Parar la Justicia para garantizar un trato justo

Los letrados de la Administración de Justicia seguimos atónitos ante tanta insensibilidad por parte de los dirigentes políticos responsables del Ministerio de Justicia, ante su falta de lealtad con este Cuerpo A1, superior jurídico de la Administración de Justicia.

No podemos entender cómo personas con cargos y responsabilidad política pueden cerrar un acuerdo con un Cuerpo y “donde dije digo digo Diego”, no queremos negociar, queremos que cumplan lo que nos ofrecieron en abril del año pasado y que ellos mismos publicaron en una nota de prensa el 04/04/2022.

En este artículo, aunque podría desarrollar todas las funciones y responsabilidades que nos han cargado a la espalda durante la última década y que hemos asumido con lealtad institucional y eficiencia más que acreditada, he leído numerosos artículos de mis compañeros que la explican perfectamente, por lo que quiero centrarme en la pésima frase de uno de los dirigentes políticos, por todos conocido, que se ha dedicado a trasladar a los medios:

-“No somos jueces ni fiscales, ni vamos a serlo”, lo cual es cierto, pero tampoco son lo mismo un juez y un fiscal y los dirigentes políticos, en su día, decidieron equipararles retributivamente, y en ello quiero hacer hincapié.

Una de las razones de la equiparación de ambos Cuerpos, en materia retributiva, se debió a que están equiparados ambos cuerpos en materia de incompatibilidades y prohibiciones. En efecto, establece la LOPJ, de modo vigoroso una serie de prohibiciones e incompatibilidades para ejercer otros cargos o incluso cualquier tipo de actividad mercantil (limitando por ende nuestra capacidad económica).

Cuando el dirigente reseñado, entiendo que secundado por la Sra. Ministra de Justicia, no creo que permita estar en un cargo de libre designación a un “verso libre” dice que no somos jueces y fiscales, reitero, maliciosa y torticeramente no informan a la sociedad que, sin embargo, sí nos consideran iguales que un juez, magistrado o fiscal, en materia de incompatibilidades y prohibiciones, y responsabilidades, pero no retributivamente que ya sería mucha igualdad.

Por ello, tratarnos como distintos para adecuar nuestra nómina a las competencias adquiridas (que eran competencias de la carrera judicial) pero cómo idénticos para no poder desarrollar ninguna actividad laboral ni mercantil salvo las excepciones contadas de la LOPJ, me parece una incoherencia absoluta tanto jurídica como moral, y una falta de lealtad del Ministerio de Justicia con quien ha tenido una posición sumisa desde hace una década esperando esa dignificación que han vetado tanto los que dicen ser nuestros representantes sindicales como el propio gobierno en el Parlamento.

Somos pocos, un Cuerpo pequeño de 4.300 funcionarios aproximadamente, pero nuestras responsabilidad es tal que la capacidad de parálisis es absoluta, y tenemos experiencia en lidiar con conflictos a diario, por lo que, solicito al equipo ministerial competente que reconsidere sus posiciones y nos extienda la mano y caminemos juntos para restaurar los desequilibrios retributivos y poner a la Justicia en España en el lugar que se merece, porque ha contado con nuestra lealtad como Cuerpo, siempre.