Miserias del poder judicial español

En estas últimas semanas han aparecido noticias que nos confirman algo que hemos estado subrayando repetidamente en este medio y que hacen referencia a las actuaciones de magistrados españoles bien situados en las esferas del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales….) contra el legítimo gobierno español de turno (PSOE/Sumar). Miserias de un sector del poder judicial que deterioran la confianza ciudadana en el Estado de derecho: 9 de cada 10 españoles piensan que la justicia no es igual para todos y 8 de cada 10 que tampoco actúa igual delante de una persona rica que de una pobre (CIS).

Estado de opinión al que contribuye la actuación de jueces como, por caso, Ángel Hurtado magistrado del Tribunal Supremo, quién lleva el expediente judicial contra el Fiscal General del Estado y que a pesar de sus afanes “torquemadistas” no es capaz de encontrar pruebas que inculpen al fiscal general de filtrar el correo electrónico que confirmaba la confesión de fraude fiscal de González Amador. La última prueba la facilitó la UCO informando que en los datos suministrados por Google y Meta no hay nada que implique al fiscal general del Estado en filtración alguna. Llegados a este punto, y delante de la actuación de este magistrado del Tribunal Supremo, la pregunta ahora debería ser: ¿quién le pide responsabilidades al señor Hurtado? ¿Quién se excusa delante de García Ortiz y repara el daño creado a la imagen de la Fiscalía General?

Credibilidad que por estas mismas fechas volvió a recibir un nuevo golpe cuando el Tribunal Supremo ha declarado que no hay nada que se pueda hacer para que los ciudadanos españoles conozcamos cómo el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, hizo su fortuna mientras era el jefe del Estado. Así las querellas presentadas por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública, cometidos por aquel, fueron rechazadas por la Sala Segunda del Supremo cuyo ponente del auto era el juez Manuel Marchena, hasta hace poco Presidente de la Sala Penitenciaria del Supremo.

Pasemos ahora al caso de la señora Begoña Gómez a quién el juez instructor, Juan Carlos Peinado, acusa de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Pues bien, después de un año y de cinco investigaciones abiertas no se encontraron indicios que apoyen las acusaciones de que la señora Begoña Gómez había cometido delito alguno. Pero el juez instructor insiste en su investigación prorrogando la causa y tomando declaración a un número cada vez más amplio y variado de testigos (a propósito de esta fiebre de citaciones un amigo me decía que cualquier día este juez lo citaba a él) sin que aparezcan pruebas de delito como así manifiesta la propia UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) que en su informe para el Juzgado descartó irregularidad e indicio de delito.

Finalmente en el caso del ciudadano David Sánchez Pérez-Castejón investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por la concesión de una plaza de director del conservatorio de música de Badajoz debemos hacer algunas consideraciones al respeto. En primer lugar, que la plaza fue concedida en el 2017, hace 8 años -cuando su hermano Pedro Sánchez aún no era Presidente del Gobierno-, una concesión que en su día no fue recurrida sin que tampoco durante todo este tiempo hubiera habido objeciones al desarrollo de dicho cargo. Por otra parte, con las pruebas que presenta la titular del Juzgado, y como demuestra de forma contundente el emérito magistrado Martín Pallín, las acusaciones de tráfico de influencias y prevaricación no se sostienen por lo que solo cabe “una sentencia absolutoria que restablezca la confianza en el Estado de derecho” (https://www.publico.es/opinion/jueza-badajoz-de la-del-cierre.html)

Tomando como referencia estos tres casos paradigmáticos, ¿qué cabe pensar de unos magistrados que actúan de esta forma y al mismo tiempo mantienen suspendidos y a la espera de que prescriban numerosos expedientes por corrupción (en este año hay un mínimo de 30 causas judiciales abiertas) que afectan al Partido Popular (PP), tanto a directivos y dirigentes relevantes del mismo (más de 900) como al propio partido (la trama Gürtel)? Magistrados que si durante años llevaron adelante una campaña judicial y periodística de acoso y derribo a PODEMOS ahora han puesto en el foco sobre Pedro Sánchez y a sus entornos político y familiar. Magistrados que si analizamos los expedientes vemos cómo para la puesta en marcha y desarrollo de los mismos cuentan con el apoyo logístico de la extrema derecha: Vox y sus círculos de influencia (Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España…) que son quienes presentan las denuncias y conforman las acusaciones que estos jueces admiten inmediatamente.

Magistrados cuya vinculación con las derechas extremas (PP/Vox) resulta imposible de ocultar como, de nuevo, podemos comprobar ahora con las maniobras de aquellas para impedir que en el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) entren magistrados progresistas que puedan, por caso, convertir al Tribunal Supremo en lo que realmente tiene que ser: un órgano integrante del poder judicial independiente (Art. 117 Constitución Española) y cuya misión es garantizar la aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio nacional y asegurar que los órganos judiciales de todo el país aplican los mismos criterios interpretativos de estas (Ley Orgánica del Poder Judicial)