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El juez Llarena tiene un plan para traer a Puigdemont a España antes del próximo verano
El futuro del ex presidente de Cataluña es clave para saber si Junts, que ya ha pedido una anmistía, facultará un gobierno del PSOE en Moncloa. El Supremo ha explicado hoy su estrategia para lograr que Bélgica lo entregue antes de las elecciones europeas de 2024. Esto abriría las puertas a una condena y, eventualmente, a que el Gobierno le concediese un indulto, como sucedió como otros dirigentes encarcelados por el 'process'.
El juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, no resolverá sobre las euroórdenes contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.
En una providencia de este mismo jueves, recogida por Europa Press, el magistrado da respuesta a la petición de la Fiscalía, que solicitó que reactivase las euroórdenes después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados.
El juez recuerda que el fallo que desestimó los recursos de los procesados contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio contra ambos pedido por el magistrado es susceptible de ser recurrido en casación ante el TJUE hasta el 15 de septiembre de este mismo año, pudiéndose, en tal caso, reiterar ante el propio TJUE la petición de que se restablezca cautelar y provisionalmente la inmunidad parlamentaria.
En ese sentido, el instructor explica que cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento, quedaría inmediatamente paralizada --antes de alcanzar su objeto-- si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso. Eso, añade, obligaría a interrumpir su tramitación internacional y haría intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento.
LAS ELECCIONES EUROPEAS
Por otro lado, señala el juez, si no se recurriera la decisión adoptada por el TGUE o, en la eventualidad de recurso, si el TJUE decidiera rechazar la medida cautelar que se solicite con la impugnación de la sentencia, podrá adoptarse la decisión que piden las acusaciones con una antelación suficientemente operativa, visto que el plazo máximo para resolver cualquier reclamación de entrega es el de tres meses.
Consecuentemente, razona Llarena, no existiría ninguna dificultad para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento ... seguir leyendo en Catalunyapress.
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