Las derechas españolas se tiran al monte

Golpe de Estado ejecutado con alevosía porque en la votación participaron los magistrados directamente afectados por la renovación propuesta al Senado

Estos días se han producido en España hechos políticos de extrema gravedad, aunque de muy diferente intensidad, que ponen de relieve el particular concepto de democracia que tiene la derecha española y que podemos resumir en el siguiente principio: "vota lo que quieras, que aquí somos nosotros los que mandamos".

La más relevante y grave sin duda fue la resolución del Tribunal Constitucional que me lleva a unas primeras reflexiones derivadas de tesis ya presentadas en este medio. Hace unas semanas Brasil fue noticia internacional porque el candidato perdedor de las elecciones democráticas ( Jair Bolsonaro) no reconoció su derrota y convocó a un golpe de Estado que impidiese al candidato ganador (Lula da Silva) tomar posesión de una presidencia que el pueblo brasileño, con sus votos, le había dado. Mucho antes en la democracia más antigua del mundo (Estados Unidos), el candidato perdedor en las elecciones presidenciales (Donald Trump) había tomado la misma decisión y, lejos de reconocer el resultado, animó a sus seguidores a no considerar válido empujándolos a intentar el asalto al Capitolio. 

Este lunes en España seis magistrados del Tribunal Constitucional (. Alcubrillas, Espejel, Arnaldo, Gonzalez Trevijano, Narvarez y Losada), con el apoyo de la derecha española, que, encabezada por  Nuñez Feijóo, parecen querer desempolvar su uniforme franquista, dan un golpe de Estado judicial e impiden que el Senado, que junto con el Congreso representa al pueblo español (C.E. art. 66.1), ejerza las funciones que le corresponden por mandato constitucional (C.E. art. 66.2).

Golpe de Estado ejecutado también con alevosía porque, como ya se sabe, en la votación de suspensión de una resolución que previamente había sido aprobada por el Congreso de los Diputados participaron los magistrados cuyo mandato había expirado hace medio año, y votaron a favor de ella, y quiénes, por tanto, eran los directamente afectados por la renovación propuesta al Senado: en definitiva, el TC impide al Senado ejercer su función, lo que ocurre por primera vez en España  -no sé si en Europa- y que sienta un pésimo precedente al afectar la autonomía y el poder legislativo que representa al pueblo español.

En los dos casos mencionados, afortunadamente, las democracias demostraron que son capaces de resistir el embate de las fuerzas totalitarias, mostrando su solidez y apoyo social. Pero, en nuestro caso particular, y para la memoria del pueblo de España quedará grabada en negro la fecha del 19 de diciembre de 2022 como aquella en la que la derecha española intentó un nuevo golpe de Estado -ahora judicial-. 

Feijóo se pone a la par de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Silvio Berlusconi, Viktor Orbán... y otros líderes totalitarios que buscan impedir el normal funcionamiento de la democracia

Una fecha en la que Alberto Núñez Feijoo también se puso, como estadista, a la par de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Silvio Berlusconi, Viktor Orbán... y otros líderes totalitarios que buscan impedir el normal funcionamiento de la democracia por si acaso no salen favorecidos sus intereses políticos y privados.

Un golpe de Estado de los llamados blandos  que eclipsó otra decisión judicial muy significativa: el mismo día la Audiencia Provincial decidió archivar la investigación sobre la caja b del Partido Popular (PP) "por no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Como telón de fondo, la evidencia política de que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, quiere competir con VOX por el apoyo del electorado de extrema derecha, sin importarle a dónde ésto pueda llevar las reglas del sistema democrático.

Finalmente, y para entender mejor esta resistencia a la renovación tanto del TC como del CGPJ, hay que tener en cuenta que lo que está en juego es el "control" de la Sala Penal, una auténtica pesadilla para el Partido Popular por los innumerables casos de corrupción en la que está involucrado y que afecta a unos 500 de sus miembros entre funcionarios públicos, dirigentes y directivos.