIF, CC.OO. y UGT no han respaldado la propuesta planteada, algo que el delegado de la CIG consideró una dejación de responsabilidad. Estos sindicatos no se han pronunciado públicamente sobre la movilización de este jueves. El Ministerio de Defensa tampoco ha emitido ningún comunicado oficial en respuesta a las protestas.

La paradoja que subrayan los sindicatos es difícil de ignorar: en un contexto de incremento histórico del gasto en defensa, con planes que contemplan partidas millonarias para la industria armamentística, la reclamación del personal civil —que los propios trabajadores califican de "ínfima" en términos presupuestarios— sigue sin encontrar respuesta. García Seoane lo resumió con una frase directa: no están pidiendo dinero para la guerra, sino salarios que permitan a sus compañeros hacer frente al coste de la vida generado precisamente por los conflictos que los Estados financian.

Las movilizaciones, advierten CIG y USO, no cesarán mientras el Gobierno no dé una respuesta concreta. La próxima cita ya está en el calendario: la negociación de abril en la mesa estatal será la prueba de si el conflicto tiene solución o si las concentraciones ante el Arsenal de Ferrol seguirán siendo una constante del paisaje laboral gallego.