Montes comunes: una respuesta frente al modelo extractivo del eucalipto

El monte gallego se encuentra en una encrucijada histórica. Durante décadas, el modelo forestal dominante ha apostado por la política del beneficio rápido, la explotación intensiva de madera de baja calidad y la proliferación descontrolada de especies pirófitas como el eucalipto. Un ecosistema artificial que no solo enriquece a unos pocos fuera del territorio, sino que deja tras de sí un rastro de abandono rural, pérdida de recursos hídricos e incendios forestales cada vez más devastadores. Frente a este esquema puramente extractivo, emerge con fuerza una alternativa arraigada en la historia de Galicia, pero con la mirada puesta en el futuro: las comunidades de montes en mano común. Este modelo de propiedad germánica, vecinal y democrática, demuestra que la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad económica a largo plazo son perfectamente compatibles cuando el territorio pertenece y es gestionado por quienes lo habitan.

Entre el abandono rural y la rentabilidad sostenible

La propiedad comunal en Galicia no es un residuo del pasado; es una realidad geográfica y social de primer orden. En Galicia, los montes vecinales en mano común (MVMC) representan aproximadamente el 20% del territorio gallego (unas 650.000 o 670.000 hectáreas). Estos terrenos son gestionados de manera colectiva por más de 2.800 comunidades de montes independientes. La distribución de los montes vecinales cubre la práctica totalidad del mapa gallego, pero tiene un impacto territorial muy desigual: las provincias de Ourense y Lugo albergan las mayores extensiones en hectáreas debido a la gran cantidad de áreas serranas y rurales de interior; por su parte, las provincias de Pontevedra y A Coruña cuentan con un tejido asociativo de comuneros muy denso e industrializado, donde los montes se integran en entornos periurbanos de gran dinamismo económico, como ocurre en las comarcas de Vigo o el Baixo Miño.

Frente al monocultivo maderero tradicional que fía toda su suerte a la tala rasa cada diez o doce años, estas agrupaciones locales optimizan el uso de sus tierras con actividades que van desde la producción de madera hasta el turismo rural, demostrando que la diversificación es la clave de la rentabilidad. 

A través de ambiciosos proyectos —que entre 2024 y 2025 contaron con el impulso de fondos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad— comunidades como la de Leiro, en Rianxo, han puesto en marcha un ecosistema productivo multifuncional. En lugar de laderas uniformes de eucaliptos, la apuesta decidida pasa por la plantación masiva de frondosas autóctonas. Solo en Leiro se ha consolidado una plantación de 3.000 castaños destinados tanto a la producción de madera noble como a la recogida de castaña.

La rentabilidad de estas iniciativas ya no es una hipótesis, es un hecho contrastado que se apoya en diversas líneas de explotación que han evolucionado desde el aprovechamiento tradicional. La producción forestal y maderera sigue siendo el motor económico histórico, generando ingresos directos mediante la tala controlada de especies como el pino, el eucalipto o frondosas. Hoy en día, la gestión de este recurso se tramita digitalmente con herramientas de la Xunta de Galicia como el sistema CORWEB para solicitudes de corta.

Al mismo tiempo, la actividad silvopastoril y la ganadería en libertad emergen como un pilar fundamental. El uso de rebaños controlados de cabras —llegando a contar con un núcleo de hasta 150 cabezas repartidas en comunidades como Leiro y Taragoña— actúa como un equipo de desbroce natural de la biomasa. El ganado limpia el monte y combate activamente especies invasoras como la acacia y la mimosa. Además, para prevenir incendios forestales, muchas comunidades introducen ganado autóctono que limpia el matorral; ejemplos como la CMVMC de Cabeiras (Arbo) emplean razas en peligro de extinción, como las morenas gallegas, para producir carne ecológica de alta calidad.

