¿Un intento de golpe de Estado judicial?

El frente judicial conservador  ha decidido jugar sus cartas al máximo, incluso si es a través de un golpe de Estado para derrocar a este gobierno 'ilegítimo'

Sabíamos que este momento podía llegar y, de hecho, veníamos advirtiendo de que existían fuerzas oscuras que conspiraban contra la democracia en España y que, con este objetivo, desde sectores minoritarios pero muy poderosos, se estaba preparando un golpe de Estado judicial contra el gobierno de turno (PSOE/Sumar).

Acabamos de saber que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, acaba de dictar un auto de procesamiento abreviado contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Fiscal Provincial, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido al filtrar el correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador, socio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 
 

Un procedimiento que, por todo lo que ya sabemos, carece de fundamento legal y argumentos sólidos. Que todo es un montaje judicial, basado en especulaciones e indicios, para continuar la campaña de acoso y derrocamiento del actual gobierno español, que ahora se centra en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por si hubiera alguna duda sobre las verdaderas intenciones de esta orden, el magistrado acusa directamente a la Presidencia del Gobierno (Pedro Sánchez) de unas supuestas instrucciones para filtrar a la prensa el correo electrónico en el que el Sr. González Amador, el novio de Ayuso, se declara responsable de dos delitos fiscales. 

¿Está claro hacia dónde se dirigen los disparos? ¿Qué está sucediendo realmente? 

Muy sencillo, la extrema derecha, mediante vías políticas y democráticas, como una moción de censura parlamentaria, no es capaz de derrocar al gobierno progresista porque la continua torpeza de  Núñez Feijóo y su tropa (PP) está eliminando la posibilidad de un acuerdo con los partidos nacionalistas de centroderecha (PNV, JxCat) necesario para esa mayoría. 
 

La vía de la calle tampoco funciona, ya que la manifestación convocada este domingo 8 de junio contra el actual gobierno (entre 50.000 y 100.000 asistentes, una cifra irrisoria para tal esfuerzo) fue un rotundo fracaso. La Ley de Amnistía acaba de ser informada favorablemente por el Tribunal Constitucional, dando así la razón al gobierno y echando por tierra el objetivo de la extrema derecha (PP/Vox) de declararla inconstitucional, lo que sería un golpe mortal para el actual gobierno (PSOE/Sumar). La economía española presenta los mejores resultados de la Unión Europea, con cifras de empleo espectaculares, lo que sigue siendo un éxito para este gobierno. Datos objetivos que apuntan a que este gobierno, a pesar de los continuos titubeos, terminará la legislatura (2027) y a que la alternativa de Núñez Feijóo, a pesar de las encuestas, no es fiable, sino de muy dudoso éxito, y prueba de ello es la pésima opinión ciudadana del candidato. 
 

También se observa que  Isabel Díez Ayuso, alternativa a Núñez Feijóo para un sector de la extrema derecha, se enfrenta a un creciente número de desafíos legales y políticos, desde el hecho indiscutible de que su novio cometió delitos de fraude fiscal, falsificación de documento mercantil, corrupción empresarial y administración desleal, por los cuales tendría que ir a la cárcel, con lo que esto supone para su imagen política.
 

¿Alguien piensa que la sra. Ayuso desconocía el desfalco de su novio? ¿Que, por ejemplo, desconocía con qué dinero se pagó el ático? El asunto de las residencias y los protocolos de la vergüenza (7.291 ancianos fallecidos) que ponen de manifiesto la responsabilidad del Gobierno de Madrid en estas muertes y, por ende, de su presidenta. 
 

Ante todas estas evidencias, el frente judicial conservador, por lo que estamos viendo, ha decidido jugar sus cartas al máximo, incluso si es a través de un golpe de Estado para derrocar a este gobierno "ilegítimo". Para mayor certeza sobre las verdaderas intenciones de este frente judicial, basta con revisar el expediente del magistrado Ángel Hurtado, figura de imparcialidad, como afirma un periodista madrileño. Un magistrado del Tribunal Supremo que en su día «archivaba la causa del asesinato de José Cousa en televisión, que intentó impedir que Mariano Rajoy declarara en el caso de corrupción Gürtel, que se opuso a la condena del PP por el mismo, que defiende que los magistrados encubran legalmente a los partidos con los que se sienten más afines...» (¿en qué partido está pensando el señor Hurtado?). Pruebas que podrían añadirse a las de los innumerables casos de corrupción que afectan al Partido Popular y que duermen en despachos a la espera de ser archivados debido a la prescripción. 

Todas ellas evidencias que nos llevan a pensar que en España hay quien (políticos, periodistas, magistrados, grandes empresarios y banqueros) está tramando un golpe de Estado judicial contra un gobierno legítimo (PSOE/Sumar).