De forma complementaria, los frutos del bosque y la micología ganan terreno. Se están potenciando las plantaciones de castaños para la venta de castañas y la creación de acotados micológicos vecinales, sumado a la producción de miel mediante la agrupación de apicultores locales. Un ejemplo destacado es la CMVMC de Figueiras (Mondoñedo), que regula activamente la recogida de hongos para evitar la sobreexplotación y generar ingresos sostenibles para el entorno vecinal.

Finalmente, el turismo rural, el patrimonio y el ocio representan una de las mayores vías de retorno social, ya que muchas comunidades reinvierten sus beneficios directamente en la sociedad local a través de la creación de rutas de senderismo, la restauración de patrimonio edificado o la apertura de centros de interpretación y museos vivos para recuperar oficios tradicionales. 

En este ámbito destaca la reconversión de instalaciones llevada a cabo por la CMVMC de Zobra (Lalín), que restauró antiguas viviendas mineras para convertirlas en casas de turismo rural plenamente operativas. Aunque el fin de las ayudas directas europeas ha obligado en Rianxo a sostener la ganadería forestal mediante el voluntariado de las familias comuneras debido a la falta de apoyo continuado de la Consellería de Medio Rural, el impacto preventivo, social y ecológico de esta diversificación es incontestable.

La lucha por la autonomía comunal

La singularidad del monte en mano común radica en su titularidad germánica: una propiedad colectiva, indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable. No pertenece al ayuntamiento ni a la Xunta, sino a los vecinos que integran la comunidad en cada momento, quienes gestionan el territorio mediante asambleas estrictamente democráticas. Para defender este estatus y recibir apoyo técnico, las comunidades de montes locales se organizan en entidades de ámbito provincial o autonómico.

La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) se alza como la principal plataforma de defensa y coordinación de los comuneros a nivel autonómico, agrupando a mancomunidades locales de las cuatro provincias y organizando congresos para frenar la privatización o el abandono de las tierras. En el ámbito técnico, la Asociación Forestal de Galicia (AFG), una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1986, asesora a propietarios forestales y comunidades de montes en tratamientos silvícolas, planes de ordenación y solicitudes de ayudas. A nivel territorial, existen colectivos específicos como la Asociación de Montes Vecinales de Ourense o la Asociación Sectorial Forestal Gallega (Asefoga), que actúan en sus respectivos ámbitos facilitando servicios clave como la comercialización conjunta de los productos extraídos.

Esta sólida estructura asociativa es vista por los colectivos de defensa del monte como un "dique de contención" contra la especulación, pero la legislación que la rige se encuentra bajo una presión constante. Desde la Plataforma pola Defensa do Monte se denuncia una sorda pero persistentemente ofensiva por parte de las autoridades autonómicas para modificar la normativa forestal vigente con el fin de restar competencias a las asambleas vecinales y dotar de un mayor peso ejecutivo a la administración en los montes calificados como "en abandono". Para el tejido comunero, estas maniobras ocultan una estrategia para abrir la puerta a corporaciones energéticas y madereras, facilitando la expropiación o cesión de terrenos sin el consentimiento de los legítimos propietarios.

El aprovechamiento de las cumbres para albergar parques eólicos mediante contratos de arrendamiento es una práctica común en muchos montes, pero los colectivos exigen que los beneficios de las energías renovables y el respaldo legal para actuar directamente como comunidades energéticas locales sirvan para que los vecinos generen y profesen su propia energía limpia, no para ser tutelados. Asimismo, la Plataforma exige a la Consellería de Medio Rural presupuestos reales de ordenación en lugar de políticas de "propaganda", mecanismos ágiles de compensación por los daños del lobo para no ahogar la ganadería, y un plan de infraestructuras para crear centros de transformación de alimentos en el rural —como el de la comunidad de Baroña—, garantizando que el valor añadido quede en el territorio.

De las cenizas de Dodro y Rianxo a un frente común gallego

Para entender la rebeldía y la organización del movimiento actual es necesario remontarse al año 2019. En marzo de ese año, un devastador incendio forestal originado por una negligencia en una torreta eléctrica de la empresa Naturgy arrasó más de 1.400 hectáreas en los municipios de Dodro y Rianxo. 

La catástrofe adquirió tintes dramáticos debido a la falta de eficacia del servicio de extinción de la Xunta de Galicia, que optó por retirar las brigadas durante la noche bajo el falso supuesto de que el fuego estaba controlado. Con las primeras luces del alba y el empuje del viento del nordeste, las llamas se multiplicaron sin control, cerrando núcleos de población y obligando al desalojo urgente de centros educativos.

Aquel desastre dejó a varias comunidades de montes en la ruina económica absoluta, obligadas a invertir ingentes cantidades de recursos propios solo para retirar la madera quemada y frenar la erosión del suelo. La frustración ante la impunidad de las eléctricas y la deficiente gestión administrativa prendió la mecha de la autoorganización. Así nació la Plataforma pola Defensa do Monte, una asociación cívica sin ánimo de lucro diseñada para unir las fuerzas de las distintas comunidades de montes de la comarca, superando los tradicionales e ineficaces límites territoriales de cada parroquia.

La primera gran victoria de la Plataforma fue la redacción comunitaria de las Directrices para la ordenación del espacio forestal. Un documento estratégico firmado por todas las comunidades asociadas que plantea, por primera vez, entender el territorio como una totalidad y no como un puzle fragmentado. Una de sus propuestas más ambiciosas es el diseño de barreras estratégicas contra el fuego utilizando infraestructuras ya existentes: proponen transformar los márgenes de la Autovía del Barbanza mediante la plantación masiva de frondosas autóctonas, creando una franja verde lo suficientemente ancha como para detener de forma natural el avance de los grandes incendios.

Hoy en día, la Plataforma mantiene su lucha en dos frentes: el reivindicativo y el constructivo. Su meta prioritaria es tejer lazos y sumar a la organización tanto a nuevas comunidades de montes como a propietarios privados. Rafa Saco insiste en que el minifundio y el abandono de las fincas particulares son un peligro común, porque "los incendios no entienden de lindes y arden para todos". El objetivo es generar una simbiosis donde el sector privado aproveche las infraestructuras de desbroce gandeiro, los canales de comercialización conjunta y la experiencia de gestión de las grandes plataformas y asociaciones representativas.

La urgencia de una alternativa frente a la crisis climática

El modelo extractivo actual ha convertido el monte gallego en un polvorín. Las advertencias de los expertos y de la propia Plataforma coinciden en un diagnóstico sombrío: el cambio climático está alumbrando incendios de sexta generación, fenómenos cuya virulencia escapa a la capacidad de cualquier servicio de extinción por moderno que sea. Estos fuegos destructivos no son una maldición climática inevitable, sino la consecuencia directa de una ordenación del territorio defectuosa que ha permitido la continuidad paisajística del eucaliptal, una especie altamente pirófita cuyo cultivo intensivo reseca los recursos hídricos y erosiona el suelo hasta extremos alarmantes.

Frente a la lógica del beneficio inmediato y la especulación que promueven las empresas madereras y las industrias de transformación de baja calidad, las comunidades de montes se erigen como auténticas "entidades del futuro". Representan un modelo basado en la gestión democrática, el consenso vecinal, el cuidado del patrimonio heredado de los mayores y el diseño de soluciones a largo plazo para que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo y prosperando en el rural gallego. 

El monte comunal ofrece una batería de servicios ecosistémicos indispensables en el contexto actual: fijación de población, protección de los acuíferos, conservación de la biodiversidad y soberanía alimentaria y energética, abriendo incluso la vía al desarrollo de comunidades energéticas locales vinculadas a los recursos de los propios montes. Es hora de que las administraciones públicas escuchen el sentido común de los comuneros y dejen de financiar falsas soluciones, apoyando un modelo forestal donde el beneficio se quede en la tierra y no se evapore en los despachos de las multinacionales.